La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a las autoridades de Honduras a garantizar el 'acceso efectivo a la justicia, establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad'.
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Cáceres -defensora de derechos humanos de la etnia lenca- fue asesinada el 2 de marzo de 2016, pese a que gozaba de medidas cautelares de la CIDH desde 2009 para protegerla de las constantes amenazas que recibía. Desde su crimen, la CIDH y la ONU han dado 'un seguimiento cercano a la investigación y al desarrollo del juicio, y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial', señalaron en un comunicado conjunto.
La CIDH y la OACNUDH indicaron que familiares, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -del que Cáceres fue coordinadora general- y otras organizaciones han denunciado en las diferentes etapas del juicio 'diversos obstáculos' tales como 'la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas'.
Los dos organismos destacaron que la pandemia agravó los 'problemas preexistentes del sistema de justicia' del país centroamericano. 'La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso', añaden. Por ello, el poder Judicial de Honduras no permitió a la OACNUDH y a otras organizaciones nacionales e internacionales 'la observación presencial de las audiencias del juicio oral' contra Roberto David Castillo, un militar hondureño y expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista.
Sin embargo, ambas entidades reconocen 'los esfuerzos' del Ministerio Público y solicitan a las autoridades de Honduras continuar las 'investigaciones exhaustivas' para procesar a todas las personas responsables del crimen, 'garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto'.
La CIDH y la OACNUDH subrayaron que 'la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensores de derechos humanos en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales'.
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