Durante su discurso inaugural del pasado 27 de enero, la nueva presidente de Honduras, Xiomara Castro (Partido Libre, izquierda), adelantó una serie de medidas que su gobierno pretende implementar tras lo que considera una desastrosa política que ha llevado al país a la ruina. Una parte importante de esa política es la política económica, una arena en la que Castro describió un panorama desolador y en donde su gobierno tendrá algunos de sus más grandes desafíos.
La nueva presidente se declaró heredera de un país "en bancarrota", lastrado por la corrupción, el aumento los niveles de pobreza ya superan el 70% de la población, de acuerdo con cálculos del Instituto Nacional de Estadística, y un sobreendeudamiento del 57,5% del PIB, según el más reciente informe publicado por la Secretaría de Finanzas.
Para salir de los que en ese primer discurso describió como una "catástrofe económica", la mandataria delineó una serie de medidas para recuperar las arcas públicas, aliviar la carga financiera del ciudadano común y promover el desarrollo económico. Esta estrategia incluye la adopción de medidas que en algunos casos dejan la duda sobre su aplicabilidad, mientras que en otros levanta voces de advertencia sobre los posibles resultados. En medio de este contexto, analizamos ahora algunas de las promesas más llamativas de la nueva presidente en materia económica.
¿Renegociar el CAFTA-RD?
Entre las propuestas que la presidente Castro incluyó en su discurso inaugural, se encuentra su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, mejor conocido como CAFTA-RD, por sus siglas en inglés.Honduras fue el segundo país de la región en ratificar este acuerdo comercial en marzo de 2005, si bien entró en vigencia en este país el 1 de abril de 2006, y la forma final del tratado entró en vigor el 1 de enero de 2009 tras la ratificación en Costa Rica, último país de la región en sumarse al bloque.
Por su forma, el CAFTA es un acuerdo multilateral, en el que Honduras es una de siete partes involucradas en este acuerdo y, por tanto, cualquier modificación o renegociación del acuerdo o de alguna de sus partes, debe hacerse de manera conjunta con el resto de países firmantes, explicó Helui Castillo, Gerente de Política Comercial del Consejo Hondureño de la empresa privada.
Castillo agrega que el propósito de un tratado de libre comercio es proporcionar seguridad jurídica, es decir, crea el marco que "permiten a los países llegar a acuerdos mediante los cuales van a manejar su relación comercial".
En su opinión, los acuerdos comerciales, en sí mismos, no son perjudiciales para los países que los firman, pero reconoce que debe hacerse un adecuado aprovechamiento de estos.
La ejecutiva nos dice además que incluso cuando todas las partes están dispuestas a renegociar, eso no significa la mera eliminación de las cláusulas que nos resulten inconvenientes. "Requiere de muchísimo análisis, porque una renegociación implica que tanto nosotros, como ellos, tenemos que dar ciertos beneficios".
Hay que recordar también que existen otras opciones que pueden intentarse primero antes de buscar una solución tan drástica como la renegociación. "Lo que se puede hacer (el tratado hace provisión para eso) es revisar la forma en la que se ha ido implementando y buscar medidas alternativas para mejorar las condiciones de producción, por ejemplo", refiere Castillo.
Pero, ¿qué razones podría tener Honduras para justificar un esfuerzo de renegociación?
Balanza comercial desfavorable
Uno de los argumentos que se suelen esgrimir es que el acuerdo inclina la balanza desproporcionadamente a favor de Estados Unidos en detrimento de las economías de la región, más pequeñas y vulnerables.
"Ese tratado ha venido a quitarle incentivos a la producción nacional", asegura Liliana Castillo, economista hondureña que fue presidenta de su gremio entre 2015 y 2017. La analista que muchos productos norteamericanos, particularmente los de naturaleza agrícola, entran a Honduras en grandes cantidades, libres de aranceles, y bajos precios, por lo que resultan atractivos para la agroindustria, que tiende a preferirlos en lugar de comprar a productores locales.
De acuerdo con la economista, el bajo costo de los productos importados, como el maíz amarillo y el arroz, se debe que los productores norteamericanos reciben subsidios gubernamentales que abaratan sus costos y dejan en desventaja a los productores locales cuyos costos de producción son más altos.
Hay que mencionar que los productos hondureños, como los que produce la industria textil, se han beneficiado del CAFTA. Tan solo este sector exportó 3,392 millones, según cifras de 2020, aún estando en plena pandemia. Como contraargumento, Castillo, la ejecutiva del COHEP, indica que el desbalance comercial con los Estados Unidos, se debe principalmente a la factura petrolera.
Habida cuenta de que Estados Unidos es el principal proveedor de carburantes y, de acuerdo con el Informe de Comercio Exterior del Banco Central de Honduras (BCH), hasta noviembre de 2021, la importación de combustibles representó más de US$1.680 millones, producto del aumento de los volúmenes importados (15.8%) a lo que se suma la subida en el precios de los productos derivados del petróleo, que para ese momento era de 60,2%.
Sin embargo, Castillo, la economista, ve algunos espacios en los que pudieran revisarse o al menos suspender temporalmente las cláusulas del Cafta, específicamente las relacionadas con el incentivo a la producción nacional agrícola.
