Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78.000 millones de colones, equivalentes a unos S$125 millones.
'Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos', expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.
En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ, se detuvieron 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.
La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros; a múltiples oficinas de empresas privadas; además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.
'Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento, desarrollo y construcción de carreteras', apuntó Espinoza.
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'Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares', añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.
Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Firmas constructoras
Algunos de los detenidos son parte de la empresa MECO S.A., firma de capital costarricense pero con importante presencia en obras de infraestructura pública y privada en Nicaragua, Panamá, El Salvador y Colombia.
Tres de los arrestos, inclusive, se realizaron en las oficinas de MECO, en la localidad de La Uruca, en la capital costarricense de San José.
Desde 2019, la Fiscalía costarricense les abrió un proceso por oponerse a la Ley contra la Delincuencia Organizada e, incluso, tenían sus teléfonos intervenidos hace más de un año, seg?n detalla la orden de allanamientos de recintos del caso. 'Constructora Meco está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso', dijo la empresa en un comunicado.
Otros de los aprehendidos son parte de la constructura H. Solís, una de las más reconocidas en Costa Rica en cuanto a licitaciones estatales.
Al respecto, Casa Presidencial envió un comunicado y señaló que cooperó con todas las diligencias judiciales, y reiteró que 'la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas'. En ese recinto, la operación duró casi cinco horas.
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Esta es la segunda ocasión en que la Casa Presidencial es allanada. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Carlos Alvarado se declara indignado por sobornos en obras viales: ‘Corrupto y corruptor deben ser sancionados’
En un mensaje al país emitido poco antes de las 6 p. m., el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo sentirse indignado por los aparentes actos de corrupción en el manejo de contratos del Gobierno para desarrollar obras viales, informó La Nación."Al igual que ustedes, hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública, con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de Conavi y presuntamente otros entes. "Comportamientos así son absolutamente inaceptables; ahí, donde hay un corrupto también hay un corruptor y ambos deben ser sancionados.
"Es mi deseo, igual que el del resto de los costarricenses, que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan "El asesor presidencial Camilo Saldarriaga (uno de los investigados) presentó su renuncia hoy, esto para llevar adelante su defensa con el fin de llegar a la verdad de los hechos.
"Como presidente, me duele mucho que el enorme esfuerzo que hemos hecho por modernizar la obra pública se vea empañado por estos bochornosos actos".
Saldarriaga, un economista de 29 años y gerente de campaña de Alvarado en el 2018, era el encargado de coordinar en Casa Presidencia temas relacionados con infraestructura y la hacienda pública con otras instituciones. De hecho, las autoridades judiciales allanaron la oficina del exasesor en Casa Presidencial, quien, al renunciar al puesto, dijo estar con la conciencia tranquila, seguro de no haber recibido dádiva alguna.
Por su parte, Alvarado, en su mensaje al país, sostuvo que mantendrá el esfuerzo por continuar desarrollando obra pública y descartó que la Presidencia tenga participación en la adjudicación de contratos de obra pública.
Al igual que ustedes, hoy siento una enorme indignación, molestia y rabia en relación con hechos de corrupción con contratos de obra pública. pic.twitter.com/QAXJvic7j6
- Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) June 15, 2021
