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Fecha de publicación: 2021-07-14

SIP: Nicaragua secuestró a periodistas, candidatos opositores y dirigentes sociales

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recogió crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra la prensa nicaragüense y los líderes opositores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.

Por E&N

La SIP detalló el esquema de persecución y censura de la dictadura sandinista contra la prensa nicaragüense y los líderes de la oposición de cara a las elecciones de noviembre, y advirtió que en los últimos años en el país hubo “una grave degradación de los derechos humanos”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recogió crudos testimonios sobre la escalada represiva que intensificó en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra la prensa nicaragüense y los líderes opositores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.

El organismo presentó este martes el informe preliminar sobre Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de libertad de Expresión. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dio a conocer los resultados del reporte, durante una videoconferencia de la que también participaron la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola; el relator especial para Libertad de Expresión de la comisión dependiente de la OEA, Pedro Vaca Villarreal; y por el presidente y el director ejecutivo de la SIP, Jorge Canahuati y Ricardo Trotti, respectivamente.

“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti.

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Debido a las restricciones sanitarias y a las limitaciones impuestas para ingresar a Nicaragua, las entrevistas de la misión se desarrollaron de forma virtual y bajo el compromiso de mantener absoluta reserva, ante el clima de zozobra que impera en el país “tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias”.

El director ejecutivo de la entidad recordó que en lAs dos misiones anteriores de la SIP a Nicaragua realizadas en 2018 tras las protestas callejeras contra la dictadura sandinista se habían podido reunir con referentes políticos, sociales, religiosos y de medios de comunicación: “Ello demuestra el acelerado deterioro de la situación institucional desde entonces”.

“Comprobamos, además, una grave degradación de los derechos humanos (...) El gobierno desprecia la legalidad, desconoce y avasalla los principios de debido proceso y de presunción de inocencia y arrasa con otros derechos fundamentales de las personas, como las libertades de expresión, de prensa, de circulación y de reunión”, agregó Jornet.

La SIP advirtió que la realización de elecciones libres y transparentes “solo será posible si se recupera un entorno de pleno ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, y de garantías de debido proceso judicial”. “Es imprescindible, además, que el gobierno otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior”, agregó.

Jornet sostuvo que el “régimen autocrático y descontrolado” de Ortega montó un “simulacro electoral” de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre.

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En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Algunas de esas detenciones se llevaron a cabo de noche, con violencia, y sin exhibir órdenes judiciales. “Aunque haya personas dispuestas a franquear el paso a los domicilios, rompen puertas y ventanas y entran con fusiles de asalto”, relató un testigo a la misión de la SIP.

El propósito es claro: sembrar terror, afirma SIP. Para eso, el régimen utiliza a grupos parapoliciales y paramilitares, muchas veces encapuchados, que son los encargados de realizar desmanes en viviendas ya allanadas. Asimismo, presionan a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse.

“Las personas son apresadas sin que se les informen las causas, la policía emite comunicados en los que se afirma que violaron la ley, lo que vulnera la presunción de inocencia, y recién después un juez toma conocimiento de la causa y da supuesto sustento al operativo”, dijo uno de los entrevistados.

“Primero se las detiene, luego se arma la causa. Jefes policiales lanzan imputaciones infundadas de lavado de dinero, traición a la patria o delitos de odio”, contó Jornet durante la presentación del informe. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP remarcó que, si bien no le corresponde al organismo demostrar la inocencia de nadie, “sí corresponde al Estado avalar tales acusaciones con mucho más que meras declaraciones y diatribas”: “Y la Justicia debe garantizar el derecho de defensa”. En ese sentido, consideró “ilegal y claramente violatorio de los derechos humanos” que los detenidos permanezcan recluidos 90 días “incomunicados, sin asistencia legal”.

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Jornet también denunció que los periodistas nicaragüenses son citados e interrogados sobre cómo consiguen información, cómo la procesan y cómo la difunden: “Esto revela que se busca generar autocensura; lo que se busca es acallar todo cuestionamiento al poder concentrado del matrimonio gobernante”.

“El cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día. Confluyen para ello el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione”, detalló.

En el marco de la persecución contra la prensa independiente, recordó que el 20 de mayo pasado fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro: “Periodistas que informaban sobre el operativo fueron reprimidos o detenidos y hubo requisa de equipos”.

El periodista argentino consideró “sintomático y preocupante” que este avance represivo se produzca a pocos meses de las elecciones.

“No sólo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas con las que dialogó la misión. “Se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo”, ironizó el mismo entrevistado. Y agregó: “No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.
Los entrevistados tuvieron posiciones discrepantes respecto del eventual efecto de excluir a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del CAFTA (acuerdo de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos) y el Acuerdo Marco de Cooperación CentroaméricaUnión Europea. No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión. Y en el actual contexto, ello daría una oportunidad para comenzar a recuperar cierta normalidad.

Ante este contexto de persecución, represión y censura, la SIP adelantó que en su reporte “exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos, y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa, a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática”.

“No sólo los periodistas se sienten amenazados: también sus fuentes; incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias”, comentó una de las personas con las que dialogó la misión. “Se criminaliza brindar información, hasta del estado del tiempo”, ironizó el mismo entrevistado. Y agregó: “No hay apatía: hay horror. La calle dice mucho con su silencio”.

Los entrevistados tuvieron posiciones discrepantes respecto del eventual efecto de excluir a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos o aplicarle sanciones económicas como el apartamiento del CAFTA (acuerdo de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos) y el Acuerdo Marco de Cooperación CentroaméricaUnión Europea. No obstante, hay consenso en que la intensificación de las denuncias internacionales sobre la crítica situación institucional en Nicaragua quizá no amilane al régimen, pero al menos lo obligaría a reducir la intensidad de la represión. Y en el actual contexto, ello daría una oportunidad para comenzar a recuperar cierta normalidad.


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