El gobierno de Nayib Bukele ha expuesto a los salvadoreños a una espiral de elevadas tasas de interés que podrían percibir en el sistema financiero, debido a la baja la calificación de riesgo que emitió el pasado 9 de febrero la agencia Fitch Ratings con respecto a la situación financiera del país.
Lo anterior se refiere a que, con un perfil de riesgo cada vez más negativo, con el que el país solo puede acceder a fuentes de financiamiento con altas tasas de interés, estos intereses también afectarían al sistema bancario local y, por ende, a las tasas de interés con las los salvadoreños adquieren créditos en distintos rubros.
Así lo explica el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, quien afirma que con estos financiamientos caros "eventualmente eso se traslada en mayores tasas de interés para empresas y personas naturales, y por tanto en mayores costos de transacción y precios más altos de todo, lo cual no es muy buena noticia en este entorno inflacionario en que estamos".
Similar opinión tiene el también economista Luis Membreño, quien además añade que esas implicaciones en el sistema financiero salvadoreño se verán "en la medida en que se vaya depreciando la cartera que ellos (el gobierno) tienen con diferentes instituciones financieras; lo que significa un impacto más adicionalmente al tema de la inflación del país", misma que cerró el 2021 con una tasa del 6,11% con respecto al año 2020.
El peor momento en los últimos años
Con esa rebaja en la calificación crediticia del país y con una deuda pública "insostenible", como lo dijo recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como con un rendimiento preocupante de los bonos soberanos en el mercado internacional, el país se enfrenta a una situación que se colocaría como la más difícil y delicada de los últimos 15 años.El anuncio de Fitch, en el que confirmó una calificación de CCC para el riesgo del país, ocurre exactamente dos años después de la primera estocada autoritaria de Nayib Bukele, algo se traduce en que el riesgo de que El Salvador caiga en impago es muy sustancial.
Esta calificación, que coincide con la que emitió la agencia Moody’s en julio de 2021, afecta la posibilidad de que el país pueda acceder a fuentes de financiamiento baratas, porque cuando el perfil de riesgo cae a esas calificaciones, los inversionistas extranjeros difícilmente aceptan destinar fondos en concepto de deuda pública. Según Acevedo y Membreño, las afectaciones de esta rebaja en el perfil de riesgo es algo que "se esperaba" debido a factores incidentes como la alta acumulación de deuda que ha manejado el gobierno actual y, sobre todo, por las decisiones políticas y económicas que ha tomado en diferentes momentos.
Según el expresidente del BCR, luego de la rebaja de Fitch "la opción de ‘retorno’ a los mercados convencionales de deuda se hará más difícil. Seguimos en la espiral en picada".
Esto quiere decir que si El Salvador decide salir a los mercados internacionales lo haría pagando intereses muy altos, mismos que se acercarían al 19% según dijo hace algunas semanas el economista Ricardo Castaneda.
Al consultar las calificaciones que han realizado las agencias como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, en los últimos años, puede constatarse que la situación actual es la más delicada y negativa de los últimos años, a excepción de 2017, cuando el país cayó a la misma calificación actual por un impago de la deuda de pensiones durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. De hecho, en el período analizado, son precisamente los años 2007 y 2008 los que mejor calificación muestran, y desde esos años, a la fecha, la tendencia ha sido a la baja.
El alto endeudamiento
Solo en 2021, el gobierno de Nayib Bukele incorporó hasta US$1.452 millones a la deuda pública acumulada del país, de acuerdo con un reciente informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia.Según ese mismo informe, la administración Bukele ha incrementado el monto total de la deuda a 85,6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país, un porcentaje que sería mucho más alto de no ser de la buena recuperación que tuvo la economía salvadoreña el año pasado.
De acuerdo con datos oficiales, la deuda acumulada de El Salvador a diciembre 2021 es de US$24.455 millones, mientras que la heredada por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras 5 años de mandato, fue de US$18.317 millones y la que dejó Mauricio Funes fue de US$13.981 millones.
Por ejemplo, al ver la diferencia entre el dato de la deuda del país a mayo 2019 con el dato a diciembre 2021 el resultado es de US$6.138 millones, lo que significa que ese es el monto que la gestión de Bukele le ha sumado a la deuda de El Salvador.
Solo en 2020, el Ejecutivo adquirió US$3.392,85 en deuda y a eso hay que sumarle los US$1.452 millones de 2021, lo cual hace un monto de US$4.844.85 millones en 24 meses.
Además, a esa deuda ya acumulada que tiene la administración Bukele habría que sumarle las necesidades de financiamiento que se le presentan para el ejercicio fiscal de 2022, con una brecha presupuestaria muy alta y que Fitch ha estimado en más de US$1.700 millones, y la obligación de encontrar financiamiento de cara al vencimiento del Eurobono 2023, que equivale a US$800 millones. Según el economista Rafael Lemus, los próximos 24 meses que se vienen serán mucho más complicados para el país, pues calcula que el país necesitará financiarse con deuda por hasta US$10.200 millones, algo que representa una trayectoria insostenible para las finanzas públicas y que ha influido directamente en la rebaja de calificación por parte de Fitch Ratings.
"Sin posibilidad de acuerdo con el FMI"
Para el economista Luis Membreño, tras la revisión de las finanzas públicas que realizó el FMI en 2021 "ha quedado bien claro que no hay posibilidad de un acuerdo a corto plazo con ese organismo", esto porque el multilateral ha sido bastante claro en sugerir acciones específicas que debería tomar el gobierno entorno a decisiones como la legalización del Bitcoin como moneda de curso legal.A eso se suma la "impredictibilidad" con la que el gobierno toma sus decisiones, como lo señala el experto en temas macroeconómicos Rommel Rodríguez, quien advierte que, actualmente, "no se sabe cuál es la carta de navegación en las finanzas públicas de aquí a los próximos años" en lo que se refiere al gobierno de Nayib Bukele.
Además, añade que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, "no ha dicho ni presentado nada serio al FMI para decirle que necesita el acuerdo", mismo que consiste en una asistencia financiera de hasta US$1.300 millones.
Sobre la falta de ese acuerdo con el organismo, el gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez, explicó durante una entrevista televisiva de ayer que, más allá del dinero que podría dar el organismo, lo que importa es la confianza que genera en los mercados internacionales de deuda.
Lo anterior se refiere a que lograr un acuerdo con ese organismo multilateral haría que el país mejore respecto a su calificación crediticia y provocaría que pueda acceder a financiamiento con otros organismos que toman en cuenta las valoraciones del Fondo, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), remarcó el representante de la ANEP.
Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas desde abril de 2021 como producto de las acciones de Nayib Bukele, como la destitución de los magistrados de la Corte Suprema, y la adopción del Bitcoin, mismas que también mencionó Fitch como parte de la "concentración de poder" que practicado el gobierno salvadoreño.
