La tregua que pactó el primer gobierno del FMLN en 2012 habría incluído una serie de serie de irregularidades en las cárceles del país entre marzo de 2012 y 2013, en las que se han visto salpicadas importantes autoridades del gobierno anterior y algunas que todavía siguen en las carteras de Estado, informó El Diario de Hoy.
El juicio contra 79 supuestos cabecillas de pandillas que duró toda la semana anterior reconfirmó que el partido oficialista (FMLN) pidió a los pandilleros que le arrebataran el DUI a las personas que claramente se identificaba que votaría por el Partido ARENA en las elecciones presidenciales en el 2014, y que a cambio los instalarían en puestos importantes en el gobierno.
En 2012, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 fueron trasladados desde penales de alta seguridad a prisiones comunes. La medida habría benefiado a más 10.000 pandilleros que guardan prisión en los 19 centros penales del país, pero sobre todo los que estaban confinados en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz, más conocido como Zacatraz, según publicó La Prensa Gráfica. El periódico reportó que hasta el jueves 28 de enero un caso en reserva reveló toda la información. Se trata del caso relacionado con un ataque a una delegación policial en Quezaltepeque en abril de 2015, que habría ocurrido en venganza por la muerte de un pandillero en el penal de Izalco.
Según La Prensa Gráfica, la reserva pedida por la Fiscalía General de la República se aplicó porque implica a varios funcionarios del gobierno pasado y actual. El vocero de prensa de la Fiscalía afirmó que los fiscales encargados del caso, esperarían la finalización del proceso para emitir su postura respecto a los señalamientos de sus colaboradores. Una de las abogadas, quien por su seguridad pidió no ser identificada, afirmó que los pandilleros antes de 2012, estaban desarticulados, pero con la tregua se organizaron y se armaron.
Los beneficios a los pandilleros en la tregua
Pandilleros que se acogieron a beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en las investigaciones de las autoridades (criterio de oportunidad) han relatado cómo se tejió entre funcionarios de gobierno y las pandillas bajar el alto índice de homicidios en el país, que se redujo de 14 salvadoreños asesinados a diario a un promedio de 6, una caída del 60%.
Uno de los defensores de los acusados contó ante el estrado (jueces, fiscales y defensores) que los mediadores les prometieron que si bajaban los índices de homicidios, tendrían fiestas con mujeres en los penales de Izalco y Zacatecoluca. "Además les permitirían tener relaciones íntimas no solo con sus compañeras y esposas, sino con otras mujeres, les llevarían televisores y celulares; les introdujeron 300 celulares para que se los distribuyeran en las 19 cárceles", afirmó la defensora.
Los testigos dijeron que antes de la tregua solo tenían tres celulares y para no ser descubiertos los guardaban enterrados en las celas, que no podían usar por falta de enería eléctrica. El Gobierno instaló la electricidad en cada una de las cárceles para que los reos pudieran tener acceso a celulares, entre otros aparatos electrónicos. "Después de eso, empezaron a organizarse y hablarles a las 17 canchas o tribus para que se armaran, pero no para matar gente, porque habían hecho un pacto, de que mejorarían y que a cambio recibirían muchos beneficios", destacó El Diario de Hoy.
Los testigos señalaron que Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres fueron los negociadores del proceso y ofrecieron, a sabiendas del ministro de Justicia y Seguridad del primer gobierno del FMLN, David Munguía Payés, y del ex presidente, Mauricio Funes, beneficios a cambio de reducir el número de asesinatos.
Entrega de armas obsoletas
"Raúl Mijango platicaba con el general David Munguía Payés y este buscaba el aval con otro funcionario de alto rango, de ahí que las pandillas entregaron armas que no servían en Catedral, y a ellos les entregaron armas en buen estado, mencionaron dos de grueso calibre y dos pequeñas", relató la abogada defensora. En julio de 2012, los pandilleros entregaron 77 armas y en mayo de 2013, entregaron 154 armas. Todas eran piezas obsoletas. El desarme ocurrió en presencia del ex secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza.
Los pandilleros afirmaron que les habían prometido que les darían puestos de directores en distintas instituciones como penales, de ahí vinieron los traslados de Zacatraz a Mariona o Izalco entre otros, para facilitarles la comunicación con otros pandilleros en libertad como parte del proceso de pacificación.
Testigos relataron en el recién finalizado juicio, que por cada dos armas deterioradas, recibían aparentemente de las autoridades, una en óptima condiciones, entre ellas de grueso calibre (fusil) y armas cortas, como pistolas y revólveres, según publicó El Diario de Hoy.
Entre los beneficios también se incluyó el ingreso de mujeres y que la visita íntima se podía efectuar a cualquier hora del día. 'Estaban autorizados a realizar fiestas con reconocidas orquestas y grupos musicales nacionales e internacionales, una fue el día del reo', publicó El Diario de Hoy.
Ataque a delegación policial
Según informó la Fiscalía, el ataque a la delegación de Quezaltepeque fue planificado por pandilleros de la calle, quienes fueron avalados por los cabecillas recluidos en los penales. El ataque fue en venganza por la muerte de un pandillero (un líder) tras un enfrentamiento con policías días antes del atentado, publicó La Prensa Gráfica.
De acuerdo con el informe, la facilidad de comunicación que tienen los privados de libertad con los pandilleros de las calles permitió la organización y planificación del ataque. También tuvieron participación en el atentado a una patrulla policial que fue emboscada en la hacienda San Lorenzo, cantón El Jícaro, en San Matías (La Libertad).
El fiscal del caso argumentó que esa investigación forma parte de otro proceso, al igual que la investigación que la Fiscalía inició en contra de los mediadores de la tregua. Ninguno de esos casos ha llegado a los tribunales.
