Por estrategiaynegocios.net
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, cuestionó anoche -en cadena nacional- la legalidad de la huelga anunciada para este lunes 10 de septiembre por diversos sindicatos, los que amenazan con paralizar al país.
Alvarado calificó a la medida como 'injustificada, improcedente e ilegal', advirtió que "se hará valer ante los tribunales" para cesar la medida de presión, además aseguró que su Gobierno ha tomado las medidas para que se mantengan el orden público y los servicios esenciales y se minimice la afectación a las personas.
"Este país debe seguir funcionando y la tarea de mi equipo de Gobierno es asegurar que así sea", puntualizó en el que representa el primer gran desafío de su administración contra los principales sindicatos del país.
Las centrales de trabajadores convocaron a tomar las calles de San José y de distintas regiones en señal de protesta contra el plan de ajuste fiscal que impulsa la administración de Alvarado. Distintos sectores y trabajadores se han unido al llamado y advierten que habrá afectación de los servicios esenciales, especialmente salud, educación, combustibles y hasta recolección de basura.
La protesta es en contra del proyecto 20.580, el cual consideran que 'impactará negativamente a la clase trabajadora'. Además, piden al Ejecutivo que instalen una mesa de diálogo multisectorial para buscar otra salida.
El plan que el gobierno de Alvarado impulsa en la Asamblea LEgislativa tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% al IVA, con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
El proyecto, que buscar recaudar cerca del 2% del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7.1% del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50% del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.
'Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que se irrespeten los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales', manifestó el presidente interino de UCCAEP, Enrique Egloff.
Entre las instituciones que cuentan con planes estarán la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los centros de salud públicos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo, entre otros.
Alvarado invitó anoche a 'todos los costarricenses a asumir como propio el camino de la responsabilidad histórica" y llamó a los empleados públicos a presentarse a sus puestos de trabajo, aseguró que confía en el compromiso de estos miles de servidores con el país.
Recordó además que como candidato fue siempre claro, en todos los foros donde participó, respecto a su compromiso con la reforma fiscal, y ese es el camino para asegurar un futuro bueno para los costarricenses "incluso para los organizadores de la huelga y de quienes se sumen a ella".
'Afectar a las personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que se quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, y a quienes se disponen a producir, "no es la vía costarricense. La mayoría de los costarricenses no queremos recorrer ese camino", sentenció el mandatario.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, cuestionó anoche -en cadena nacional- la legalidad de la huelga anunciada para este lunes 10 de septiembre por diversos sindicatos, los que amenazan con paralizar al país.
Alvarado calificó a la medida como 'injustificada, improcedente e ilegal', advirtió que "se hará valer ante los tribunales" para cesar la medida de presión, además aseguró que su Gobierno ha tomado las medidas para que se mantengan el orden público y los servicios esenciales y se minimice la afectación a las personas.
"Este país debe seguir funcionando y la tarea de mi equipo de Gobierno es asegurar que así sea", puntualizó en el que representa el primer gran desafío de su administración contra los principales sindicatos del país.
Las centrales de trabajadores convocaron a tomar las calles de San José y de distintas regiones en señal de protesta contra el plan de ajuste fiscal que impulsa la administración de Alvarado. Distintos sectores y trabajadores se han unido al llamado y advierten que habrá afectación de los servicios esenciales, especialmente salud, educación, combustibles y hasta recolección de basura.
La protesta es en contra del proyecto 20.580, el cual consideran que 'impactará negativamente a la clase trabajadora'. Además, piden al Ejecutivo que instalen una mesa de diálogo multisectorial para buscar otra salida.
El plan que el gobierno de Alvarado impulsa en la Asamblea LEgislativa tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% al IVA, con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
El proyecto, que buscar recaudar cerca del 2% del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7.1% del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50% del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.
Los sindicatos entregaron al Gobierno en julio, un pliego de medidas alternativas que sustituyen al plan de reforma fiscal que impulsa el Ejecutivo, y que según sus estimaciones permitiría al Ejecutivo recaudar un mínimo de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y máximo un 4%, sin contemplar impuestos.
La empresa privada critica la huelga
El sector empresarial agrupado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha condenado el llamado a huelga, ha calificado el movimiento como ‘antipatriótico' y solicitó al Gobierno que haga los trámites para que sea declarada ilegal.'Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que se irrespeten los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales', manifestó el presidente interino de UCCAEP, Enrique Egloff.
Entre las instituciones que cuentan con planes estarán la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los centros de salud públicos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo, entre otros.
Alvarado invitó anoche a 'todos los costarricenses a asumir como propio el camino de la responsabilidad histórica" y llamó a los empleados públicos a presentarse a sus puestos de trabajo, aseguró que confía en el compromiso de estos miles de servidores con el país.
Recordó además que como candidato fue siempre claro, en todos los foros donde participó, respecto a su compromiso con la reforma fiscal, y ese es el camino para asegurar un futuro bueno para los costarricenses "incluso para los organizadores de la huelga y de quienes se sumen a ella".
'Afectar a las personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que se quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, y a quienes se disponen a producir, "no es la vía costarricense. La mayoría de los costarricenses no queremos recorrer ese camino", sentenció el mandatario.
