Durante la sesión del Parlamento, de mayoría oficialista, se retiró la personalidad jurídica a estas instituciones, ligadas a la iglesia Católica y a la educación superior, a petición del ministerio de Gobernación, que las acusa de incumplir normas de transparencia. La medida implica el cierre de funciones.
Entre las casas de estudio suspendidas figura la Universidad Politécnica de Managua (UPOLI), donde cientos de estudiantes se atrincheraron durante masivas protestas contra una reforma a la seguridad social en abril de 2018, detonante de una crisis política que aún persiste.
Las otras instituciones educativas cerradas son la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse); Universidad Popular Nicaragüense (UPONIC), Universidad Paulo Freire (UPF) y Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH). También otras nueve asociaciones privadas.
Según el ministerio de Gobernación, estas entidades, entre las que figuran varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), han incumplido y obstaculizado la ley que rige el control y vigilancia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que promueve una falta de transparencia de los fondos que reciben. Sin los reportes correspondientes, asegura el ministerio, la autoridad no puede identificar quién es su representante y sus asociados, lo que viola la ley.
El cierre de estas cinco universidades, tres de Managua, una en Estelí (norte) y otra en Carazo (suroeste), provocó la condena de estudiantes que 'quedan en un limbo' para continuar su formación, dijo a la AFP la dirigente estudiantil Dolly Mora.
Todo esto ocurre mientras en Nicaragua son sometidos a juicio más de 40 opositores presos, a quienes el gobierno acusa de conspirar contra el país y promover un golpe de Estado contra Ortega, auspiciados por Washington.
La mayoría de las detenciones de opositores, entre ellos siete exaspirantes presidenciales, ocurrió meses antes de que Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, consiguiera su cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
Golpe a estudiantes
Mora, quien participó en las protestas de 2018, manifestó su 'indignación' por el cierre de las casas de estudio, y 'de forma particular de la UPOLI, porque es un símbolo de la resistencia, de la lucha de abril'. En 2018, cientos de alumnos se atrincheraron por casi dos meses en las aulas de la UPOLI, bajo el asedio de la policía que intentaba desalojarlos, recordó Mora.'Hay mucha incertidumbre en la universidad, los estudiantes reciben esto como un golpe muy fuerte' , dijo Mora, quien fue expulsada de la UPOLI en 2020, lo que atribuyó a una cuestión política.
La representante estudiantil ante la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) Yunova Acosta calificó de 'arbitraria' la acción del Congreso porque 'con ello se les quitó la oportunidad a muchos jóvenes de seguir sus estudios. Nos preocupa la incertidumbre'.
'Tierra arrasada'
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó el cierre de las 14 asociaciones y universidades y acusó al gobierno de aplicar de manera 'perversa' una 'estrategia de exterminio generalizado'.Lo comparó con la forma de actuar durante la dictadura de Anastasio Somoza -que el propio Ortega ayudó a derrocar- lo que 'en un contexto de guerra (de 1979) se llamó tierra arrasada'.
El Cenidh, que también fue ilegalizado en 2018, consideró que 'esta es una provocación, un ataque directo y cobarde en contra de la juventud, la misma que se levantó exigiendo justicia, democracia y derechos humanos en abril de 2018'. El Cenidh también lo inscribe como 'una violación al derecho a la educación y a la libertad de pensamiento'.
El Colectivo de Derechos Humanos 'Nicaragua nunca más', en el exilio, acusó al gobierno de pretender imponer 'un modelo de enseñanza y de pensamiento único' para contribuir a 'la perpetuidad del poder'.
Por su parte, el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior, prometió garantizar la continuidad académica de los estudiantes de las universidades canceladas.
Más de 80 organizaciones no gubernamentales vinculadas a actividades de promoción y defensa de derechos humanos, salud, educación, cultura, entre otras, han sido ilegalizadas en el contexto de la crisis política que vive el país desde 2018.
