Claves Del Día
Fecha de publicación: 2015-10-22
Jaime Rosenthal, líder de Grupo Continental. Asegura que podrán demostrar su inocencia. (Foto: Archivo)

Caso Rosenthal: empresas donde tienen menos del 50% seguirán operando

Una misión del gobierno hondureño fue a Washington a explicar las acciones tomadas en el país en torno a las empresas de la familia Rosenthal, acusada de lavar dinero del narcotráfico. Tras la reunión, el gobierno anunció; "Estados Unidos permite que las empresas en las que los Rosenthal tienen menos del 50% de las acciones pueden seguir operando para garantizar los empleos".

Por: Agencias

El gobierno hondureño aseguró la noche del miércoles que recibió el apoyo de Estados Unidos en las incautaciones de bienes a la familia Rosenthal, señalada por el Departamento del Tesoro y tribunales de Nueva York y Miami de narcotráfico y lavado de activos.

El ministro coordinador del gobierno, Jorge Hernández Alcerro, afirmó en una comparecencia ante la prensa que encabezó una comisión en una visita a Washington la presente semana para reunirse con autoridades y discutir las acciones tomadas contra Jaime Rosenthal, su su hijo, Yani, y su sobrino Yankel.

Las autoridades de Estados Unidos "felicitaron al gobierno hondureño por las decisiones adoptadas" contra la familia Rosenthal y expresaron su mejor disposición "seguir cooperando para que juntos logremos una Honduras segura, libre del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos", añadió.

Explicó que Estados Unidos permite que las empresas en las que los Rosenthal tienen menos del 50% de las acciones "pueden seguir operando" para garantizar los empleos.

El Departamento del Tesoro sorprendió el pasado 7 de octubre al involucrar a Jaime Rosenthal, catalogado como uno de los hombres más ricos de Honduras y exvicepresidente 1986-90, y a sus familiares en tráfico de drogas y lavado de activos. Yankel había sido detenido en Miami un día antes.

Estados Unidos intervino siete negocios de la familia incluyendo el Banco Continental. En seguida el gobierno hondureño ordenó el cierre del banco y les incautó más de una veintena de propiedades.

La familia negó los cargos y según versiones de la prensa local ha contratado prestigiados abogados estadounidenses para su defensa.

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