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Fecha de publicación: 2015-10-07
“La rendición de cuentas que hacen los partidos políticos sobre sus gastos de campaña es una burla a la autoridad electoral", dice Manfredo Marroquín, titular de Acción Ciudadana. (Foto: Archivo)

ESPECIAL E&N: financiamiento político en Centroamérica: ¿cuándo nos haremos cargo?

Tanto la legislación que regula los fondos que reciben los partidos como el esquema de controles registran debilidades importantes que facilitan la corrupción.

Por: Gabriela Origlia - estrategiaynegocios.net

Los niveles de corrupción en Centroamérica determinan que, cada año, la región pierda dos o tres puntos de crecimiento del PBI y, en consecuencia, de mejora de la calidad de vida de su gente. Expertos en el tema coinciden en que el sistema de control del financiamiento de los partidos políticos es una de las fuentes de los problemas.

La mayor transparencia sobre los dineros que reciben los políticos debiera ser un aporte a la institucionalidad.

Está comprobado en todo el mundo la capacidad para influir en las decisiones públicas que tienen quienes individualmente o a partir de grupos de interés financian campañas. Esa influencia puede abarcar desde cupos de importación, a prioridades en licitaciones hasta procesos judiciales. El riesgo de que el esquema sea poco regulado y opaco es para la democracia en su conjunto.

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En la región el financiamiento es tanto público (el Estado entrega recursos a los partidos) como privado. Es éste el que concentra la mayor atención y preocupación. La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) señala que, en ese país, el sistema es “complejo y se presta a corrupción”.

En la presentación del Informe del Financiamiento de la Política (donde el organismo aborda la relación dinero-política y el financiamiento ilícito), el comisionado Iván Velásquez Gómez recordó que, de acuerdo al Tribunal Superior Electoral (TSE), en la campaña electoral 2011 más de 300 millones de quetzales (US$39 millones) no fueron reportados como ingresos de los partidos aunque se usaron en la campaña electoral.

Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala (Incep), su director Rubén Hidalgo, plantea que no hay una legislación bien desarrollada, que genere criterios no sólo para la recepción sino para el control y la penalización de aquellos que no respeten las normas: “Los partidos son máquinas electorales que apuestan a recaudar, que se comprometen con los financistas con garantías de altos niveles de impunidad”.

Agrega que los tribunales electorales carecen de desarrollo institucional suficiente para controlar y que los actores partidarios tienen un campo de acción más amplio para invisibilizar su fuente de financiamiento.

“Entregan información maquillada escondiendo las grandes fuentes de financiamiento argumentando los altos niveles de inseguridad”, señala.

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El politólogo , ex vicepresidente segundo de Costa Rica y actual secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Casas Zamora plantea en una investigación sobre el tema que lo países centroamericanos disponen, en general, de una limitada regulación de las donaciones políticas. Guatemala, El Salvador y Panamá no imponen restricción alguna a la recepción de contribuciones de nacionales o extranjeros. Las legislaciones nicaragüense, hondureña y costarricense se han separado de este enfoque en distintos grados.

Nicaragua y Honduras prohíben las donaciones anónimas y las de instituciones estatales o mixtas; la legislación hondureña añade la interdicción de las donaciones políticas de concesionarios estatales, a la vez que no acepta fondos extranjeros, al igual que en Costa Rica.

Definitivamente, para Casas Zamora los controles en la región son “débiles”. De acuerdo a su análisis, la liberalización de las contribuciones extranjeras en Nicaragua no es sino el reconocimiento legal de una realidad: una de las principales fuentes de financiamiento privado para los partidos es el empresariado nacional, y no sólo el que resideen el país sino el radicado en Miami, también.

El fenómeno se replica en Guatemala y en El Salvador, donde parte importante de lo recaudado por los partidos proviene de las organizaciones de la numerosa diáspora del país en los Estados Unidos).

Desde México, Enrique Justo Bautista, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (uno de los más complicados en la materia por la filtración del dinero narco en las diferentes instancias de gobierno del Estado) advierte que en toda Latinoamérica hay avances en materia legislativa, aunque queda mucho por hacer en el área de fiscalización.

En el caso mexicano se instrumentaron acuerdos entre organismos para el cruce de información ya que el desafío es saber de dónde proviene el financiamiento, un aspecto común a todos los países.

“Se ha trabajado en instrumentar auditorías, armar estructura de unidades de inteligencia financiera, verificar movimientos en cuentas bancarias, controlar que no se despliegue más propaganda que la registrada –subraya-. Se busca evitar que se originen huecos por donde se pierda información y fondos. El gran reto es lograr una cultura de la clase política y de quienes pretenden gobernar de respeto a la legalidad”.

CÓMO ES LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO DE GUATEMALA

Estructuras permeables

El informe de la CICIG enfatiza que el financiamiento de la política y de las campañas electorales es un asunto central para las democracias y que la escasa regulación conduce a la “vulneración de los principios de igualdad ciudadana y equidad en la competencia”. Define los gastos en las campañas electorales de Guatemala como “excesivos y desproporcionados”.

