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Fecha de publicación: 2021-07-24
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Guatemala: Centenares de manifestantes tras destitución de fiscal anticorrupción

Cada vez más generalizado el rechazo ante la decisión de la fiscal General de destituir a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Feci. Desde este sábado la concentración de personas en el Centro Histórico de la capital se volvía mayor

Por Prensa Libre y AFP

Este sábado se vivieron protestas convocadas por varios colectivos, agrupaciones e instituciones en diversas localidades del país contra la decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, de destituir al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Cerca del mediodía, manifestantes comenzaron a congregarse frente al edificio del Ministerio de Público, en la zona 1 capitalina, con carteles y consignas contra el Gobierno y la fiscal general.

La edificación se encontraba protegida por una fila de agentes de policía. También en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, grupos comenzaban a llegar para expresar su descontento, mientras otros grupos, como estudiantes universitarios, marchaban para llegar al lugar.

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Entre las reacciones en contra de la remoción, destacan la de las autoridades ancestrales de los 48 Cantones de Totonicapán.

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Combate a la corrupción

Cabe recordar que la FECI fue creada para trabajar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente adscrito a la ONU.

Pero esta última cerró en 2019 luego de que el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), señalado por esta de corrupción electoral, se negó a ampliar su funcionamiento.

Juntas destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.

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Importantes empresarios, políticos y militares que eran considerados intocables también han sido investigados por la FECI, en casos que alcanzaron al exmandatario Álvaro Colom (2008-2012), señalado de anomalías en un contrato del transporte público.

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En junio Sandoval reconoció que "gran parte de los ataques" contra su oficina "pudieran venir de personas que han sido sindicadas en los procesos que gestiona la fiscalía".

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