La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional a la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2017, en un duro revés para el aparato estatal salvadoreño.
El presupuesto fue duramente criticado previo a su aprobación por entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) por contener vacíos en áreas sensibles. En palabras de economistas de dicha entidad se trató de un proyecto desfinanciado.
Entre las figuras que no tuvieron asignados fondos suficientes estaban los compromisos para el pago de pensiones de la Fuerza Armada, el pago de la deuda previsional (para beneficiarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos), subsidios, operación del Sistema Integrado de Transporte del área Metropolitada de San Salvador (Sitramss), entre otros.
En su momento, Fusades advirtió que el déficit descrito en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2017 era de US$623,3 millones; sin embargo, tras una revisión se identificó un faltante de US$523 millones.
En total el déficit de 2017 sería de US$1.146.3 millones. De hecho, la tarde del 12 de octubre la Asamblea Legislativa recibió del Ministerio de Hacienda la solicitud de autorizar la emisión de títulos por US$134 millones para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES), otro de las partidas que se detectaron incompletas.
De acuerdo con un comunicado que se resume la sentencia del Sala de lo Constitucional, el presupuesto es ilegal por 'vulnerar los principios de equilibrio presupuestario y universalidad por el desfinanciamiento de obligaciones previsionales'.
La sentencia dice que se detectaron subestimaciones en gastos 'ineludibles' como la deuda de pensiones y las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), devoluciones del IVA para los exportadores y de Impuesto sobre la Renta.
"Se ha corroborado que no incluye todos los gastos reales e íntegros que deben realizarse en el ejercicio financiero fiscal. Se generan brechas de financiamiento y problemas de liquidez", recalca la entidad.
En la sentencia se destaca además que el pago de las obligaciones previsionales se había calculado en US$230 millones, pero se le asignó una partida de solo US$1,000.
La Sala de lo Constitucional ordena austeridad
La Sala establece que, debido a que el presupuesto se encuentra en ejecución, la Asamblea debe realizar reformas y adecuaciones necesarias para cumplir la sentencia y corregir las violaciones a más tardar el 31 de octubre de 2017.
Además, ordena algunas medidas como suspender la creación de nuevas plazas (salvo en los ramos de Educación, Salud, Justicia y Seguridad), suspender aumentos salariales y contratos, compensaciones, bonificaciones, retribuciones, compras de bienes suntuarios, vehículos, viajes y publicidad.
También dice que se deberán revisar escalafones, contratos de seguro médico hospitalarios para funcionarios o jefaturas.
Según la resolución, los poderes Ejecutivo y Legislativo quedarán inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente a aquellos que tengan vínculo material con partidos políticos.
Por la mañana, el magistrado de la CSJ, Sidney Blanco, aseguró que analizarían por qué el Gobierno tiene que acudir a préstamos para pensiones a través del análisis del presupuesto.
"Detectaremos cuáles son las causas por las que no se prevé el pago de las pensiones en el mismo presupuesto y si en realidad se presenta a la población un presupuesto verdaderamente equilibrado", aseguró.
Semana de sentencias
La sentencia de inconstitucionalidad contra el presupuesto es la segunda que impacta en los planes de financiamiento y operación del Ejecutivo que la Sala Constitucional emite en esta semana.
El miércoles, en 'resolución de seguimiento' la Sala dejó sin efecto jurídico una cuestionada reforma a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP).
La medida fue aprobada la semana pasada por 43 diputados y permitía al gobierno subir del 45% al 50% el porcentaje que podía tomar para cumplir con el pago de pensiones del sistema antiguo.
La entidad sostiene que en su sentencia expuso que 'el establecimiento de un límite máximo del 45% de la inversión de los fondos de pensiones en Certificados de Inversión Provisional (CIP) es constitucional, ya que si bien restringe el ámbito y las posibilidades de ejercicio de la libertad de contratación, permite el financiamiento de las pensiones del Sistema de Pensiones Público y deja un margen de acción a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)'.
La Sala señaló que la finalidad de la reforma legislativa era dar más disponibilidad al gobierno sobre los dineros que administran las AFP, con el objetivo de cubrir los próximos compromisos de pago de pensiones de los jubilados en el sistema público.
El incremento del 45% al 50% le daba al Estado la llave para usar alrededor de US$500 millones más del fondo previsional, algo que fue duramente criticado por las empresas del sector y analistas independientes.
Esta primera resolución movió al presidente Salvador Sánchez Cerén a montar una cadena nacional de radio y TV donde arremetió contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional y llamó abiertamente al 'pueblo' a estar atento y 'respadar al gobierno en las medidas' que impulsa la presidencia.
'Apartándose del orden jurídico y constitucional la Sala, como máximo tribunal, viola el debido proceso y emite sentencias con la intención de crear crisis y confrontación', subrayó.
En el tintero está la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez Cerén logre empujar en la Asamblea Legislativa la votación para una reforma del sistema de pensiones que también es criticada por la oposición, las AFP y tanques de pensamiento que la tachan de incompleta.
El principal riesgo de dicha aprobación es que el sistema al que dará paso la reforma sea insostenible desde el día 1.
