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Fecha de publicación: 2021-06-16

Nicaragua: Cúpula bancaria y altos empresarios bajo acoso del régimen Orteguista

A la detención del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray, se suma a la indagatoria contra Juan Carlos Sansón Caldera, actualmente director y gerente general del BAC Nicaragua así como contra Edwin Mendieta Chamorro, secretario del banco Avanz. Ellos, junto a otros diez exdirectivos de Funides, enfrentan la intervención de sus cuentas bancarias por una investigación impulsada por el gobierno contra Funides, organización de la que formaron parte

Por: Estrategiaynegocios.net

La jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó a la Superintendencia de Bancos de Nicaragua levantar el sigilo bancario, financiero y tributario de 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, (Funides), en el marco de una investigación que parte de una denuncia del Ministerio de Gobernación, según la cual “dicha fundación ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, presumiendo que las personas sujetas o investigación han estado realizando operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas”.

En la comunicación a la Superintendencia, la jueza detalla que el Ministerio Público investiga a juntas directivas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en los periodos de 2015-2017 y 2017-2019, y solicita la retención migratoria y la inmovilización de las cuentas de las personas sujetas a investigación.

Dichas medidas, de acuerdo con la solicitud de la jueza, serán aplicadas a los banqueros Luis Rivas Anduray, Juan Carlos Sansón Caldera y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, además de Gerardo Baltodano Cantarero, presidente de Funides y gerente general de Café Soluble, Martha Jeannette Duque Estrada Gurdián, Humberto Antonio Belli Pereira, ex ministro de educación, Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo Horvilleur, Aurora Mercedes Gurdián Ubago, Jaime Javier Montealegre Lacayo (Ex banquero y empresario), el empresario José Antonio Baltodano Cabrera y el abogado José Evenor Taboada Arana.

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En la circular enviada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, también se describe: “Que se ordene de inmediato y sin dilación, el levantamiento del sigilo bancario de las personas investigadas y que estas solicitudes sean enviados y canalizadas de manera directa o a través de los representantes o gerentes generales de: LAFISE BANCENTRO, BANCO DE AMÉRICA CENTRAL (BAC), BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A BANPRO, BANCO AVANZ S.A, BANCO DE FINANZAS S.A (BDF), BANCO FICOHSA NICARAGUA S.A, BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y BANCO ATLÁNTIDA S.A”.

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Previo a su detención, el pasado martes, el presidente ejecutivo del Banco de la Producción, Banpro, Luis Rivas Anduray, se había presentado al Ministerio Público para responder a preguntas. También compareció Juan Carlos Sansón Caldera, director y gerente generales del BAC. Ambosbrepresentantes de dos fuertes entidades bancarias de Nicaragua, según el Ministerio Público, “respondieron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse”.

No acudió al citatorio, y el Ministerio Público amenazó con ordenar el uso de la fuerza pública para conducirlo, Gerardo José Baltodano Cantarero, hermano de Álvaro Baltodano, quien funge como asesor de inversiones de Daniel Ortega. Además, fue presidente de la junta directiva de Funides en el 2017-2018 y durante su gestión fue un crítico de la Administración actual y promotor de la restitución de la democracia en Nicaragua.

La jueza Chavarría Morales, del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, también solicitó al director de la Dirección General de Ingresos, DGI, Martín Rivas, que se levante el sigilo tributario de las personas antes señaladas.

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Funides es una de las organizaciones críticas frente al desmantelamiento de la democracia en Nicaragua. Ante las detenciones de opositores del régimen, se había pronunciado en las últimas semanas en defensa del líder opositor Arturo Cruz Sequeira, de quien exigía su liberación inmediata y a “cesar la persecución contra los precandidatos presidenciales de la oposición en Nicaragua”.

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El pasado 3 de junio se manifestó en “rechazo a las acciones violentas e injustas en contra de Cristiana Chamorro Barrios; incluyendo, la orden de captura en su contra, el allanamiento en su vivienda y la ilegal inhibición judicial para ocupar un cargo público cuando se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por no existir sentencia condenatoria firme en su contra”.

Contra dos fundaciones

Luego de la arremetida contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el régimen de Daniel Ortega abrió una investigación contra Funides por haber recibido recursos económicos del extranjero, lo que a criterio del orteguismo daña a la sociedad nicaragüense, conforme la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo, que el régimen aprobó en diciembre del año pasado.

En el comunicado, la Fiscalía dijo que las investigaciones a ambas organizaciones sin fines de lucro se extendían a sus juntas directivas y “en contra de todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicio de que han atentado en contra de la sociedad nicaragüense”.

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Actualmente la junta directiva de Funides está conformada por María Antonieta Fiallos, presidenta de la junta; Terencio García, vicepresidente; Norman Caldera Cardenal, secretario; Ximena González, tesorera; David Urcuyo, fiscal; Federico Sacasa Patiño, director ejecutivo, a quienes les impusieron retención migratoria, les congelaron las cuentas y les levantaron el sigilo bancario.

Además, el Ministerio Público advirtió que continuará llamando a declarar a más personas, tanto en los casos que se le siguen a Funides como a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

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