El reporte indica que los partidos con expectativa de éxito electoral son los que exceden gastos de campaña sin explicar el origen de los fondos; que la mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción y que ese “sistema perverso ha moldeado a los partidos”.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, admite que las empresas que están vinculadas a actos de corrupción “deben dejar de operar”. Briz reconoce una “enorme preocupación” por lo que está pasando en su país: “Deja al descubierto que los partidos políticos no nos representan; se requieren cambios estructurales en su regulación porque no son interlocutores válidos entre la población y los gobiernos”.

El dirigente empresarial chapín señala que la misma corrupción que se registra en el financiamiento se traslada “magnificada, al ejercicio del poder en el país. Todo aquel que se presta a la corrupción no es un empresario, es un delincuente”. A su entender hoy Guatemala cuenta con un sistema “secuestrado por políticos corruptos” y el Congreso “no responde a las exigencias de la población porque desean seguir manteniendo lo que los favorece”.

“La rendición de cuentas que hacen los partidos políticos sobre sus gastos de campaña es una burla a la autoridad electoral", afirma Manfredo Marroquín, titular de Acción Ciudadana (capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional). "Los informes dan cuentas muy inferiores a las realmente invertidas eso sin tomar en cuenta los gastos de campaña que realizan candidatos a alcaldes y diputados en los municipios y departamentos de todo el país que gastan a manos llenas sin rendir cuentas a nadie”.

A su criterio, rigen normas “totalmente desfasadas y contradictorias producto de un mal diseño electoral”. Sostiene que el accionar ético de los competidores es “inexistente” en la cultura política de Guatemala. "La competencia se fundamenta en el “monto a invertir y en la compra de las candidaturas”, afirma con total contundencia.

Entre las recomendaciones de la CICIG para avanzar en soluciones (que son válidas para toda la región) se cuenta: limitar las campañas electorales; reducir el financiamiento privado; fortalecer la coordinación institucional; reformar el sistema de financiamiento y avanzar en transformaciones electorales.

Briz afirma que la comunidad toda –incluyendo a los empresarios– debe seguir presionando, no sólo a los actuales funcionarios sino dejándole claro a quienes sean electos que “estamos cansados de este esquema de corrupción que llevó al país al fracaso y a la pobreza porque los recursos nunca alcanzan para cubrir necesidades en infraestructura, educación, salud. El 40% se va en corrupción e ineficiencia”.

“Las élites empresariales guatemaltecas no han querido articular un proyecto o partido propio, ya que a través de distintos medios han logrado mantener un predominio que les permite, hasta cierto punto, bloquear aquellas decisiones que podrían afectarles e impulsar las que les benefician; en la influencia sobre el Congreso y el Ejecutivo es determinante el papel que desempeña el financiamiento de la política y las campañas electorales ya que como parte de los acuerdos que posibilitan las donaciones de campaña, algunos grupos empresariales han logrado colocar como diputados a operadores directos de sus intereses”, critica la CICIG.

A ese diseño lo encuadra como “franquicias electorales”: un grupo de ciudadanos alrededor de un dirigente cumple los requisitos mínimos para inscribir un partido y, en cada elección, lo pone a disposición de personas interesadas en postularse y, en caso de que no cuente con una oferta satisfactoria, lo reserva para la siguiente elección. Como casos extremos menciona Ciudadanos Activos en Formación Electoral (Café), Partido Libertador Progresista (PLP) y Movimiento Reformador (MR), entre otros.

CORRUPCIÓN Y POLÍTICA: RELACIÓN PELIGROSA

Camino por andar

Para el analista José Dávila los financiamientos no transparentes “prostituyen” la política y los gobiernos. Las empresas buscan apoyar a los partidos con chances electorales porque es una manera de asegurar mecanismos clientelares posteriores.

Hidalgo insiste en que la legislación de toda Centroamérica hay “porosidades, debilidades, huecos” y esos vacíos legales se aprovechan y se convierten en ”vehículos de intereses”. Vincula esos inconvenientes a una marcada ausencia de cultura política en general en Latinoamérica, donde la ciudadanía aparece menos interesada en conocer “la cosa pública, la institucionalidad; se interesa más en sus proyectos individuales”.

“No hay estado de derecho, eso es una constante en la región –añade-. Dejamos espacios para que los partidos se manejen como clubes de amigos, que nadie les demanda apertura, ni los cuestione. Los tribunales son incapaces también porque en general las instituciones son muy débiles, no hay interrelación y la separación facilita las violaciones”.

El investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fernando Spross, apunta que una de las áreas en las que la corrupción pega más fuerte es en la de obra pública. El informe de la CICIG le da la razón: “Ess el flujo de recursos para la obra pública el que alimenta de manera principal el financiamiento de la política; promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas involucradas con estos grupos; y finalmente contribuye al empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca, pues los fondos públicos se desvían de los objetivos previstos”.

Agrega que la corrupción en la obra pública opera en todos los niveles y abarca desde empresas “transnacionales que pagan sobornos a diputados y otros funcionarios para conseguir proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes o diputados que se adjudican obras que, en muchos casos, están sobrevalorados, no se realizan o se construyen con estándares mínimos de calidad”.

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