Un nuevo frente se abrió en los últimos días contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Cicig, los acusan de crear y liderar una organización criminal en la estatal Empresa Portuaria Quetzal, que negoció la entrega de un contrato irregular a la Empresa Terminal de Contenedores Quetzal S.A. (TCQ), subsidiaria de la Empresa de Contenedores de Barcelona, Group TCB, a cambio de un millonario soborno.
A la denuncia divulgada el viernes 15 de abril por el MP y Cicig, tras un operativo que llevo a la captura de nueve de los involucrados en la red criminal -exfuncionarios de la portuaria, ejecutivos de la empresa española e intermediarios que apoyaron en lavado de dinero- se sumó la filtración esta semana de audios en donde Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Baldetti y el último intermediario entre el entonces presidente, la vicepresidenta y TCQ, describe en una declaración bajo reserva una escandalosa danza de millones de dólares de sobornos negociados y recibidos por los exgobernantes.
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal, firmaron un contrato por 25 años prorrogables, por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, ubicada en el pacífico guatemalteco. La nueva operación, cuyos trabajos fueron inaugurados en agosto de 2014 por el presidente Pérez Molina, prometía mejorar la eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Pero detrás del contrato, había un mar de corrupción, aseguran los entes investigadores. En un testimonio presentado bajo reserva el 12 de abril ante el juez Miguel ángel Gálvez, Monzón reveló una trama de oscuras negociaciones a través de las cuales la empresa entregó millones de dólares a los gobernantes, intermediarios y el equipo de exfuncionarios que operó desde el gobierno el otorgamiento del usufructo y se encargó de quitar todos los escollos para que el contrato llegara a buen puerto, incluso sobornando a funcionarios judiciales y sindicalistas.
En este contrato Pérez Molina "utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación. Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación", denunciaron el comisionado de Cicig y la fiscal Aldana. Pero además, "requirió de personas bajo su dependencia la emisión de conceptos, resoluciones y permisos para viabilizar y facilitar la ejecución del contrato".
Resultado de esta nueva indagatoria, Pérez Molina y Roxana Baldetti comparecieron el pasado miércoles 20 de abril, junto a los nueve capturados por este caso, ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, para ser informados del nuevo proceso penal que deben enfrentar, en el cual son sindicados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. Sus abogados pidieron tiempo para estudiar las investigaciones preliminares y la audiencia se aplazó para el lunes 25 de abril.
El contrato oculto
Detrás del decidido apoyo de Pérez Molina, Baldetti y sus operadores para favorecer a la subsidiaria de la empresa española, estaba un "contrato paralelo", mediante el cual la compañía prometió pagar US$30 millones, de los cuales, US$24,5 millones serían para el 'socio local' (Pérez, Baldetti y los miembros de la trama); US$5 millones para argentinos que habían apoyado a la empresa en la negociación del contrato, y $0.5 millones para otros gastos.
Originalmente, TCQ había ofrecido a sus "socios locales" pagar una parte de la comisión en dinero y otra a través de un paquete accionario de TCQ, S.A. Pero siguiendo instrucciones de Pérez y Baldetti, Monzón exigió que el pago les fuera cancelado en efectivo, y antes de la conclusión de su mandato, a más tardar, en octubre de 2015.
Se acordó entonces que TCQ entregaría en el segundo semestre de 2013 un primer desembolso por US$10 millones; un segundo pago de US$2 millones en los primeros meses de 2014; y los restantes US$12,5 millones en dos pagos entre abril y octubre de 2015. De acuerdo a las investigaciones, dijo el comisionado Velásquez, la empresa pagó, a través del argentino, Mauricio Garín, las dos primeras entregas. Se investiga si se entregó un tercer pago, que sería dado en abril, cuando Juan Carlos Monzón ya era prófugo y había estallado el escándalo de "La Línea" que llevó a prisión a Perez y Baldetti, aunque Cicig y el MP recabaron indicios de que aún estando en prisión, los exgobernantes pretendieron a través de otros intermediarios cobrar lo pendiente a la empresa.
Un 60% de las "comisiones" entregadas, se repartieron a partes iguales entre el entonces presidente y la vicepresidenta, (US$4.2 millones cada uno). El restante 40% fue para sus operadores Juan Carlos Monzón, Allan Herbert Marroquín, Julio Rolando Sandoval y William Schwank.
La investigación revela cómo, a cambio de dichas comisiones, la estructura criminal jugó en contra de los intereses del estado. El alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, reclamó a TCQ el pago de una licencia de construcción en la municipalidad por US$3 millones, y presentó un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Escuintla, en donde se ubica la Portuaria. TCQ interpuso un amparo y Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos (actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia), y con su asistente Mario Ruano San José, con quienes cabildeó una resolución favorable en el juzgado. El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos. Ruano San José ya está preso.
DINERO LAVADO, Y MILLONES EN UN WALK -IN CLOSET DE CASA PRESIDENCIAL
En la parte final de esta historia, aparece un protagonista clave: Jhonatan Harry Chévez, un oscuro financiero conocido de Monzón, dueño de empresas de transporte de valores y de cambio de divisas. "Chevez era un amigo que conocía de las motos (afición de Monzón). Me presentó una cartera de servicios financieros, trasferencias, cambio de dinero en efectivo a cheque, cambio de dólares en efectivo a cheques, transferencias internacionales, compra de bienes inmuebles, off shore, transporte de valores, cajillas de seguridad, en fin, hasta lingotes de oro y todo legalmente, porque me decía que estaba avalado por la Superintendencia de Bancos", dice Monzón en los audios filtrados de su comparecencia, cuya reserva fue levantada por el juez Gálvez.
