El concepto de "democracias atravesadas por el crimen" puede sonar duro y hasta extremista para muchos, pero los datos reflejan que Latinoamérica y el Caribe sufren el impacto de organizaciones delictivas enquistadas en sus instituciones, a la vez que muestran escasa reacción frente al avance de ese fenómeno.
El último ranking global de Transparencia Internacional (TI) refleja que la corrupción se mantiene estancada en América Latina. Para Alejandro Salas, director regional para las Américas de TI, el hecho de que los niveles de corrupción no hayan empeorado es un "consuelo barato". Desde su perspectiva, "en una región con años de democracia, apertura y estabilidad económica podría esperarse más". En promedio, los latinoamericanos se ubican en la mitad de la lista, que califica con una escala que va del cero (percepción elevada de los niveles de corrupción) al 100, que representa la transparencia.
Venezuela es el peor ubicado, con 19 puntos (puesto 161 entre 175 naciones analizadas). Asimismo, Paraguay (150), Nicaragua (133) y Honduras (126) aparecen entre las naciones más corruptas. En ellas, "las instituciones son más débiles y hay un dominio del poder político", dice el experto.
A su vez, los dos países con economías más importantes de la región, Brasil y México, registraron "escándalos brutales’’ de corrupción, señala Salas. Se relacionan con la estatal Petrobras (podría costar a la economía brasileña US$27.000M solo en 2015, según un estudio de la Fundación Getulio Vargas) y el asesinato de 43 estudiantes mexicanos en Iguala, Guerrero, en manos de una organización narco-gubernamental que dominaba en el estado. Según el ranking de TI, Brasil se ubica en la posición 69 y México, 106.
El último informe de Latinobarómetro sobre la imagen de los países y las democracias revela un concepto sorprendente. En la región, la democracia está ligada "a los vaivenes de la economía, al desempeño de los gobiernos, a los avances en la lucha contra la desigualdad, mucho más que al Estado de derecho, a la separación de poderes o al funcionamiento de las instituciones". Uruguay ocupa el primer lugar con 7,6 puntos; Venezuela está segunda con 7 puntos y Nicaragua tercera con 6,4 puntos. Con la evaluación más baja aparece Guatemala (5,4 puntos).
El escritor y analista internacional Carlos Montaner no duda de que en la región "existe una institucionalidad en riesgo por las actividades de organizaciones criminales", y se apoya al decirlo en los datos del International Crime Index, donde Venezuela vuelve a emerger como el peor país de América Latina (de acuerdo con el índice, es la segunda sociedad del planeta donde más delitos graves se cometen, detrás de Sudán del Sur). "Y eso que no incluyen los que perpetran los gobernantes", enfatiza Montaner.
El experto apunta también la situación que se vive en Centroamérica: "Todo el Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- está muy mal", sostiene.Al evaluar el área, identifica como uno de los mayores "talones de Aquiles" el desempeño de la justicia. "Los datos son significativos porque el primer rasgo de gobernabilidad de una sociedad es el funcionamiento de su Poder Judicial, lo que incluye calidad de las leyes, eficiencia y probidad de las fuerzas del orden y el sistema de impartir justicia", todo lo cual parece estar en crisis en esta zona del Istmo (cerró 2013 con casi 15.000 asesinatos, lo que representa una tasa conjunta de 49,5 homicidios por cada 100.000 habitantes).
México, Guatemala, El Salvador y Honduras son las naciones más complicadas, según el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Según su análisis, en estos cuatro países se unen diferentes elementos explosivos: por un lado, la debilidad institucional ("patente en los centroamericanos y que en México el crimen organizado trata de acentuar, atacando al Estado para minarlo"); por otro, "una corrupción galopante, que envuelve a magistrados, fiscales, policías y funcionarios públicos, sobre todo cuando el narcodinero tiene un peso tan excesivo y desproporcionado", afirma, y aporta un factor más, tan determinante como los anteriores: "La hidra de múltiples cabezas de los carteles del narcotráfico, que apenas les cortan una, retoñan cien, que actúan más allá de cualquier norma moral para asesinar masivamente, incinerar, desmembrar, decapitar, con mucho que enseñar al Califato islámico en cuanto a métodos".
