Era el año 2009. Los abogados del bufete Mossack Fonseca no estaban seguros de cómo debían manejar a uno de sus más importantes clientes, que entonces proporcionaba el 4% de los ingresos, tras descubir que estaba utilizando la red de sociedades anónimas creadas por ellos para evadir impuestos en Estados Unidos.
'Dejémoslo quedarse (como cliente) y vivamos con el riesgo potencial', sugirió Ramsés Owens, entonces uno de los abogados principales del bufete, una moción que fue aprobada por su jefe, el socio fundador, Ramón Fonseca. Seis años después, haber retenido al guatemalteco Harald Joachim von der Goltz como cliente no parece haber sido una buena idea.
La sustracción de más de 10 millones de documentos de los archivos digitales de la firma, revelados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en inglés), han convertido esos riesgos ‘potenciales' en una crisis real de proporciones mayúsculas, que afectan no solo al bufete, sino también a la reputación de Panamá y su economía de servicios.
MANEJO DE RIESGO
‘Al final de esta tormenta, el cielo será azul y la gente sabrá que el único crimen ha sido el hackeo', señaló Fonseca en una entrevista a medios de prensa internacionales, a los pocos días de haber estallado el escándalo, este 3 de abril.
Pero muchos predicen que no va a ser así y que la empresa, que hasta hace poco contaba con más de 40 oficinas en todo el mundo, que facturó en el año 2013 más de US$40 millones, y que permitía a sus socios una vida de lujos, con mansiones, helicópteros y yates incluidos, podría tener los días contados.
‘Hay varios tipos de riesgo que una empresa debe monitorear: el riesgo financiero, operacional, estratégico y de cumplimiento', asegura Kathy E. Hargis, profesora de la Universidad de Lipscomb, en Nashville y especialista en este tema. ‘Al no atender estos cuatro riesgos se crea un quinto: el riesgo reputacional', que la autora define como ‘la diferencia entre lo que la empresa dice y lo que hace'.
‘La empresa confronta el riesgo reputacional por fallas fundamentales en el manejo del riesgo operacional, el que se da por seguimiento inadecuado de procesos, fallas del personal, de la tecnología de información o eventos externos', señaló a La Estrella de Panamá un especialista en riesgo que no quiso revelar su identidad para no exponer a su firma consultora. ‘Es una falla imperdonable para una empresa que fue construida sobre la garantía de privacidad que supuestamente ofrecía a sus clientes', dice el especialista.
‘Yo esperaría que la firma perdiera alrededor de un 80% de sus clientes, sobre todo los internacionales, por disgusto o desconfianza, o por el propio riesgo de asociarse con ellos después de este escándalo' , continúa.
El hecho de que Panamá podría verse obligado a modificar sus leyes a corto o mediano plazo también empezará a alejar a los clientes próximamente si es que no los está alejando ya, indica la misma fuente.
El especialista tampoco descarta que la firma sea objeto de una investigación (‘indictmentent') en Estados Unidos. Esta predicción estaría basada en los hallazgos del ICIJ de que clientes como Von der Goltz no eran simplemente ‘un error aislado' del departamento de cumplimiento.
‘La minuciosa revisión de 11.5 millones de archivos de la firma por parte de periodistas de todas partes del mundo ha dejado claro que la empresa ha tenido como clientes directos e indirectos a políticos corruptos, defraudadores y narcotraficantes, a los que han servido con conocimiento o sin él, vendiéndoles sociedades con directores nominales', dice.
‘Más de 30 de las compañías que salen a relucir en los documentos de Mossack Fonseca aparecían en listas negras del gobierno de Estados Unidos', concluye también el ICIJ. Supuestos financiadores del terrorismo y del armas nucleares del Medio Oriente y de Corea del Norte, traficantes de armas de Siria, traficantes de drogas de México y Colombia fueron encontrados en sus archivos, continúa el ICIJ.
