El sector empresarial organizado, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), analiza el Presupuesto General de 2015 para decidir si tomarán alguna medida legal que impugne parcial o total el proyecto aprobado por el Congreso la semana pasada.
Hermann Girón, presidente de esa organización, considera que lo más preocupante para el sector, es la poca transparencia con que se ejecutarán los fondos. "No hay claridad en la forma que fue aprobado debido a que no hubo una discusión seria; se retrocede en temas de transparencia y calidad del gasto", resaltó Girón en una entrevista telefónica.
En detalle
El también presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala señaló que los principales vicios se dan al momento que los diputados aprobaron la eliminación de las Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), lo que generaría más deuda flotante en el Estado (fondos aprobados para ejecutar obra).
Asimismo, Girón criticó que dentro del proyecto se "suprimieron los controles para las ONG", al facultar que los Consejos Departamentales de Desarrollo puedan suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales.
El CACIF también emitió un comunicado en donde se indica que "se anuló la prohibición de pagar gasto corriente con deuda, la cual abre la oportunidad para que el Estado asuma más compromisos financieros sin límites al endeudamiento".
Afectará la vivienda social
En paralelo, la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) anunció que debido al incremento del impuesto a la distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por quintal, la construcción de vivienda social se verá impactada negativamente y el déficit habitacional aumentará en el siguiente año.
Pelayo Llarena, titular de ese gremio, estimó que el costo de la construcción subirá en un seis por ciento aproximadamente, lo que castigará a la industria con una pérdida de por lo menos 20 mil plazas de empleo en un año. En esa línea, los constructores analizarán presentar acciones legales por separado, en su caso, por el incremento de dicho impuesto.
Llarena puntualizó que no fueron incluidos en la discusión, "nosotros apoyamos la aprobación de un presupuesto para la Nación porque es necesario que se cuente con los recursos, pero nunca se nos dijo que querían aumentar impuestos".
Tanto el CACIF como la CGC confirmaron que aunque "oficialmente no se ha roto la comunicación entre empresarios y gobierno, las reuniones periódicas con el presidente Otto Pérez ya no se realizan".
También en la minería
"Como gremial estamos sorprendidos por el aumento de regalías a niveles que no se ve en otros países. Esto afectará el precio de las acciones de compañías que cotizan en la Bolsa y, restará competitividad a una incipiente actividad en Guatemala. En la industria de materiales de construcción fomentará la ya preocupante minería ilegal", expresó Mario Orellana, presidente de la Gremial de Minas y Canteras, debido al incremento de las regalías en la minería.
Fraude de Ley
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, explicó que los artículos sobre la prohibición de inversión por medio de ONG que se incluían en la Ley Orgánica del Presupuesto fueron derogados por las normas aprobadas en el Presupuesto 2015, por lo que no ve problema en ese caso.
Sin embargo, en lo que respecta a la creación de nuevos impuestos, los diputados pudieron incurrir en fraude de ley, por utilizar el Proyecto del Presupuesto del próximo año para crear un paquete fiscal.
Orellana agregó que en caso de existir una inconstitucionalidad, en esta clase de procesos la Corte de Constitucionalidad (CC) suele demorarse un año en resolver, cuando la Ley del Presupuesto ya no es válida.
El constitucionalista Rodolfo Rohrmoser dijo que el Presupuesto 2015 tiene varios vicios constitucionales, como la aprobación desmedida de la deuda.
Rohrmoser agregó que técnicamente es incorrecto que en el Presupuesto se regulen normas tributarias y que en cuanto el plan de ingresos y egresos del Estado sea publicado, se deberá evaluar si el Congreso no cometió una inconstitucionalidad.
El abogado Mario Fuentes Destarac indicó que la medida de aprobar el Presupuesto de urgencia nacional y sin análisis ha sido muy recurrente en el Congreso, lo cual es inconstitucional, ya que la Constitución exige la discusión de este.
El Presupuesto para 2015 fue aprobado de urgencia nacional, tras una alianza entre el Partido Patriota con las bancadas Lider, Todos, Winaq y URNG, esto tras una negociación calificada como "opaca" y "poco transparente" por el bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Compromiso Renovación y Orden (Creo).
Telefónicas evalúan impacto de nuevo impuesto
Uno de los sectores "afectados" por los nuevos impuestos incluidos en el nuevo Presupuesto es el de las telecomunicaciones. A ellos se les impuso un pago de Q5 mensuales por cada línea fija o móvil que tengan. Además de una cuota de Q100 a las "centrales de llamadas o líneas concentradoras". Claro y Telefónica prefieren guardar silencio. Los representantes de Tigo indicaron que evalúan el impacto de la medida, la cual les sorprendió. "Estos cambios impuestos tienen implicaciones para varios sectores que no habían sido informados. No existen estudios técnicos que valoren los efectos sobre la economía, las empresas, y los consumidores", dijo Acisclo Valladares, director de asuntos corporativos de Tigo.
