El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció este domingo un fuerte recorte en el gasto público como parte de las acciones para sortear la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.
El corte será equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB), dijo Alvarado en cadena de radio y televisión, en la que delineó una hoja de ruta para enfrentar el impacto de la propagación de la covid-19.
Los cortes serán presentados este lunes a la Asamblea Legislativa (parlamento), junto a un presupuesto extraordinario, por el ministro de Hacienda, Elián Villegas.
'Será el mayor recorte del gasto público de nuestra historia', destacó al mandatario, quien aclaró que incluirá todos los sectores, sin tocar los programas sociales y las grandes inversiones en obras públicas.
Indicó que el gobierno negoció créditos con organismos financieros internacionales en condiciones favorables, lo que permitirá sustituir deuda con intereses más elevados para aliviar las finanzas públicas.
Costa Rica acumuló hasta fines de 2019 un déficit fiscal de 6,96% del PIB, que podría alcanzar 9,7% del PIB para este año como consecuencia de la pandemia, según el Ministerio de Hacienda.
El ministerio proyectó también que la deuda pública alcanzará 68,8% del PIB este año.
Alvarado aseguró que con el corte de gastos y los créditos negociados se garantizará la estabilidad económica para este año.
En los años siguientes dependerá de la aprobación legislativa de un préstamo de US$504 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo.
Con ese crédito, el gobierno podrá negociar un acuerdo 'stand by' con el FMI, que según Alvarado es 'indispensable para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años'.
Costa Rica, con 5 millones de habitantes, ha vivido en las últimas tres semanas una explosión de casos de covid-19, que este domingo alcanzó un acumulado de 7.596 infecciones y 30 muertos.
El gobierno aplicó este fin de semana nuevas medidas restrictivas para evitar la movilización de personas en las áreas de mayor contagio.
Acuerdo stand-by
El acuerdo stand-by o Derecho de giro que pretende el gobierno es una línea de crédito especial del FMI para responder de forma veloz a las necesidades de financiamiento de un país y ayudarlo a superar una crisis en sus finanzas a cambio mejoras condiciones de endeudamiento pero a cambio de ajustes estructurales.Alvarado declaró que se negociará ese acuerdo por cumplimiento de metas pero enfatizó que la estabilidad económica del país reside en "tomar medidas fuertes y valientes".
"Este momento es tanto o más difícil que el que nos llevó a adoptar el plan fiscal", manifestó.
En abril anterior, el FMI le sugirió al gobierno vender activos, crear impuestos ambientales y a la propiedad y más tributos para el consumo, como parte de una evaluación para darle un financiamiento especial por US$508 millones dirigido a enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.
Sin embargo, con la negociación del acuerdo stand-by en el horizonte, le recomendó desde entonces congelar salarios del sector público y una veloz reforma del Servicio Civil luego de señalarle que solo este devora 35% del gasto público gubernamental.
En su mensaje del fin de semana, Alvarado repasó estas recomendaciones con las cuales sería posible, según proyecta el FMI, recortar la deuda pública en tres puntos porcentuales y situarla en 67% del producto interno bruto (PIB) al año 2025.
"La situación extrema que ha generado la covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años", advirtió el mandatario.
Alvarado declaró que aún es pronto sobre cuáles metas se negociarán con el FMI para entrar en detalles pero prometió que sería un diálogo político con distintos actores. "Estos pormenores serán discutidos no solo con el FMI, sino también con actores políticos claves como las y los diputados y los liderazgos políticos, porque debe ser un acuerdo cuya aprobación legislativa sea viable. Para esto dialogaré con los jefes de fracción", adelantó Alvarado.
El presidente reveló que el eventual acuerdo será una mezcla de medidas de reducción del gasto, mayores ingresos o eficiencias de la gestión pública sin perjudicar a la población pobre.
