Por EFE
Honduras se estremeció este 2016 por el asesinato de la ambientalista y activista Berta Cáceres, en un año en el que se entabló un proceso anticorrupción sin precedentes con la instalación de una misión de apoyo vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cáceres, reconocida a nivel internacional y que era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada de noche en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el oeste del país, en marzo pasado.
El único testigo de la muerte de Cáceres fue el ecologista mexicano Gustavo Castro, quien era su huésped en el momento de los hechos.
En relación con este caso, hasta ahora han sido detenidas siete personas, entre ellas un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), responsable de la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el oeste del país, a lo que Cáceres se oponía porque aseguraba que estaba causando daños al medioambiente y a las comunidades indígenas.
Un expolicía y un oficial del Ejército que fue dado de baja deshonrosa también figuran entre los detenidos, lo mismo que un antiguo viceministro de la Secretaría de Ambiente porque habría ordenado la ampliación del proyecto de Agua Zarca de 17 a 21,7 megavatios, sin haberlo notificado a las comunidades afectadas.
Los directivos de DESA, compañía que recibió financiación internacional, alegan que el proyecto -paralizado desde el asesinato de Cáceres- no dañaba el medioambiente y favorecía a una docena de comunidades con empleos y obras sociales.
La familia de Berta Cáceres y el COPINH siguen exigiendo que se forme una comisión investigadora internacional sobre el asesinato de la líder ambientalista y defensora de las libertades fundamentales, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, los familiares de Cáceres se quejan de que se les ha excluido de la investigación del Ministerio Público, institución que reitera que se continúa trabajando en el caso y que en su momento se conocerá a los autores intelectuales y materiales de los hechos.
Por otra parte, el 19 de abril se instaló en Tegucigalpa la MACCIH, la misión anticorrupción de la OEA, en medio de la esperanza de muchos hondureños que consideran que contribuirá a frenar la corrupción y la impunidad y ante el escepticismo de otros sectores que no le auguran éxito, incluso creen que estos meses 'no ha hecho nada'.
El portavoz de la MACCIH es el exministro peruano Juan Jiménez, quien aseguró que luchará contra la corrupción y la impunidad, para lo que necesitará, entre otros recursos, fiscales y jueces internacionales que trabajarán con el Ministerio Público y otras instituciones hondureñas.
La MACCIH surgió después de que en 2015, durante varias semanas, un movimiento de 'indignados' organizara marchas masivas en algunas de las principales ciudades hondureñas en las que exigió la creación de una misión internacional contra la corrupción y la impunidad.
A esa propuesta se sumó otra del Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, con observación de la OEA y Naciones Unidas.
Ante la falta de consenso entre las dos iniciativas, la OEA presentó el proyecto de la MACCIH, que fue aceptada por el Gobierno.
La MACCIH, entre otras misiones, se ha propuesto investigar un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social descubierto hace tres años, que salpica a funcionarios de los últimos tres gobiernos, políticos y empresarios y por el cual han sido detenidas una decena de personas, mientras que otras tantas están prófugas.
Además, la MACCIH propuso, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, una ley para controlar la financiación de las campañas políticas y de candidatos a cargos de elección popular, para evitar que el crimen organizado y el narcotráfico puedan financiar los procesos democráticos.
En el pasado reciente ha habido denuncias de que el narcotráfico habría financiado campañas a políticos hondureños para que ocuparan un cargo de elección popular, pero los casos no fueron investigados.
El proceso de instalación de la MACCIH en Tegucigalpa ha sido lento, en principio por falta de recursos económicos por parte de la comunidad internacional, que ha comenzado a desembolsarlos.
A finales de noviembre se incorporó a la MACCIH el fiscal argentino Manuel Garrido, quien dijo que los bienes que los corruptos hondureños tienen en el exterior serán investigados.
Están por llegar una fiscal adicional y un juez internacional para trabajar con el Ministerio Público y el poder judicial, en un país donde la corrupción y la impunidad, de larga data, han sido dos caras de una misma moneda que ha enriquecido a unos pocos, mientras más del 60 % de los 8,7 millones de hondureños vive en la pobreza.