Monzón narra que contó a Chévez la historia del proceso del usufructo "y me dijo que no me preocupara, que él me lo arreglaba. Como el primer pago sería de unos US$10 millones adelantados a los socios locales, me dijo: si me das US$10 millones te armo un banco de segundo piso en Australia, con ese banco te puedo dar cheques, tarjetas de créditos, cuentas de un lado a otro, no tengas pena, no va a haber seguimiento, cobro el 15%".
De acuerdo a la investigación, la propuesta de Chévez, a quien Pérez y Baldetti conocieron como "El mago", fue aceptada por los exgobernantes. El dinero entregado por TCQ producto del soborno fue depositada en las empresas de Jonathan Chévez, quien realizó "múltiples operaciones financieras en diversos países y finalmente retorna el dinero a Guatemala", dijo el comisionado Velásquez. Luego "El Mago" habría blanqueado una parte del dinero, adquiriendo en efectivo o mediante cheques de caja bienes por encargo del entonces presidente y la vicepresidenta.
En un allanamiento, los investigadores encontraron registros de Chévez, detallando como lavó ese dinero. Para su cliente "OPM", compró dos lanchas en la empresa Marinas de Guatemala y a través de terceras personas, la finca "Los Cocos" en Taxisco, departamento de Santa Rosa, por US$ 330.000. El detalle reporta un saldo de US$3.407.073 a favor de OPM.
El reporte consigna además, con fecha 16 de diciembre de 2014 "envío de cash a OPM, entregado en VP", con un monto de US$3 millones. Velásquez dijo que, según verificaciones documentales, "se pudo establecer que Chévez ingresó a la casa presidencial ese día a las 14.17 horas, y según quedó registrado en el libro de ingresos, se identificó como particular".
Este indicio fue confirmado por Monzón, quien en su declaración aseguró que Pérez recibió en casa presidencial el 16 de diciembre de 2014, los US$3 millones que le llevó Jonathan Chévez en efectivo. "Le solicité a mi asistente, la licenciada Ismenia, que fuera a recibir a Chévez a la puerta del callejón Manchén, en la puerta de ingreso de la Presidencia, me llevó el dinero en unas bolsas selladas, lo metí a mi despacho en un espacio especial que tenía". Monzón dijo que avisó a la vicepresidenta Baldetti que el dinero ya estaba en Casa Presidencial. "Me dijo 'andá. Metelo donde ya sabes', eso era en su oficina atrás de su escritorio, había un walk-in closet y baño, ahí se guardaba el dinero, ahí lo metí, incluso le tomé una foto y se la envíe, me respondió: 'Perfecto, ahí déjalo, yo se lo entrego al presidente'.
Baldetti, dijo Velásquez, recibió como el expresidente US$3.331.201 en un primer pago y otro de US$544.735, esos recursos fueron administrados por Chévez. Un reporte en poder de Cicig detalla que con dichos recursos, el intermediario compró bienes para Baldetti en sectores alta valorización como el residencial de lujo Los Eucaliptos y un hotel en Antigua, así como un salón de belleza a través de operadores y un spa.
Monzón recordó durante su declaración en anticipo de prueba que Baldetti le solicitó que le llevaran 100 mil dólares a la Vicepresidencia, lo cual cumplió. "Chévez los mandó, los entregó a mi asistente Ismenia, ella lo recibió y se los entregó a la vicepresidenta".
LOS IMPLICADOS
Nueve de los quince implicados en este caso que Cicig y el MP llamaron "TCQ, la nueva gestión paralela", ya están presos, bajo cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Se trata de:
- Gustavo Martínez Luna (yerno de Otto Pérez, y exsecretario privado de la presidencia)
- Julio Rolando Sandoval Cano (Fue subinterventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal)
- Jhonatan Harry Chévez el intermediario financiero encargado de mover el dinero, lavarlo y posteriormente adquirir bienes e inmuebles a la expareja presidencial para lavar el dinero adquirido de manera ilícita.
- Juan José Suárez Messeguer: Director de la Terminal de Contenedores Quetzal y representante de EPQ.
- Mario Ruano San José: Asistente del juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Escuintla
- Lázaro Nóe Reyes Mata: Líder del sindicato de trabajadores de Puerto Quetzal.
- Julio César Zamora álvarez, Julio Norberto Esquivel Orellana y José Luna Argueta.
- Con orden de captura internacional se encuentran:
- Guillermo Lozano Bauer. Empresario y piloto de aviación, quien apoyó a Otto Pérez desplazándolo en sus helicópteros durante su campaña por la Presidencia de la República. Pérez Molina lo designó en 2012 como 'operador' de Puerto Quetzal -y su enlace con la empresa estatal, y fue según Monzón, el primer negociador con TCB. Fue separado después de que uno de sus socios en la empresa Aerocentro fuera capturado en Honduras, acusado de vínculos con narcotraficantes de ese país, a finales de 2012.
- Allan Herbert Marroquín Castillo (Exinterventor de la EPQ)
- William Schwank López. Fue asesor en materia portuaria, administración pública y análisis de resultados administrativos y operativos, además del manejo de inversión pública mediante un contrato en el renglón 029
- ángel Pérez-Maura. Principal representante de Group Maritim TCB en Guatemala
- Mauricio José Garin: Argentino, gestor del proyecto de ampliación de Puerto Quetzal para EPQ ante la red de exfuncionarios guatemaltecos
