Ernesto Castro, quien es exsecretario privado de Bukele, actual diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Asamblea Legislativa, convocó a una sesión plenaria extraordinaria para el domingo a las 2:00 de la tarde y aseguró -sin que el órgano haya recibido y conocido oficialmente el documento- que cuenta con el apoyo de la bancada oficialista.
El régimen de excepción actual fue aprobado y entró en vigor el 27 de marzo para un período de 30 días que terminan el 28 de abril, luego de que fueran cometidos 62 asesinatos en un solo día.
Con este se suprimen para todos los habitantes del país las garantías constitucionales contempladas en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Carta Magna. Dichos artículos contemplan la “libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones” a nivel nacional.
Esta semana, tras conocerse las intenciones del oficialismo de ampliar este período, los diputados de oposición Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, y René Portillo Cuadra, de ARENA, señalaron que la Constitución de la República exige que cuando se prorrogue un régimen de excepción sea porque las mismas condiciones que motivaron a imponerlo se mantengan vigentes. “Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle al gobierno: si efectivamente aquello que se dio con 62 homicidios en un día sigue vigente”, dijo el legislador de Nuestro Tiempo.
“Si lo que motivó el régimen es una alza en los homicidios, esa ya se contuvo. Por lo tanto tiene que empezar a aplicar la legislación ordinaria, a menos que el gobierno confiese que no puede solucionar esta situación en el país”, aseguró por su parte Cuadra, esta semana.
Durante el régimen de excepción han sido capturadas más de 15 mil personas, de acuerdo a las cifras gubernamentales. Son señaladas de pertenecer a estructuras criminales. A diario, familias denuncian detenciones arbitrarias y buscan apoyo en la Procuraduría General de la República (FGR) y organizaciones que luchan por la defensa de los Derechos Humanos.
Recientemente se confirmó la muerte de cuatro personas en el penal de Izalco días después de su captura y sin que se les hubiese comprobado el delito por el que fueron apresadas.