Un factor adicional agravante es la multifuncionalidad de los carteles que actúan sobre varios frentes de "negocios": tráfico de estupefacientes, extorsión, sicariato, secuestros, trata de personas, minería ilegal.
El panorma es cada vez más complejo. "Se llegó al límite inimaginable de secuestros por dinero entre los pobres y emigrantes que buscan la frontera con Estados Unidos. Ante esto, la democracia está a la defensiva, asediada y, no pocas veces, inerme", define Ramírez.
INFORME DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Estado cómplice
Edgardo Buscaglia, analista de los fenómenos relacionados con el crimen organizado, advierte sobre el desplazamiento de los grupos mafiosos. "El avance se da porque muchos países continúan con la inercia de no combatir la corrupción; estas bandas siguen la lógica de las empresas, actúan donde tienen menos costos", explica. En México la corrupción política es "el padre y la madre de la expansión de la violencia organizada; le da un incentivo a grupos criminales de origen mexicano y de otros lugares (centroamericanos, peruanos, e incluso europeos) para ubicarse en México con impunidad e intentar capturar pedazos del Estado a fin de aumentar sus negocios y expandirse regionalmente", argumenta Buscaglia.
Las multitudinarias manifestaciones en Brasil contra la corrupción, los reclamos de la sociedad argentina por la polémica muerte (todavía no resuelta) el fiscal Alberto Nisman, las marchas y la represión a los opositores en Venezuela son, para la politóloga guatemalteca Gloria álvarez, "síntomas de cuando el populismo empieza a verse preso de la caída de ingresos, esa falta pone en aprietos a sistemas que son controladores de la economía y empiezan a presionar políticamente", explica. álvarez señala con precupación el hecho de que en Guatemala se gaste en campañas políticas US$ 100 millones cuando "hay altos niveles de desnutrición"; pero, en especial, porque está convencida de que la falta de transparencia en el manejo de los fondos electorales permite "filtraciones que terminan generando protección a los narcos". El proceso termina por "desbaratar a la justicia, impulsar altos índices de impunidad y generar instituciones débiles", enfatiza. Y agrega: "El dinero de la guerra contra el narcotráfico se pierde, es una lucha que no se puede ganar; hay que usarlo para fortalecer a la justicia, mejorar las cárceles y entrenar policías".
álvarez plantea con contundencia que en la región hay un "abandono" del Poder Judicial: "La tradición hiperpresidencialista va en desmedro del rol del Congreso y de los jueces, que quedan en un segundo plano. No hay real división de poderes", advierte.
El proceso de lucha contra las mafias realizado en Italia y conocido como "Mani Pulite" (Manos Limpias) es mencionado como una experiencia posible de imitar. Fue liderado por el fiscal Antonio Di Pietro en 1992, cuando descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a los principales políticos del país y a diversos grupos empresariales e industriales.
LA CORRUPCIóN, ANáLISIS - FUENTE: OPPENHEIMER PRESENTA
Pietro Grasso, actual presidente del Senado ita-liano y a cargo de la Fiscalía de Palermo entre 2000 y 2004 (entonces detuvo a 1.779 delincuentes vinculados a actividades mafiosas) señala que "es la política la que tiene la tarea de erradicar la mafia". Explica que "la corrupción es un método de poder, cuyas organizaciones buscan generar mucho dinero en el más corto plazo". A su entender, es clave cortar el influjo de esa maquinaria criminal porque se está registrando un crecimiento global de los "Estados-mafia", cuyas democracias están minadas por los delitos. "Las mafias pueden controlar territorios e intervenir económicamente, influyen en la geopolítica. Hay muchas vinculaciones con los intereses políticos, económicos y empresariales. Sus delitos los pagan todos, principalmente los más humildes", afirma Grasso.
