Sánchez Cerén nombró este viernes al policía de carrera y exdirector del cuerpo de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de Seguridad y a Howard Cotto, que pasa de subdirector de la PNC como nuevo director general.
'Esa estrategia integral creemos que es correcta, lo que estamos impulsando (con los nuevos nombramientos) es una mayor efectividad de la estrategia, partiendo de que tenemos una política y un rumbo claro', explicó.
El nuevo director de la PNC aseguró que su nombramiento surge de la necesidad de 'avanzar más rápido, más fuerte y de una manera sostenida' en el corto plazo con la aplicación de su plan. Ramírez Landaverde sustituye a Benito Lara, que asumió el 1 de junio del 2014, al inicio del segundo gobierno del FMLN.
En el año y siete meses al frente de la institución, la tasa de homicidios ha ido en aumento. El 2015 cerró con 6.657 homicidios y hasta el 19 de enero se registran 440 en todo el país, 76 asesinatos más que los registrados en enero del 2015.
'Esto va a requerir una lucha muy fuerte y estamos dispuestos a buscar todas las alianzas necesarias para lograr los objetivos' de El Salvador Seguro, señaló el nuevo ministro de Justicia y Seguridad. Agregó que 'uno de los énfasis' de su gestión será la persecución de 'las estructuras y personas responsables' del alza de los homicidios y otros crímenes en el país centroamericano. 'El principal enemigo a vencer es el temor, la desconfianza (de la población por denunciar), la falta de información y que la Policía tenga los recursos para enfrentar esa situación', explicó.
Sostuvo que otro objetivo de su gestión es 'mantener los procesos de investigación, sanción y depuración' y que se le dará 'la importancia debida a ese tema para contar con instituciones transparentes y respetuosas de la ley de la Policía'.
En una carta de Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, cuestiona el papel de la Policía y de la Fiscalía en perseguir el crimen. Subraya: 'El Estado salvadoreño perdió el control de alrededor de un tercio del territorio nacional -más del rural que del urbano, quizás- durante la guerra civil. En la actualidad, no tiene control efectivo de inmensas porciones del país. Si no, cómo se explica que las pandillas cobren impuestos o extorsionen, administren justicia -sin duda, ilegal, injusta y cruel, pero justicia al fin de cuentas-, decidan sobre el sitio de residencia y la propiedad, autoricen el tránsito de personas y vehículos, paralicen el transporte y la actividad económica a su antojo o conveniencia'.
Cardenal insistió que muchos territorios de El Salvador son controlados por pandilleros, no sus agentes. 'Por mucho que les moleste, en muchas localidades, la mayoría de ellas densamente pobladas, no hay institucionalidad, ni autoridad, ni Policía, ni Ejército. Y los políticos solo penetran en esas zonas con permiso expreso de los jefes locales, que establecen horario y condiciones, y supervisan las actividades'.
