Guatemala: dinero y política, una relación compleja

El titular de la CICIG, comisionado Iván Velásquez Gómez, dio a conocer el 16 de julio un revelador informe, cuyos aspectos centrales reproducimos a continuación:

El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente: este último responde, en buena medida, a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente lícito. Y desdela política se ha construido un entramado de instituciones, empresas constructoras, ONGs, fundaciones y otro tipo de entidades que canalizan recursos hacia las campañas electorales y los políticos.

(...) Las redes políticas que se construyen entorno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional y son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política.

Estas estructuras, lideradas por lo quela prensa ha denominado como «señores feudales» o «caciques», constituyen redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional.

Estas estructuras son microsistemas sociales conformados por individuos y agrupamientos de individuos en un contexto socio histórico e institucional determinado que tolera de forma consciente un modo específico de distribución de cuota de poder (político y económico) e influencia(política y económica), al mismo tiempo que compite por el sostenimiento de ventajas comparativas y/o competitivas frente al Estado y el mercado.

Dependiendo de la situación y la coyuntura, estas estructuras pueden desarrollar multiplicidad de objetivos, pero sus misiones y funciones parecen converger en torno a la obtención y usufructo para su propio provecho de:
a) poder indebido -sobre el aparato del Estado y en algunos sectores del mercado-
b) influencia indebida sobre variados procesos sociales (ambientales, políticos, económicos, culturales); y
c) bienestar indebido, producto de la disponibilidad de recursos monetarios y no monetarios, tangibles e intangibles, acumulados como resultado de sus actividades lícitas e ilícitas.

Las RPEI han terminado construyendo estructuras complejas en torno a algunos diputados distritales, los cuales disponen así de una base política y financiera en torno a su persona.

A partir de ese mecanismo, este diputado puede pasar, según su conveniencia, de un partido a otro, utilizando los recursos públicos para financiar la estructura y enriquecerse.

Estas estructuras establecen vínculos horizontales con grupos similares, creando una suerte de coaliciones que se expresan en el Congreso de la República y, en períodos electorales, alrededor de candidatos(as) presidenciales.
(...) Este entramado da como resultado, desdela perspectiva de los ciudadanos, una vinculación perversa con el sistema político.

A cambio de su participación como parte de estas redes y su compromiso con el voto reciben beneficios, sin embargo, estos no son concebidos como derechos, sino como parte de un intercambio asimétrico.

Los líderes de estas estructuras se benefician tanto por la vía del enriquecimiento ilícito a través de la obra pública, como por la conservación y ampliación de una base electoral y la negociación de otras prebendas con diversas estructuras similares.