Centroamérica crecerá este año a un 4% promedio; el nivel está por encima del proyectado para Latinoamérica (2,2%, según Cepal).
Sin embargo, ese potencial adicional pudiera ser mucho mejor aún. ¿Qué está amarrando a las fortalezas del Istmo? Expertos evalúan que esa evolución económica podría sumar dos o tres puntos adicionales si se lograra eliminar la corrupción.
Por si sólo, el número ofrece una dimensión de la magnitud del problema en una región que, a su vez, debe invertir hasta 8% de su PIB para enfrentar el fenómeno de la violencia. En cálculos rápidos: si Centroamérica pudiera, cuanto menos, reducir a la mitad sus gastos en seguridad y neutralizar el impacto negativo de la corrupción podría tener un crecimiento anual del orden del 6% al 8% promedio. Los centroamericanos ¿están dispuestos a seguir perdiendo su presente e hipotecando su futuro de esta forma?
En este 2015, la corrupción dejó de ser en la región una ‘verdad de Perogrullo’, y se transformó en un tema crítico de agenda. El sector privado empezó a manifestarse con preocupación (sobre todo, porque la mayoría de países demandan de más impuestos para solventar gastos públicos sin control ni eficiencia); la sociedad civil (representada en sus diversas instancias) empezó a tomar acción (afectada en su seguridad, suslibertades y derechos) y los gobiernos quedaron expuestos en la vulnerabilidad que significa estados atravesados por estructuras corruptas.
Muy lentamente (quizá), pero a la vez muy dramáticamente, la sociedad centroamericana está despertando a una verdad irrefutable: los países más transparentes son también los más desarrollados, y hace tiempo que la región se ha apartado de ese camino.
Hay estudios que señalan que por cada cinco puntos que empeora la percepción de corrupción en Centroamérica, la Inversión Extranjera Directa (IED) cae el 6,6%; además, baja la competitividad y los ingresos de la población. Indirectamente, mayores niveles de corrupción reducen los recursos del Estado, lo que a su vez aumenta el endeudamiento, y reduce el gasto social.
Philip Nichols, profesor de Estudios Jurídicos y de ética en los Negocios de Wharton (Universidad de Pennsylvania) es tajante: "El costo de la corrupción no se limita al dinero robado sino al crecimiento perdido por desvío de fondos que debieron financiar proyectos de desarrollo, de infraestructura, de educación", afirma. Nichols también incluye en ese costo, los gastos extras que las empresas afrontan para "proteger" sus inversiones, "lo que pagan porque no pueden confiar" en las instituciones gubernamentales y el "tiempo adicional" que les insume la relación con los gobiernos.
Consultado puntualmente sobre Centroamérica, el experto explica que la corrupción en la región también se refleja en la "degradación de la salud de las personas y del medio ambiente, en las tasas más bajas de la inversión extranjera y del turismo, así como en los más altos índices de criminalidad".
Desgaste institucional
En el último índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional el año pasado, entre 175 países, Costa Rica aparece como el país centroamericano mejor posicionado, en el puesto 47.
Después se ubicaron El Salvador (80), Panamá (94), Guatemala (115), Honduras (126) y Nicaragua (133). El ranking es liderado por Dinamarca con 92 puntos sobre cien; Nueva Zelanda (90) y Finlandia (89).
Si a ese listado se le superpone el registro de la inversión extranjera directa que ha llegado a la región, se observa que en 2014, Costa Rica recibió un total de US$ 2.600 millones; Guatemala, US$ 1.200 millones; Honduras, US$ 1.000 millones y El Salvador, apenas algo más de US$ 200 millones.
"Los dólares van a donde hay mejor institucionalidad y también ese es el destino que eligen las empresas de mayor valor agregado", resume Pedro Argumedo, investigador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) de El Salvador.
Si 2015 queda inscripto en la historia de la región como el año del quiebre de la tolerancia social hacia la corrupción es porque todos los países (con la excepción de Costa Rica) están registrando hechos de corrupción de alto calibre, que en mayor o menor medida han sacudido a la opinión pública.
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En Honduras fue el mega desfalco al Instituto del Seguro Social (IHSS) por más de US$300 millones. En Panamá hay causas judiciales abiertas por pago de coimas para la obra pública y sobreprecios en compras del Estado para programas sociales, ocurridos durante la gestión de Ricardo Martinelli.
En Guatemala estallaron casos en efecto dominó: desde tráfico de influencias, pasando por supuesto lavado de dinero desde altas esferas del gobierno, hasta fraude en el sistema aduanal y recaudatorio.
Aunque en forma menos expuesta, aún, la situación no es mucho mejor en Nicaragua: según el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Semana y Confidencial, en el país hay "transparencia cero".
Denuncia que la administración de Daniel Ortega debería ser analizada como un estudio de caso sobre el "desmontaje del estado de derecho y sus efectos perniciosos en la corrupción y la impunidad" aunque, paradójicamente, "florecen las oportunidades de negocios para el sector privado, pese a las dudas monumentales que pesan sobre la sostenibilidad del modelo".
Mientras que en El Salvador, hay un caso judicializado a la luz pública (el del ex presidente Francisco Flores, por supuesta apropiación de fondos de la cooperación taiwanesa) pero sobrevuelan las sospechas sobre el turbio manejo de la contabilidad del complejo empresarial ALBA Petróleos, que navega entre la gestión del estado nacional, el partido FMNL, las municipalidades del mismo signo político y una nueva clase empresarial surgida al amparo del partido en el gobierno.