"Podría existir la posibilidad de que, si Honduras está entre los tres países (más afectados) por la crisis alimentaria, revisar temporalmente esas cláusulas, tomando en cuenta la calamidad que vamos a tener en alimentación y revisar específicamente esa parte del tratado", explica.
Otro aspecto que suele criticarse del CAFTA es que permite la importación de artículos suntuarios, que, como explica la economista, hacen crecer la demanda de divisas, depreciando la moneda e incrementando las presiones inflacionarias.
La recomendación de Castillo es la implementación de algunos impuestos selectivos a la importación de bienes de lujo como método para desincentivar su adquisición, reducir la demanda de divisas y con ella la inflación.
De todas maneras, aunque Honduras pudiera tener razones válidas para querer renegociar un acuerdo comercial como el Cafta, el proceso, de llevarse a la práctica, será largo, y requerirá forzosamente la participación del resto de los países de la región firmantes del acuerdo.
Subsidios
Otra de las promesas económicas de la presidente Castro se relacionan con el otorgamiento de subsidios para la reducción de precios de algunos bienes de consumo como la energía eléctrica y los combustibles.
Estas medidas, que sin duda serán bien recibidas por la población, especialmente en aquellos estratos de menores ingresos, plantean un problema de fondo que el gobierno entrante tendrá que resolver: ¿Quién pagará la cuenta?
No sería una exageración decir que el anuncio de la presidente ha provocado cierto grado de preocupación entre los observadores, algunos incluso más allá de nuestras fronteras.
Para el caso, el analista guatemalteco, Ramón Perellada, citó una conocida frase del eminente economista Milton Friedman de que, "no hay almuerzo gratis", al recordar que "todo tiene un costo, aunque la gente no lo vea".
Perellada argumenta que las cosas que se regalan a la población suelen "distorsionar la estructura de precios y la óptima asignación" de los recursos del Estado. Y si bien quienes reciben el beneficio no tienen que pagar por ello, alguien más debe hacerlo. En el caso de la energía eléctrica, según lo expresado por la presidente Castro, el costo del subsidio sería cargado a los altos consumidores, principalmente los del sector privado.
Aquí, nos dice Perellada, se produce un efecto rebote, pues las empresas, al ver aumentados sus costos, elevarán los precios de sus productos, lo que terminará por afectar el bolsillo de los más pobres, que son, precisamente, a quienes se pretende ahorrar dinero.
Si hablamos de marco legal, el primer obstáculo a superar será la Ley General de la Industria Eléctrica, que en su artículo 18 establece que "las tarifas no deberán cargar a una categoría de usuarios, costos atribuibles a otra categoría".
Y en cuanto a los costos, estos se estiman en unos L6.500 millones de lempiras anuales (un aproximado de US$264 millones). Para este reportaje, E&N trató de consultar con Pedro Barquero, Secretario de Desarrollo Económico del nuevo gobierno, pero este no estuvo disponible para atender a nuestra solicitud de comentario.
De todas formas, el secretario Barquero ha vertido declaraciones en otros medios, explicando que el subsidio será pagado conjuntamente entre el gobierno y el empresariado hondureño, si bien quedan por definir algunos detalles.
Entre tanto, de acuerdo con Barquero, la Secretaría de Finanzas ha estado identificando algunas fuentes de recursos a utilizar para el pago de los subsidios, los que deberá compartir con otros programas sociales.
Expectativa Empresarial
El gremio empresarial hondureño recibe las promesas económicas del nuevo gobierno con sentimientos encontrados.Al ser consultado por este medio, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, manifestó que comparten las preocupaciones de la presidente Castro en asuntos como la reformulación presupuestaria "siempre que tenga propósitos de racionalizar el gasto, mejorar la calidad del mismo y redestinar recursos resultantes para favorecer la inversión pública", dijo el empresario.
Pero también dejó claro que al sector privado hondureño le preocupan las implicaciones de algunas de esas promesas, concretamente la de los subsidios.
En el caso del que pretende ofrecer energía sin costo a quienes consumen menos de 150 kwh mensuales, Sikaffy observa que la medida estará "impactando significativamente su estructura de costos", pues "el nivel de los precios que pueden subir y afectar la inflación y, sobre todo, a las MIPYMES, sacarlas de competitividad e incluso, llevarlas a cerrar operaciones, con los consecuentes efectos negativos sobre la inversión, el crecimiento económico y el empleo", advirtió.
El empresario agrega que, como gremio, se encuentran abiertos a colaborar con las nuevas autoridades para consensuar las mejores formas y prácticas sobre estos asuntos, pero lamentó que, hasta ahora, no se les ha "invitado a consultas" sobre estos temas, y eso, a pesar de haber manifestado su apertura "de manera muy franca y responsable" durante el período de transición al nuevo gobierno.
De todas maneras, Sikaffy manifestó su expectativa de que el nuevo gobierno no olvide que los sectores productivos "requieren incentivos para crecer", y que la disciplina fiscal y monetaria "son cruciales para poder contar con una macroeconomía estable, condición básica para el crecimiento".
