Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), un funcionario reconocido por su combate a la corrupción en la nación centroamericana y que había sido elogiado dentro y fuera del país, fue removido del cargo hace unos días, lo cual desató críticas y que el gobierno de Estados Unidos suspendiera la cooperación con el Ministerio Público.
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Al canto del himno nacional, unas 10 mil personas bloquearon desde las seis de la mañana una de las principales carreteras del país en Cuatro Caminos, al occidente de Guatemala, que conecta varios departamentos.
Martín Toc, el líder de los 48 cantones, la organización indígena más organizada y grande del país, dijo a los miembros de la organización “¿Qué es lo que pide el pueblo?' a lo que protestantes respondieron “Que renuncien”. 'Escuchen la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios”, dijo Toc. “Se les ha olvidado su promesas. Por eso hoy pueblo de Totonicapán, pueblo de Guatemala, hemos logrado algo histórico”, dijo sobre los bloqueos y protestas.
Mario Menchú, presidente de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán, dijo a manifestantes: “Queremos la renuncia de Consuelo Porras de su cargo. Lo exigimos en el nombre de todo el pueblo”. También explicó que no se han cumplido las promesas de gobierno de Giammattei, en referencia a mejoras estructurales en el país.
Las protestas se han extendido en casi todos los 22 departamentos.
Laura Aguiar, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio de León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dijo que son los pueblos los únicos que evidencian y señalan la corrupción en el país. “Somos el cambio... Exigimos la renuncia de Consuelo Porras y el presidente Giammattei”, dijo Aguiar.
Cámara empresariales rechazaron los bloqueos y dijeron que son ilegales.
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Sobre las protestas que se han concentrado en la sede central del Ministerio Público, la Dirección de Comunicación de la Fiscalía dijo que el organismo “respeta el derecho de manifestación y el derecho de libertad de expresión, base fundamental de un Estado de Derecho y la democracia”.
Organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, de profesionales, pequeños comercios, mercados y otros anunciaron que se unían a un paro nacional contra Porras y Giammattei. Varios grupos de migrantes en Estados Unidos también han dicho que realizaran protestas frente a las sedes de la diplomacia guatemalteca en respaldo de las acciones en Guatemala.
En Quiché autoridades indígenas recorrieron el miércoles calles para informarles a bancos, mercados y transportes que el jueves cerrarían las calles y comercios para unirse al paro nacional.
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que suspendía temporalmente la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala y que había perdido la confianza en Porras por destituir a Sandoval, a quién a principio de año el Departamento de Estado estadounidense premió por su lucha anticorrupción. Tras el despido, Porras asignó a Carla Valenzuela, una fiscal de su confianza para dirigir la FECI. Sandoval lideró un equipo de fiscales que durante varios años logró la desarticulación de más de 60 estructuras de corrupción y crimen organizado.
La FECI trabajó al lado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) un órgano financiado por Naciones Unidas para desbaratar estructuras que cooptan al Estado, logrando incluso la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti, y su gabinete, quienes se encuentran en prisión acusados de corrupción.
La CICIG llegó a su fin en 2019, tras 12 años de gestión, luego de que el gobierno guatemalteco no quisiera renovar su estancia en el país tras investigaciones por denuncias de corrupción del entonces presidente Jimmy Morales, quién también mantuvo diferencias con el jefe de la comisión, Iván Velásquez.
Sandoval le dijo a periodistas que cuando empezó a profundizar en denuncias que señalaban al presidente Giammattei de presuntos actos de corrupción, así como miembros de su gabinete, empezaron a intensificarse los bloqueos por parte de Porras a las investigaciones. Giammattei ha dicho públicamente que es amigo de la jefa del Ministerio Público. Porras negó los hechos y en principio dijo que destituía a Sandoval por vejámenes y faltas de respeto, sin presentar evidencias ni a qué exactamente se refería. Días después dijo que Sandoval realizaba una justicia selectiva e ideologizada.
Otro de los reclamos de la población es la falta de vacunación, pero sobre todo el negocio para la compra de vacunas contra COVID-19 Sputnik V por parte del gobierno, que le pagó a un fondo ruso casi US$80 millones en abril pasado, aunque sólo llegaron poco menos de 1 millón de dosis. El país tiene registros de 10.224 muertos por la pandemia.