Al borde del 'orden narco'
En el caso de las bandas narco su expansión -en general- tiene que ver con que ocupan espacios que otras instituciones dejan vacíos en las comunidades más postergadas, además de que la venta al menudeo de las drogas es vista por algunos sectores como una forma rápida (aunque riesgosa) de movilidad social.
Después viene el paso crítico del fenómeno de expansión: las organizaciones que comandan el tráfico se adueñan del territorio y se terminan presentando ante las comunidades que permean como "preocupados" por el bienestar de los vecinos (por su seguridad, primero, luego por su infraestructura básica, y hasta por su salud y educación, al final). Cuando el "protectorado narco" se completa, el Estado queda afuera, se vuelve "Estado fallido".
La situación se combate haciendo que el Estado exista, volviéndolo visible. Sergio Ramírez subraya que el Estado solo es real cuando tiene el "control de un territorio". De lo contrario, el proceso es de descomposición total: "Es sustituido por las pandillas juveniles criminales en los barrios, como ocurre en San Salvador o San Pedro Sula; en los municipios, por los narcos; en las áreas rurales, por jefes militares abusivos en convivencia con jefes narcos, que actúan aparentemente en nombre del Estado pero al margen de él, imponiendo su propia ley". De este modo, según Ramírez, lo que se genera "es una anarquía concertada, que aparenta orden, un orden impuesto por el terror. En esas condiciones, el Estado solo queda en el papel. Si los narcos establecen escuelas o sistemas de agua potable, es porque el Estado ha fallado en su papel de hacer eso mismo".
Las sociedades que revirtieron el avance de la corrupción, las mafias y la ilegalidad lo hicieron recuperando la institucionalidad. Por ejemplo, para Ramírez, las regulaciones de los aportes económicos a las campañas "pueden ser perfectas, pero lo probable es que no se cumplan, sobre todo si esas mafias son parte del poder político. Los individuos siguen derrotando a las instituciones. Solo cuando las instituciones sean más fuertes que los individuos, cambiaremos", afirma.
Para Montaner, el camino a seguir pasa por "dictar buenas leyes, tener policías bien adiestrados, equipados y honrados, contar con códigos penales adecuados, poseer jueces bien formados y con procesos de reinserción social probados.
POPULISMO Y NARCOTRáFICO - FUENTE: POLITóLOGA GLORIA áLVAREZ (INFOBAE)
En el caso particular de los narcos, Buscaglia señala que la clave es prevenir. "No es cuestión de tener más policías y ejércitos, más gorras de la DEA; es cuestión de aumentar el costo país para que los grupos criminales operen", dice. "Las organizaciones criminales se mueven hacia el Istmo porque encuentran un paraíso, porque los países no cooperan adecuadamente en materia judicial. Estados Unidos puede ayudar con asistencia técnica, pero hace falta la decisión política para establecer una fiscalía regional como la que funciona en Europa", agrega.
Desde su experiencia, el colombiano Antonio José Navarro Wolff (negociaciador de paz con el M-19) plantea la necesidad de reformas judiciales que permitan hacer frente al narcotráfico con herramientas fuertes. En el caso de Colombia se requirió de reformas constitucionales. En 1990, el entonces presidente César Gaviria llamó a una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema aceptó pero fijó que el temario fuera libre. "Ahí empezaron los cambios", asegura Navarro Wolff.
A criterio de Ramírez, si la clase política no se concentra en el largo plazo, las transformaciones son difíciles. Esa mirada no debe abarcar solo lo económico, sino también la seguridad pública entendida como vínculos activos con la comunidad.
"Los narcos no son marcianos, nacen y crecen en las comunidades pobres, tienen vínculos afectivos con los suyos. El Estado debe vincularse socialmente con esas comunidades; las fuerzas especiales enmascaradas con pasamontañas seguirán fracasando en la prevención y el control del delito si no es así", alerta Ramírez. También reclama la legalización del consumo de las drogas. Entiende que un día EE.UU. lo hará (como viene sucediendo con la marihuana) y para la región será tarde porque tendrá su tejido social "carcomido".
