Unos 300 activistas de diferentes organizaciones sindicales se manifestaron este miércoles en San Salvador para demandar al Congreso la derogación de una ley que pondrá el bitcóin como moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre. Con pancartas y coreando la consigna 'No al bitcóin', la protesta se realizó frente a la biblioteca de la Asamblea Legislativa, en un céntrico sector de San Salvador.
'A escasos seis días de que entre en vigencia la detestable Ley bitcóin, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exige su derogación porque golpeará a la clase trabajadora, al campesinado y a las comunidades rurales', indica un comunicado de la agrupación.
Sonia Urrutia, activista del BRP, declaró que con la Ley bitcoin el presidente Nayib Bukele convierte el mes en 'un septiembre amargo' porque 'quiere imponer un sistema monetario virtual de extremo riesgo para el 99% de la población'. El Congreso de El Salvador aprobó en junio la ley que convertirá, a partir del 7 de septiembre, al bitcoin en moneda de curso legal con el objetivo de dinamizar la economía del país, dolarizada desde hace 20 años.
La diferencia entre el USD y el BTC es que este último puede ver cambiar su valor hasta un 10% en cuestión de horas. Para hacer freno a la volatilidad, el gobierno de El Salvador ha propuesta como medida de seguridad un fondo de US$150 millones para garantizar la convertibilidad. Es decir, garantizar a los ciudadanos que podrán volver al dólar estadounidense en todo momento, un dólar que va a seguir siendo la moneda nacional junto al Bitcoin en igualdad completa de condiciones.
Para evitar que en pleno centro de San Salvador los opositores al bitcoin coloquen calcomanias o consignas de rechazo, militares custodian casetas que albergan cajeros automáticos. Este mismo miércoles, la Policía detuvo a Mario Gómez, un tecnólogo y duro crítico del bitcóin que se ha presentado en diferentes medios de comunicación a explicar los riesgos de su uso. 'No se sabe qué está pasando, no se tiene claridad porqué delito esta persona fue esposada', declaró el abogado defensor Otto Flores.
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En su cuenta de Twitter, la Policía atribuyó a Gómez el supuesto delito de 'fraude financiero' relacionado 'a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario'. Tras una una andanada de críticas en redes sociales por la detención sin orden judicial, Gómez fue puesto en libertad.
Las autoridades se aprestan a activar plataformas para descargar la billetera electrónica 'Chivo', creada por el gobierno para que los ciudadanos puedan hacer transacciones comerciales y recibir o hacer pagos con bitcóin. Vendrá con el equivalente a US$30 para consumo, como un estímulo oficial.
'Ni Mario, ni ninguna persona detenida arbitrariamente está sola, nos declaramos en alerta y en disposición de acuerpar a nuestros compañeros. ¡Por Mario, no al bitcóin!', reza un comunicado leído durante la actividad.
La captura de Gómez se da un día después de haber participado en un foro virtual organizado por El Diario de Hoy para discutir acerca de las generalidades de la Ley Bitcoin. Gómez también ha cuestionado el control que ejercerá el Gobierno sobre las billeteras virtuales.
En redes sociales, también, se unieron muchos usuarios bajo el hashtag #LiberenAMario para solicitar que la situación se esclareciera, por lo que muchas personas han considerado que la captura se debió más a razones políticas y no por las razones que la PNC comunicó en su momento.
Ley Bitcoin, críticas a su implementación
En junio de este año El Salvador aprobó una ley para ser el primer país del mundo con el Bitcoin como moneda nacional. La nueva ley entrará en vigor el próximo 7 de septiembre. La nueva ley pondrá en El Salvador al Bitcoin como moneda de igual validez que el dólar estadounidense (actual moneda de El Salvador). Mientras que el dólar estadounidense es una moneda estable y que ha demostrado su valor durante décadas, el Bitcoin destaca por su alta volatilidad en el mercado.Las dos grandes preocupaciones de los ciudadanos salvadoreños ante la llegada del Bitcoin son: la gran volatilidad que tiene y el posible lavado de dinero que puede generar. El presidente Nayib Bukele ha promocionado esta apuesta como una forma de facilitar los pagos de remesas de los salvadoreños que viven en el extranjero (principalmente inmigrantes en Estados Unidos que envían dinero a familiares). También afirma que no será obligatorio aceptar la criptomoneda en transacciones comerciales a pesar de que la Ley Bitcoin sí establece que todo agente económico debe aceptar pagos con bitcoin.
