América Latina, la tierra de las paradojas y de los extremos. De las grandes esperanzas y de las irremediables frustraciones. Mejorar la calidad institucionalidad en la región es, al mismo tiempo, una asignatura pendiente y una prioridad que se debe abordar con urgencia y de manera inteligente si se desea resolver estas antinomias.
"No cabe ninguna duda de que el avance logrado en estas tres décadas y media en materia de elecciones libres y justas, así como en relación con la vigencia y el respeto de los derechos humanos y la democratización es significativo, es un activo que debemos reconocer y valorar. Sin embargo, subsisten importantes amenazas: regímenes populistas, hiperpresidencialismos, fiebre reeleccionista y acoso a la libertad de expresión", afirma Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes del 2014, de acuerdo a la revista española de política Esglobal.
Desde la perspectiva de Zovatto, la agenda de reformas que este año deberían asumir los gobiernos de la región ("con carácter urgente", sostiene) para hacer frente al nuevo panorama económico, social y político es amplia y compleja pero, también, determinante para su futuro.
"Existen déficits importantes así como grados diversos de fragilidad institucional entre los que destacan problemas que afectan la gobernabilidad y el estado de derecho, la independencia y la relación entre los poderes, así como elevados niveles de corrupción y de inseguridad ciudadana", detalla el experto.
"Todos estos déficits, unidos a la alta desigualdad (una de las más elevadas a nivel global) y al hecho de que pese a los importantes avances, aun haya un 28% de la población latinoamericana viviendo en la pobreza afectan la calidad de la democracia en América Latina".
FINANCIAMIENTO POLíTICO Y CORRUPCIóN- FUENTE: TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Para profundizar sobre el alcance e impacto que tendrán en la región estos temas, mantuvimos con Zovatto el siguiente diálogo.
Desde el punto de vista institucional, ¿cuál es la mayor debilidad que usted percibe se afianzó en Latinoamérica y pone en riesgo su calidad democrática?
La corrupción ha sido una constante histórica en la gran mayoría de los países de la región, y todo indica que este flagelo es uno de los problemas más graves y persistentes de América Latina. La corrupción y la percepción de corrupción ha sido uno de los factores más significativos a la hora de moldear la confianza que los ciudadanos latinoamericanos tienen actual-mente acerca de las instituciones públicas.
En otras palabras, es una de las razones que contribuye, de manera importante, a los altos niveles de cinismo y desconfianza que existen actualmente en nuestra región. De hecho, el Barómetro Global de Corrupción, que Transparencia Internacional publicó en 2013 (NdR: incluye a 11 países de la región, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), muestra que los partidos políticos son la institución que en América Latina es percibida como la más corrupta: 78% en el sondeo afirma que son "corruptos" o "muy corruptos".
Este porcentaje está muy por encima del promedio global de la encuesta, que es de 64% e incluye un total de 114 países de todo el mundo. Los parlamentos y/o Congresos son los segundos que más sospechas de corrupción despiertan entre la población. Un 71% considera que el poder Legislativo es "corrupto" o "muy corrupto", un porcentaje nuevamente muy por encima del promedio global que es de 57%. A ello se suma la alta desconfianza ciudadana, en términos de permeabilidad a las prácticas de corrupción, respecto de instituciones como el poder Judicial y la policía.
¿La corrupción es privativa de los sistemas políticos o aparatos del Estado?
No. La corrupción no es un problema exclusivo de la política o de las entidades del Estado. La ola privatizadora que, en mayor o menor medida, ha recorrido la región en las últimas dos décadas ha con-tribuido a moldear la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la corrupción. Los bajos niveles de confianza que arrojan las grandes empresas privadas en varios sondeos de opinión de carácter regional son un indicio de ello.
Casi el 45% de los encuestados latinoamericanos afirma que el sector empresarial de sus países es "corrupto" o "muy corrupto". Como la corrupción se relaciona con el dinero, y con el poder de ese dinero, en un porcentaje importante de ciudadanos se instala la sensación de que, detrás de las cortinas de nuestras democracias, se ejercen negociaciones ocultas entre poderes fácticos poderosos, cuyos resultados en primer término favorecen a los involucrados, pero no necesariamente a la población en general. Y esta percepción obviamente socava peligrosamente los fundamentos democráticos de la sociedad.
PERCEPCIóN CIUDADANA DE LA DEMOCRACIA - FUENTE: CB24
El financiamiento de la política seguramente está en el punto de mira de esa percepción de corrupción…
Absolutamente. El ámbito que mejor ilustra las sospechas de corrupción y la opacidad que existe en las altas esferas del poder en cuanto a cómo se con-quistan influencias, es la relación entre el dinero y la política, un tema clave en mi opinión para la salud y la calidad de nuestras democracias.
En efecto, si bien la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de funcionamiento. El dinero (público y privado) es necesario en la vida política, pero precisamente por ello hay que regularlo adecuada y eficazmente para que no termine corrompiendo el sistema democrático. Y si bien debemos reconocer que ha habido avances legislativos para regular estos vínculos, el financiamiento de la política (desde las campañas electorales pasando por el lobby corporativo para lograr leyes favorables o las adjudicaciones de grandes contratos del Estado a entes privados) sigue siendo uno de los aspectos más opacos de las democracias de la región.
