Los miembros de la Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica (Fecaexca) abordaron nuevamente la crisis del transporte terrestre en la región, iniciada por una medida sanitaria de Costa Rica y que también afectó el paso por Nicaragua, ésta como medida réplica a la anterior.
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En una reunión virtual, los miembros de la federación mostraron su rechazo al uso de los almacenes fiscales que propone Costa Rica.
El gobierno costarricense, que restringió desde el 18 de mayo el paso de los transportistas centroamericanos como medida sanitaria ante el covid-19, tomó la decisión de flexibilizar restricciones al transporte centroamericano.
Sin embargo, entre la flexibilización se permite a los transportistas extranjeros despachar carga en granel, en refrigeración o productos peligrosos directamente a sus clientes, y que todos puedan levantar carga en almacenes fiscales definidos por Costa Rica con un plazo de estadía en el país mayor a las 72 horas que estaban estipuladas.
"Los almacenes no nos parecen", indicó Silvia Cuéllar, como representante de los exportadores en El Salvador por parte de la Corporación Salvadoreña de Exportadores (Coexport), ya que de acuerdo con ella, esta propuesta incrementaría el costo para quienes envían productos.
"Estamos de acuerdo con el GPS (que sería instalado para seguir el paso del transportista por territorio costarricense).Ya se habló de un protocolo, ya todas las industrias lo incluyen", agregó.
Por su parte, Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indicó que estos almacenes fiscales bajan competitividad a la región.
"Los almacenes fiscales no son viable. Destruyen la competitividad de Centroamérica y vamos a seguir siendo invadidos por productos de otros países y eso no es posible", acotó. Agregando que algunos productos, como el papel higiénico, que Costa Rica compra de otros países de la región estaría siendo ofertado por Colombia, por ejemplo.
El régimen de depósito fiscal es utilizado para aplazar la elección del régimen de importación, permitiendo que los particulares mantengan almacenadas sus mercancías el tiempo que se establezca, siempre y cuando paguen por el servicio y estén respaldados por un contrato de almacenaje.
Se estima que esta medida que Costa Rica tomó de manera unilateral le cuesta a la región unos US$27 millones diarios. También esta nación se está viendo fuertemente golpeada.
En las fronteras de Costa Rica se calcula que hay al menos 1.000 contenedores detenidos. Algunos han decidido regresar la mercadería, como es el caso de El Salvador.
La presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Laura Bonilla, comentó que espera una pronta solución a la crisis por parte del Gobierno costarricense.
Integración fue dañada
De acuerdo con Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la integración centroamericana está sufriendo daños con la medida."La experiencia nos deja ver que 40- 50 años de integración se pueden poner en un cesto por la decisión de un país. La integración se rompió. Las reglas del comercio mundial permiten que un país tome la decisión de cerrar fronteras, pero se tuvo que consensuar", sostuvo.
Agradecieron a los organismos regionales por trabajar en pro de mejorar la situación pero aseguran que aún falta más.
Ante esta situación, Guillermo Jacobi, de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), considera que los exportadores han acatado las resoluciones de los gobiernos y ahora pide la intervención de los presidentes para resolver.
Enfatizando que Costa Rica, que tiene el mayor comercio en la región, es el más impactado.
'El sector exportador de Centroamérica hace un llamado al Gobierno de Costa Rica y exige a las autoridades regionales que consensuen una solución práctica y viable para concluir con la situación que ya es insostenible por las graves consecuencias que se suman a los efectos económicos provocados por la pandemia', señaló Jacoby.
Protocolo sanitario debe ponerse en práctica antes del 7 de junio
Los gobiernos centroamericanos aprobaron este jueves un protocolo para resolver la crisis desatada por las restricciones sanitarias impuestas por Costa Rica al transporte de carga.Estas medidas buscan garantizar la salud de los transportistas de carga, limpieza y desinfección de medios de transporte y la fluidez del comercio en los puestos fronterizos terrestres.
Los lineamientos de bioseguridad regulan para los transportistas las buenas prácticas de higiene, equipo de protección personal, limpieza de medios de transporte, bioseguridad antes, durante y descarga de mercancías, bioseguridad durante el traslado de las mercancías, acciones en caso de sospechas contagio de COVID-19 de transportistas y capacitaciones, agrega.
Sin embargo, los representantes de Fecaexca piden que este protocolo sea impuesto ya y no esperar hasta el 7 de junio.
"Que se desentrampe. El protocolo debe ser tomado como la Biblia. Se puede ir mejorando pero el momento es hoy. Hay que tomar ya el tiempo", dijo Cuéllar.
"Ya todos aprendimos a tomar las precauciones. Adicionalmente, todos los países hemos asumido lo que Costa Rica disponga en torno a la crisis sanitaria", agregó de Estrada.
Por su parte, la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), solicitará al Consejo de Transporte Público (CTP), una aclaración respecto a la responsabilidad que estarían asumiendo los choferes de autobús de no permitir el ingreso de pasajeros, en las rutas que operan en la zona fronteriza con Nicaragua, si no muestran su identificación o documento que respalde su residencia en el país.
Aunque CANATRANS respeta la directriz emitida por el CTP, en primera instancia, no queda claro cómo los choferes deben asumir dicha responsabilidad, ya que esto, difiere con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Tránsito, sobre las causas para impedir el ingreso o bien, desabordar pasajeros.
"El conductor no tiene el poder de policía para negar el servicio a las personas. Para negar el servicio a una persona, tenemos necesariamente que pedir colaboración a las autoridades, en este caso, a la Fuerza Pública o Migración que están destacadas en la zona y que estarían debidamente autorizadas para solicitar a los usuarios, no abordar la unidad" señaló Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.
