Por La Prensa (Panamá)
La propuesta plantea la creación de un régimen atractivo para el establecimiento de plataformas de economía digital y criptoactivos e igualdad de oportunidades al acceso a la información por internet.
En un intento de que Panamá pueda tener el marco regulatorio que permita el uso de criptomonedas, darle certeza a la innovación en economía digital y establecer principios de interoperabilidad bancaria para que los sistemas tradicionales sean compatibles con las nuevas tecnologías, el diputado independiente Gabriel Silva presentó el pasado lunes, ante el pleno legislativo, un anteproyecto de ley de gran escala para la industria financiera, las fintech y los clientes.
El anteproyecto, denominado "Ley de Cripto: que hace compatible a Panamá con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el Internet", abre un mundo de posibilidades, tanto para los consumidores como para las empresas que prestan servicios tecnológicos asociados a la banca.
La iniciativa legislativa propone normar lo que se conoce como blockchain [cadena de bloques], que, en términos sencillos, es una base de datos descentralizada donde cada transacción o interacción queda registrada. Y aterriza en el uso y regulación de las criptomonedas, que son monedas digitales que pueden ser utilizadas como inversión o para pagar bienes y servicios.
De acuerdo con Silva, se busca promover el uso de blockchain en la administración pública para procesos más transparentes y eficientes, y reformar la agenda digital del país, para explorar e implementar este tipo de tecnologías en varios procesos públicos, con énfasis especial en la digitalización de la identidad de las personas y las empresas.
En la exposición de motivos, Silva precisó que empresas de venta de artículos electrónicos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes o farmacias se están adaptando a los cambios y a la innovación tecnológica, aceptando pagos en criptomonedas. Pero, "lamentablemente estos comercios han tenido que atravesar procesos complejos, como abrir cuentas en el extranjero, al no existir regulación jurídica en Panamá".
De allí, que el anteproyecto plantea, por ejemplo, que las personas naturales o las empresas organizadas en Panamá podrán libremente pactar el uso de criptoactivos, incluyendo sin limitación bitcóin y Ethereum, como medio de pago para cualquier operación comercial. También establece la posibilidad de pago de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con criptoactivos.
Propone un marco regulatorio que promueve la interoperabilidad bancaria con miras a promover mayor inclusión financiera, el surgimiento de un ecosistema innovador en servicios financieros, mayor competencia entre prestadores de servicios financieros, y la libertad de elección por parte del consumidor financiero.
En Panamá solo el 46% de la población está bancarizada, un porcentaje que se podría mejorar si inicialmente se ofrece el acceso universal a Internet y se crea el marco regulatorio para que operen plataformas de economía digital. En estos momentos es imposible conectar aplicaciones de cualquiera naturaleza a cuentas bancarias.
Si esto prospera, sería más común -por ejemplo- ver a una empresa telefónica brindando en su billetera virtual servicios como pagos o transferencias de dinero, hasta contratación de seguros o inversiones en criptomonedas.
En la propuesta incluyen principios para que los sistemas de pagos en Panamá sean abiertos, interoperables y no discriminatorios, asignando competencias fiscalizadoras para la Superintendencia de Bancos como regulador y vigilante de estos sistemas de pagos.
También tendría poder de supervisión la Superintendencia de Valores de Panamá y el Ministerio de Comercio e Industrias, dependiendo de la actividad que se realice y su alcance.
Felipe Echandi, cofundador de la plataforma Cuanto, advierte que en Panamá hay licencias básicamente para bancos, empresas de valores, casas de remesas, cooperativas o empresas financieras, pero ninguna de estas es compatible con los nuevos modelos de negocios, lo que ha implicado que haya muy poca innovación cuando el país se compara con centros financieros como Singapur, Londres o Suiza. "Esto sucede porque no tenemos la certeza jurídica para innovar", puntualizó, al resaltar la necesidad de la ley que promueve Silva.
"Hemos sido pasivos, inertes, y no hemos tenido una visión optimista y visionaria sobre el papel de Panamá en la economía mundial. El mundo cambió, y el mundo digital está tomando cada vez mas importancia. Nuestra preciada posición geográfica pierde valor relativo, mientras tenemos ejemplos de países totalmente digitales como Estonia, que superó a España en renta per cápita, precisamente por ser digitales y centrarse en el futuro", dijo Echandi.
La propuesta plantea la creación de un régimen atractivo para el establecimiento de plataformas de economía digital y criptoactivos e igualdad de oportunidades al acceso a la información por internet.