Por ello no es de extrañar que en la encuesta de Transparencia Internacional, los ciudadanos de ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colom-bia, El Salvador, Jamaica, México y Uruguay) consi-deraran, como le comentaba, que la institución más afectada por la corrupción son los partidos políticos. A esta opacidad y percepción de co-rrupción se suma el hecho de que, en muchos países de América Latina, no existen mecanismos claros de rendición de cuentas por parte de instituciones públicas, o mecanismos para acceder a información pública confiable, lo que, merecidamente o no, contribuye a incrementar la desconfianza ciudadana con el gobierno y las principales instituciones de la democracia representativa.
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¿Cuáles son las naciones más complicadas en esta materia y cuáles vienen haciendo mejor su tarea?
Según el índice de Transparencia In-ternacional 2014, que coloca una puntuación según el nivel de percepción de corrupción en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio), América Latina muestra un estancamiento al comparar la situación actual de la corrupción con respecto a la de 2013 y2012.
Venezuela está entre los 10 países con sectores públicos más corruptos en todo el mundo. Pero, entre los países latinoamericanos no es el único, Paraguay y Nicaragua (puesto 133) también aparecen entre las naciones más corruptas de América Latina con calificaciones por debajo de los 29 puntos. Honduras, si bien también tiene elevados niveles de percepción de corrupción, es de los países que han mostrado uno de los avances más llamativos en la región en el último año: mejoró 14 puestos ubicándose en el puesto 126.
Este progreso muestra que el cambio de gobierno (a inicios del 2014) produjo una mejoría en la imagen del sector gubernamental y de las instituciones públicas. Habrá que ver si Honduras se mantiene en este curso positivo o si regresa a la situación anterior.
El tercer país latinoamericano con mejor puntuación, después de Chile y Uruguay, es Costa Rica. Guatemala registró también un avance al mejorar tres puntos con respecto al año 2013, aunque se mantiene en un modesto puesto 115. Panamá también tuvo una mejora, subiendo ocho puestos hasta colocarse en la posición 94, si bien actualmente existen numerosas denuncias y varios procesos abiertos en relación con posibles hechos de corrupción llevados a cabo durante el pasado gobierno del ex presidente Martinelli.
Además de la corrupción, la violencia es el otro tema que domina la agenda de la región. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene sobre la situación?
Definitivamente, la inseguridad es actualmente la principal preocupación de los latinoamericanos (así lo demuestran las encuestas de LAPOP y del Latinobarometro) y uno de los problemas más graves que vive América Latina. Con intensidades diferenciadas entre países, podemos asegurar que la región sufre una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos.
Latinoamérica y el Caribe tienen la tasa de homicidios más alta del mundo: 23 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2012, según los datos de Naciones Unidas. Es más del doble de la tasa del áfrica subsahariana (11,2 homicidios), la segunda región en la clasificación. Uno de cada tres homicidios en el mundo se produce en América, y el 30% de ellos está relacionado con bandas. Centroamérica supera la media, con 34 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En Sudamérica, la tasa es de 17.De todos modos, el deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. Hay un primer grupo de países en los cuales la violencia letal es la que más aqueja a la población (sobre todo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y en Venezuela), mientras que en un segundo grupo de países, los ni-veles de homicidio son relativamente bajos, pero en ellos se verifican un incremento considerable de los delitos patrimoniales aunado a un fuerte aumento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía (son los casos de Argentina, Uruguay y Chile, entre otros).
Esta heterogeneidad se da no solo entre países sino también al interior de los países. Como bien señaló el PNUD, en años recientes, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económico-social y la delictiva. Y esto pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad.
¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces del fenómeno?
Por un lado debemos apuntar las graves carencias (pobreza, falta de empleo, oportunidades) que aun subsisten en materia socio-económica en la región. Por otro lado, la existencia de un elevado número de jóvenes "Ni-NI" (ni trabajan ni estudian), que suelen ser ‘carne de cañón’ para el crimen organizado. En tercer lugar cabe mencionar que muchos de los crímenes guardan estrecha relación con el narcotráfico o bandas del crimen organizado. Estos grupos mu-chas veces disponen de un poder financiero, e incluso militar, capaz de poner en jaque a instituciones y gobiernos democráticos. Por otro lado, la debilidad del sistema judicial en muchos países (e incluso del mismo Estado) genera altos niveles de impunidad. Mientras la tasa mundial de condena por homicidio es de 43 sentencias por cada 100 asesinatos, en Amé-rica Latina es de tan sólo 20 condenas.
También tiene que ver el "adelgazamiento" del Estado, y la ineficacia de la policía (aunado a los altos niveles de corrupción61que la aquejan). Este último fenómeno ( ineficacia, corrupción y baja confianza en la policía) en varios países de la región ha traído como consecuencia la contratación de vigilancia privada a niveles históricos; ha crecido a una tasa anual estimada del 10%. América Latina tiene hoy casi 50% más vigilantes privados que agentes de policía. Además, y como lo señaló el PNUD, los agentes de seguridad privada de América Latina son los más armados del mundo.
¿Qué impactos puede generar sobre el andamiaje institucional este clima de violencia que parece se complejiza cada vez más?
La delincuencia y la criminalidad, de no ser eficazmente controladas, podrían propiciar tres posibles escenarios: uno, conducir a la justificación de un golpe de Estado ante la amenaza de la existencia de un Estado fallido (poco probable hoy en América Latina); dos, dar lugar a un fuerte incremento de los niveles de autonomía de las fuerzas de seguridad respecto del poder político; y tercero, contribuir al debilitamiento del estado de derecho y a un grave aumento de las violaciones de los derechos humanos, tal como está ocurriendo en varios países de la región.
La inseguridad ciudadana no sólo es una de las amenazas centrales para la convivencia civilizada y las oportunidades de desarrollo, sino también un importante desafío para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