Los documentos publicados por el consorcio también han dejado dudas sobre la veracidad del testimonio dado por el otro socio fundador de la firma, Jürgen Mossack, ante la Corte del Distrito de Las Vegas, quien al verse llamado a declarar en un caso relacionado con un supuesto robo de millones de dólares al fisco argentino negó que el bufete panameño tuviera parentesco con la firma que operaba en Nevada como MF, aunque los documentos internos de la firma filtrados por el ICIJ han revelado lo contario.
ATAQUE CONTRA PANAMá
Ya cinco naciones de Centro y Sudamérica han abierto investigaciones para determinar sI, a través de Mossack Fonseca, algunos de sus ciudadanos han blanqueado dinero.
En Brasil, la firma ha sido acusada de ser una ‘gran lavadora de dinero' y está siendo investigada por otros esquemas de corrupción. En el país, la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (Apadec) recordó la semana pasada que los abogados están obligados a reportar cualquier ‘elemento ilegal' de sus clientes y de profundizar en el conocimiento del origen de los recursos con los que se abren sus sociedades.
Sin embargo, los abogados de Mossack Fonseca continúa en la posición de que no han infringido la ley y de que se trata de un ‘ataque contra Panamá', ya que, según Fonseca, ‘a muchos países no les gusta que seamos muy competitivos atrayendo empresas'.
Varias caras conocidas en el sector han salido a avalar las prácticas de Mossack Fonseca, apoyando la tesis de que se trata de un ataque al país. La primera reacción del Gobierno, incluso, se centró en respaldar la jurisdicción panameña antes que aceptar carencias en el sistema, que luego se reconocieron tácita y expresamente, al aceptar una evaluación internacional para establecer ‘mejoras'.
El primer grupo de respuesta al ‘ataque' de las denuncias periodísticas lo conformaron el asesor de la Cancillería Gian Castillero, socio de la firma Arias Fábrega y Fábrega; el ministro de la Presidencia, álvaro Alemán, socio de Icaza, González Ruiz y Alemán; el vicecanciller Miguel Hincapié, de la firma Morgan y Morgan, y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, del mismo bufete. Todos con intereses conocidos en la creación de empresas offshore.
La relación del mismo presidente Juan Carlos Varela con Fonseca, su ministro sin cartera, y Mossack, consejero de Cancillería, podría haber sido también un riesgo mal calculado.
El impacto de Mossack Fonseca en Panamá
‘En 48 horas podemos tener un informe del impacto económico que puede generar el escándalo financiero por el que atraviesa el país', indicó ayer la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Morabia Guerrero.Según la dirigente del gremio empresarial, lo importante es que ‘nosotros vayamos por delante en la búsqueda de soluciones a esta crisis. Habría que estudiar si será necesario replantear las bases de nuestro sistema financiero e ir presentando propuestas, sin esperar a que las cosas pasen'.
‘Es algo que se está pidiendo internacionalmente. Panamá debe sentarse a conversar por la vía diplomática, que es la correcta, para que en una mesa de negociación se trate este tema y no dejemos pendientes que pueden traernos riesgos y problemas', enfatizó.
Por su parte, el presidente del Instituto de Auditores Internos de Panamá, Omar Moreno, dijo que la venta de de sociedades offshore es en el ámbito mundial una actividad legal y lo que se cuestiona ahora son la utilización de esas empresas.
‘Debemos blindar esta actividad legal para que no sea empleada con propósitos que puedan rayar en lo ilegal', dijo. En tanto, Jorge Badillo, presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, detalló que el riesgo siempre existe y que lo importante es tener las herramientas para poder mitigarlos y erradicarlos.
‘Lo importante en este tipo de escándalos es rescatar las lecciones aprendidas', dijo Badillo.
Sus declaraciones se dieron en el marco del Primer Seminario Latinoamericano de Gobierno, Riesgo y Control que se realiza en Panamá, evento que destaca la importancia de compartir información clave en tendencias, innovaciones y mejores prácticas de gobierno corporativo.
