'Tenemos que tener una estrategia de contención, de reversión (...) eso implica golpearlos, desarticular a los cabecillas, cortar la cadena de mando', afirmó Ortiz en declaraciones al canal 12 de televisión (privado).
La estrategia de seguridad contra las pandillas también busca 'cortarles su ciclo de fortalecimiento económico' lo cual pasa por 'romper la ruta (mecanismo) de financiamiento' de estas estructuras, agregó el funcionario.
Las pandillas son causantes de una buena parte de los homicidios que se cometen en el país y para sostener a sus miembros y familias venden droga y extorsionan a empresarios del transporte y comerciantes, así como a personas particulares.
El año 2015 cerró con 6.657 homicidios en El Salvador (104 muertes violentas por cada 100.000 habitantes), con lo cual el país figura como una de las naciones no afectadas por una guerra más violentas del mundo.
'A pesar que tenemos (...) una situación complicadísima de número de crímenes (...) nunca antes habíamos tenido un nivel de persecución y una estrategia en marcha para golpear y desarticular al crimen como ahora, lo que pasa es que nos va a llevar un poco de tiempo', explicó.
Ortiz atribuye la vigencia del accionar de las bandas criminales a que en los últimos 15 años hubo un 'déficit de políticas públicas para enfrentarlos y contener la expansión'.
Desde que asumió funciones en 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén optó por reprimir las pandillas y descartó negociar una tregua como la que facilitó su antecesor Mauricio Funes, con lo cual los homicidios se redujeron en forma significativa de 14 a 5 por día.
El combate a las pandillas, según el vicepresidente, 'está siendo duro' por la pérdida de efectivos de la Policía y del Ejército.
En 2015 un total de 85 efectivos de las fuerzas de seguridad fueron asesinados por las pandillas cuando se encontraban usufructuando licencia.
Al inicio del año, las bandas criminales comenzaron a asesinar a familiares de policías y militares para sembrar el terror en la población.
Las pandillas, según estimaciones de las autoridades, cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 están encarcelados.