"Sabemos que esta moneda fluctúa drásticamente. Su valor cambia de un segundo a otro y no tendremos ningún control sobre él ", habría dicho Stanley Quinteros, miembro del sindicato de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia.
El otro aspecto que preocupa en El Salvador es el lavado de dinero. Si el Bitcoin es la moneda por defecto y aceptada en las instituciones de todo el país, es más fácil convertir dinero en negro en dólares a Bitcoin sin que nadie pregunte nada.
En las protestas de este 1 de septiembre, los jóvenes tildaron a Bukele de 'fascista' y reiteraron su rechazo al bitcóin, aseguraron que el Ejecutivo salvadoreño busca 'acallar' a las voces críticas, sobre todo 'la de los jóvenes que no hemos creído en sus mentiras y que denunciamos las acciones arbitrarías cometidas por su Gobierno'.
'Repudiamos todos los actos que tienen por fin el amedrentamiento de las luchas sociales disidentes al régimen de Bukele, incluido el curso de odio', agregaron. Diversos sectores señalan que el uso del bitcóin como moneda de curso legal no es factible para el país, por los riesgos que representa si no se usa de la manera adecuada, y que la ley entrará en vigor sin que se cuente con programas de educación financiera para los ciudadanos y orientación para su uso.
Un sondeo universitario señala que la adopción del bitcóin como una moneda de curso legal en El Salvador es vista como una decisión poco o nada acertada por el 77,5% de la población.
El Salvador: Aprueban reforma para remover jueces y fiscales
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de ampliar las facultades para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, así como realizar traslados. Las reformas, aprobadas con los votos del partido Nuevas Ideas que controla por completo al Congreso Unicameral, fueron criticadas por diputados opositores."El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria, cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplen sesenta años, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo. La presente regla no aplicará a magistrados de la Corte Suprema de Justicia", expresa un artículo de la reforma.
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Pero agrega, que el magistrado o juez que ha cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad, si así lo consintiere expresamente; pudiendo la Corte Suprema de Justicia, determinar la posibilidad de que puede seguir ejerciendo en determinada sede judicial atendiendo a razones de necesidad o especialidad de la materia.
Los jueces de El Salvador rechazaron este miércoles un decreto de la Asamblea Legislativa por irrespetar la independencia judicial al imponerles un retiro obligatorio al cumplir 60 años.
El juez José Alberto Franco, leyó un pronunciamiento de sus pares en el que se tacha de 'inconstitucional' esa decisión. Consideran que los diputados 'no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial' y sostienen que se 'vulnera la independencia judicial'.
El martes, la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, reformó dos leyes que permitirán enviar a retiro a jueces mayores de 60 años. Para los jueves 'se ha producido (una) violación de derechos constitucionales consolidados como el derecho al trabajo'. También el martes, el parlamento reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirar a los fiscales mayores de 60 años.
La Presidencia salvadoreña aseguró que con el decreto legislativo del martes 'inicia el proceso de depuración del sistema judicial'. Los jueces, en cambio, consideran que ya 'existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces'.
Los letrados adelantan que acudirán a instancias legales nacionales e internacionales 'para restituir el Estado Constitucional y democrático, derecho gravemente afectado con dicho decreto'. El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo destituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. De inmediato nombró a nuevos funcionarios.
Con información de El Diario de Hoy, AFP, efe