En un intento de que Panamá pueda tener el marco regulatorio que permita el uso de criptomonedas, darle certeza a la innovación en economía digital y establecer principios de interoperabilidad bancaria para que los sistemas tradicionales sean compatibles con las nuevas tecnologías, el diputado independiente Gabriel Silva presentó el pasado lunes, ante el pleno legislativo, un anteproyecto de ley de gran escala para la industria financiera, las fintech y los clientes.
El anteproyecto, denominado "Ley de Cripto: que hace compatible a Panamá con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el Internet", abre un mundo de posibilidades, tanto para los consumidores como para las empresas que prestan servicios tecnológicos asociados a la banca.
La iniciativa legislativa propone normar lo que se conoce como blockchain [cadena de bloques], que, en términos sencillos, es una base de datos descentralizada donde cada transacción o interacción queda registrada. Y aterriza en el uso y regulación de las criptomonedas, que son monedas digitales que pueden ser utilizadas como inversión o para pagar bienes y servicios.
De acuerdo con Silva, se busca promover el uso de blockchain en la administración pública para procesos más transparentes y eficientes, y reformar la agenda digital del país, para explorar e implementar este tipo de tecnologías en varios procesos públicos, con énfasis especial en la digitalización de la identidad de las personas y las empresas.
En la exposición de motivos, Silva precisó que empresas de venta de artículos electrónicos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes o farmacias se están adaptando a los cambios y a la innovación tecnológica, aceptando pagos en criptomonedas. Pero, "lamentablemente estos comercios han tenido que atravesar procesos complejos, como abrir cuentas en el extranjero, al no existir regulación jurídica en Panamá".
De allí, que el anteproyecto plantea, por ejemplo, que las personas naturales o las empresas organizadas en Panamá podrán libremente pactar el uso de criptoactivos, incluyendo sin limitación bitcóin y Ethereum, como medio de pago para cualquier operación comercial. También establece la posibilidad de pago de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con criptoactivos.
Propone un marco regulatorio que promueve la interoperabilidad bancaria con miras a promover mayor inclusión financiera, el surgimiento de un ecosistema innovador en servicios financieros, mayor competencia entre prestadores de servicios financieros, y la libertad de elección por parte del consumidor financiero.
En Panamá solo el 46% de la población está bancarizada, un porcentaje que se podría mejorar si inicialmente se ofrece el acceso universal a Internet y se crea el marco regulatorio para que operen plataformas de economía digital. En estos momentos es imposible conectar aplicaciones de cualquiera naturaleza a cuentas bancarias.
Si esto prospera, sería más común -por ejemplo- ver a una empresa telefónica brindando en su billetera virtual servicios como pagos o transferencias de dinero, hasta contratación de seguros o inversiones en criptomonedas.
En la propuesta incluyen principios para que los sistemas de pagos en Panamá sean abiertos, interoperables y no discriminatorios, asignando competencias fiscalizadoras para la Superintendencia de Bancos como regulador y vigilante de estos sistemas de pagos.
También tendría poder de supervisión la Superintendencia de Valores de Panamá y el Ministerio de Comercio e Industrias, dependiendo de la actividad que se realice y su alcance.
Felipe Echandi, cofundador de la plataforma Cuanto, advierte que en Panamá hay licencias básicamente para bancos, empresas de valores, casas de remesas, cooperativas o empresas financieras, pero ninguna de estas es compatible con los nuevos modelos de negocios, lo que ha implicado que haya muy poca innovación cuando el país se compara con centros financieros como Singapur, Londres o Suiza. "Esto sucede porque no tenemos la certeza jurídica para innovar", puntualizó, al resaltar la necesidad de la ley que promueve Silva.
"Hemos sido pasivos, inertes, y no hemos tenido una visión optimista y visionaria sobre el papel de Panamá en la economía mundial. El mundo cambió, y el mundo digital está tomando cada vez mas importancia. Nuestra preciada posición geográfica pierde valor relativo, mientras tenemos ejemplos de países totalmente digitales como Estonia, que superó a España en renta per cápita, precisamente por ser digitales y centrarse en el futuro", dijo Echandi.
Hoy presentamos la Ley de Cripto. Buscamos hacer a Panamá un país compatible con el blockchain, los criptoactivos y el internet.
Esto tiene el potencial de crear miles de empleos, atraer inversión y transparentar el gobierno
Pueden ver el proyecto aquí: https://t.co/6FoKdwbkwR pic.twitter.com/xDxfyS9BYI- Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) September 6, 2021
