El Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, agrupación que aglutina a miles de campesinos nicaragüenses que serían afectados por el proyecto del Gran Canal de Nicaragua, aseguró que mañana 27 de octubre marcharán unos 10.000 campesinos demandando la derogación de la Ley 840, que otorgó la concesión de un canal interoceánico por 50 años renovables a la empresa HKND, propiedad del empresario chino Wang Jing.
Sin embargo, Octavio Ortega, presidente del capítulo de Managua del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, aseguró que los transportistas propietarios de camiones, contratados para trasladar a los manifestantes, han recibido un sinnúmero de presiones por parte de las autoridades del ministerio de Transporte y por parte de los mandos de la Policía Nacional.
Ortega, en conferencia de prensa, aseguró por ejemplo que transportistas de la zona de Nueva Guinea, una de los municipios afectados por la potencial ruta canalera, se negaron de última hora a facilitar sus unidades para trasladar a los manifestantes de esa zona de la región Caribe Sur de Nicaragua porque recibieron amenazas de ser incendiadas. Sin embargo no aportó nombres.
Asimismo, dijo que este tipo de presiones han recibido también transportistas de otros municipios beligerantes contra el proyecto del canal entre ellos El Tule y El Chile. Por otra parte, criticó que el gobierno de Daniel Ortega, a través de su brazo juvenil, la Juventud Sandinista, esté convocando también mañana 27 a una contra marcha bajo el lema de "Caminata Trabajo y Paz…Unida Nicaragua Triunfa!", en horas de la tarde.
"La estrategia del gobierno para impedir nuestra movilización es sacar a la calle a empleados públicos para intimidar a los pobladores de Managua, pero esperamos que miles de capitalinos salgan a apoyar a los hermanos campesinos que vienen a protestar de manera cívica y pacífica contra la Ley 840", dijo Ortega.
El líder opositor al proyecto canalero aseguró que sus expectativas son "enormes", ya que estiman que se movilizarán alrededor de 10.000 campesinos provenientes de decenas de comunidades rurales, cuyas propiedades serían expropiadas a lo largo de la ruta trazada del proyecto interoceánico de 290 kilómetros de extensión.
De acuerdo a Ortega, la marcha saldrá frente a las instalaciones del diario opositor La Prensa y recorrerá alrededor de 5 kilómetros para desembocar en la sede de la Asamblea Nacional, donde tienen contemplado permanecer varios días, hasta lograr supuestamente que se derogue la Ley 840 y las leyes y acuerdos conexos.
Esta es la tercera Marcha Nacional contra el Canal y la número 53 que impulsa el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, a lo largo de los municipios potencialmente afectados.
Simpatizantes en las rotondas
A partir de hoy por la mañana, y a lo largo del día, se han observado a decenas de simpatizantes sandinistas apostados con banderas rojinegras y azul y blanca en las rotondas de acceso a la capital, por donde pasarán los manifestantes mañana que acudan a la Marcha Nacional contra el Canal. Este despliegue de fuerza se ha interpretado como una intimidación oficial.
"Esto es un comportamiento recurrente del gobierno, cada vez que la ciudadanía se quiere expresar, inmediatamente organizan una contra marcha. Lo que refleja es el miedo que le tienen a la libertad de expresión", dijo Violeta Granera, coordinadora del Movimiento por Nicaragua, una coalición de la sociedad civil.
Granera aseguró que a los ciudadanos que se movilizarán contra el proyecto canalero los anima un espíritu de paz, de resistencia política no violenta. "Tenemos derechos a movilizarnos y esperamos que el gobierno no cometa la imprudencia de provocar y atacar la movilización", insistió.
En 2008, a raíz de las elecciones municipales, que fueron calificadas de "fraudulentas" por la oposición, el entonces candidato Eduardo Montealegre llamó a una movilización de protesta en la capital, sin embargo ésta no pudo salir del lugar de concentración porque miles de simpatizantes sandinistas, armados de garrotes, palos y hasta machetes, se apostaron a lo largo de los cuatro puntos cardinales y sembraron el miedo.
"Nada va a detener esta movilización porque tenemos derechos a hacerla. Ellos dicen que son dueños de las calles, nosotros también somos dueños de las calles. Ellos pueden manifestarse a favor del canal, y nosotros a manifestarnos en contra de esa oprobiosa ley", afirmó Granera refiriéndose a la Ley 840.
Obispo llama la prudencia
Por su parte Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, recordó que la población tiene el derecho constitucional de manifestarse públicamente, por tanto exhortó a los marchistas contra el canal a hacerlo de forma pacífica, evitando cualquier tipo de provocación.
"El gobierno tiene también la obligación de escuchar", señaló monseñor Báez, y pidió que las autoridades tomen más en cuenta la voluntad y la opinión de las comunidades directamente afectadas por la ruta canalera, así como de los ambientalistas y de los científicos que han expresado su preocupación por los daños potenciales al Lago de Nicaragua y al medio ambiente.
Por otra parte, criticó que el gobierno promueva contra marchas. "Me preocupa que se repita constantemente esta estrategia de organizar contra marchas, cuando está organizándose una marcha que viene a ser crítica del gobierno, de su proyecto. Las contra marchas no son beneficiosas, son riesgosas", insistió el dirigente de la Iglesia Católica nicaragüense.
Un país dividido
La última encuesta de opinión de la firma M&R Consultores, realizada entre el 1 de septiembre y 14 de octubre, en un universo de 1.698 entrevistados a nivel nacional, confirma que Nicaragua es un país dividido con respecto al proyecto canalero.
El 55,7% de la población encuestada aprueba totalmente el proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, de acuerdo a los resultados de M&R Consultores. Por tanto, hay un 47,3% de la población nicaragüense que lo desaprueba parcial o totalmente.
Por otra parte, ese índice de aprobación viene reduciéndose con el paso del tiempo, ya que en septiembre del año pasado marcaba 61,4%. En cambio, la desaprobación viene en aumento, ya que en ese periodo de 2014 correspondía al 38%.
No obstante, es innegable también que el proyecto canalero, junto a la campaña mediática a favor del mismo por parte del gobierno de Daniel Ortega, ha despertado esperanzas en Nicaragua, un país donde el mayor problema es el desempleo.
Al preguntar, "si usted como ciudadano, quisiera o no quisiera que se lleve a cabo la obra del Canal interoceánico?", el 74,7% respondió positivamente y 20,4% negativamente.
Al ahondar en las razones de uno y otro, los que sí quieren el proyecto del canal interoceánico se inclinan porque generará empleos (74,3%) y porque traerá consigo el desarrollo del país (25,7%).
En cambio los que se oponen, valoran en su gran mayoría (57%) que provocará graves daños al medio ambiente y perjudicará a los pobladores asentados desde hace generaciones en la ruta trazada por HKND.
Finalmente, cabe señalar que 84,7% de los nicaragüenses se muestran en desacuerdo de participar en marchas de protestas o en el cierre de calles o carreteras, para conseguir o lograr banderas políticas.