Para el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fernando Spross, la corrupción es "sistémica, común y reconocida como algo normal". Y lo peor es que "afecta a las mismas entidades que la deben investigar, juzgar y sancionar".
Según Spross, para un diagnóstico económico habría que determinar el monto de los recursos públicos que están expuestos a la corrupción, cómo se gastan, en qué rubros y las condiciones que facilitan esas acciones. Por caso, en Guatemala, el 19,7% del presupuesto son gastos de capital (segmento más expuesto a la corrupción).
De acuerdo a Fundesa, otros rubros vulnerables son las compras de productos farmacéuticos e insumos hospitalarios, gastos de alimentación, combustibles, abonos y fertilizantes, arrendamientos y servicios de divulgación e impresión. Además, en Guatemala, "buena parte del gasto público se ejecuta por fideicomisos, que no están sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría", apunta Spross.
Desde una mirada exterior, Alejandro Ponce, investigador jefe del World Justice Project, señala -en base al índice de Estado de Derecho, de Transparencia Internacional que la malversación de fondos sigue siendo un "reto importante" a superar para Centroamérica.
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De hecho, Guatemala, Nicaragua y Honduras figuran entre los cinco países latinoamericanos con más baja calificación en ese índice, junto a Bolivia y Venezuela. Ponce advierte que existe una brecha creciente entre las percepciones y las experiencias de corrupción, tal vez porque "pasó de las calles a las más altas esferas del poder". Y esto comenzó a ser reconocido (y padecido) por el sector privado. Límite a los negocios "La comunidad internacional percibe que algo está pasando y que debe corregirse.
El sistema judicial es débil y la institucionalidad es pobre", reconce el doctor Terencio García, director del bufete García & Bodán, de Nicaragua. "Hay que encarar un trabajo arduo sobre la cultura política y en la educación de los jóvenes", advierte García. Los estudios de organismos internacionales coinciden en que a mayor corrupción menor desarrollo; en donde hay más estado de derecho y más transparencia el crecimiento puede aumentar entre dos y tres puntos por año.
"Definitivamente, la corrupción afecta el clima de inversión; los empresarios toman decisiones en base al clima de negocios y eso incluye el apego a la legislación y a la transparencia", dice García, quien integra también la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
En el caso de El Salvador, una encuesta realizada por Fusades muestra que el 40% de los empresarios ubica a la corrupción en tercer lugar entre los factores que quitan incentivos para invertir. Le asignan el quinto puesto como ítem que afecta el crecimiento de sus compañías. En el índice de Competitividad Global (que mide a 144 naciones), en el aspecto ligado a pagos irregulares y sobornos, El Salvador obtiene el lugar 95.
En el mismo estudio, los indicadores de desvío de fondos públicos y despilfarro del gasto público colocan a Guatemala en la posición 127 y 128; la corrupción es la segunda razón más importante que impide hacer negocios en el país con el 16,4% de respuestas. Estos datos, indica Argumedo, muestran cierta "resignación en la práctica" respecto a las soluciones posibles. "Hay una especie de acomodamiento que -comenta- va de la mano con un problema que Fusades viene observando: el aumento de regulaciones que obligan a más contacto personal (con los agentes públicos) y generan más discrecionalidad, lo cual, al final, puede convertirse en cobro de sobornos".
Sin duda, la excesiva tramitología es lo que siembra de corrupción el camino que deben transitar los negocios para poder operar formalmente. El informe Doing Business 2014, del Banco Mundial, muestra que para abrir un negocio en El Salvador se necesitan 17 días (en Panamá, sólo cinco, y si miramos países como Nueva Zelanda, el trámite demanda apenas medio día).
En ese proceso de apertura de un negocio, un salvadoreño tiene que enfrentar un costo que llega a 46% del ingreso per cápita (US$3.580), sin contar el ‘costo extra’ que pudiera pagar por ‘favores’ para agilizar el trámite. "Hay una aceptación de cierto status quo - coincide el doctor Terencio García, de bufete García & Bodán-.
Como hay empresas con importantes niveles de rentabilidad no dimensionan la mejoría que lograrían en un clima de respeto a la ley, de transparencia, de buenas prácticas". Y esto que expresa el doctor García se vuelve cada vez más significativo en una economía con enorme potencial y atractivo para las empresas como la de Nicaragua (que viene creciendo al 5%).
En este país, sin embargo, se requieren 36 días para abrir un negocio, enfrentando un gasto equivalente al 77% del ingreso per cápita (US$1.650). El mayor ‘cuello de botella’ que enfrentan las empresas se da a la hora de conseguir permisos para la conexión de electricidad, permisos de construcción y hasta registro de propiedad.
Según el titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, esto no cambia, directamente, por "falta de voluntad política". Aunque todas las fuentes coinciden en que los empresarios no computan abiertamente el costo de la corrupción, también todas reconocen que de manera indirecta la incluyen en sus presupuestos.
La encuesta de Empresas del Banco Mundial, que se realiza en 135 países, analiza -entre otros aspectos- la incidencia de soborno para conseguir contratos con el Estado, licencias de explotación o permisos de construcción. Por caso, en República Dominicana, el 65% de los consultados identifican a la corrupción como una limitación para los negocios; el 37% espera tener que dar algo a cambio para obtener una licencia de importación, y el 33% para asegurarse un contrato.
