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El Salvador: Gobierno dice desdolarizará si no se reforman pensiones

Analistas económicos consideran que la medida no resolvería el problema fiscal e incluso podría traer otros inconvenientes como mayor inflación.

2016-02-13

Por El Mundo/La Prensa Gráfica

Si no se corrigen las distorsiones de las finanzas públicas salvadoreñas que según el Gobierno son provocadas por las obligaciones previsionales, El Salvador podría caer en una condición de impago y propiciaría una desdolarización forzada, aseguró ayer el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.

"Si no se hace (la reforma a las pensiones), lo primero que se puede caer es la dolarización (…), porque eso está unido a todo el tema de la capacidad de pago del país", dijo el funcionario durante la entrevista televisiva Frente a Frente.

El secretario técnico explicó que si bien en términos macroeconómicos generales, el país "tiene números buenos", el ancla que imposibilita finanzas públicas estables y un sano sistema financiero es la deuda interna, externa y particularmente la previsional.

"Si en determinado momento el país no tiene condiciones para pagar, porque son volúmenes demasiado crecientes, demasiado grandes y que están creciendo de manera acelerada, al caer en un impago el país puede tener dificultades mayores", destacó el funcionario.

Según Lorenzana, la deuda que el Estado ha emitido para financiar los compromisos provisionales de 2001 a 2014 son US$1.232 millones en eurobonos, en deuda externa; y US$4.812 millones en certificados previsionales. Y solo este año, el Estado salvadoreño debe pagar más de US$600 millones en tal concepto.

"Estamos hablando de más de US$6.000 millones de deuda para el pago de pensiones. Este año más de US$600 millones y en los próximos dos años estaremos rondando los US$2.000 millones. Eso es insostenible para el Estado", destacó. El funcionario afirmó que esta situación impulsaría una desdolarización.

Más problemas

Sin embargo, analistas económicos como Carlos Pérez, asesor de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), y Luis Membreño, consideran que tener la posibilidad de emitir más moneda para pagar deudas no resolvería el problema fiscal e incluso provocaría mayores inconvenientes a futuro.

"En el fondo, ellos saben que eso no resuelve el problema. Desdolarizar no soluciona nada, es más, la emisión de moneda podría generar altos niveles de inflación", señaló Pérez.

De acuerdo al analista, las declaraciones de Lorenzana podrían interpretarse como "una amenaza del Gobierno de que si no les aprueban la reforma que van a presentar en la Asamblea (Legislativa), van a desdolarizar".

Pérez explicó que aunque es una política válida y "no descabellada", para que resulte y tenga menos impacto en los niveles de pobreza y devaluación de moneda, "debe hacerse en un momento de estabilidad, para que la transición sea suave. Aquí se está tomando en momentos de crisis", sostuvo.

Por su parte, Membreño recomendó a Lorenzana "ser más cuidadoso con sus declaraciones porque es un funcionario con capacidad de influir en política".

Para el economista, las advertencias de cambiar la política monetaria de manera apresurada, "preocupa, genera pánico y hace más difícil manejar el sistema financiero del país". Además, dijo, envía un mensaje dañino para la confianza de inversionistas y deteriora el potencial clima de negocios.

Gobierno que dar pensión a todos

'Hoy por hoy no esta asegurada la pensión, ni siquiera la pensión básica', expresó. Sin embargo, dijo que se está haciendo "un esfuerzo para que haya una reforma que asegure el pago de pensiones". La propuesta de ley de pensiones podría estar lista la próxima semana, dijo Lorenzana, quien además considera que las AFP deben continuar administrando los ahorros. "El Estado no tocará ese dinero" aseguró. Agregó que "pronto se conocerá quién está detrás de una campaña irrespetuosa al respecto".

La propuesta, que apunta a un sistema mixto, mantiene las edades establecidas para jubilación: 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. También contempla los mismo 25 años de cotización. En 10 o 15 años El Salvador necesitará una nueva reforma, estima el funcionario.

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