La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que el gobierno de Nayib Bukele intentó utilizar a la Comisión Investigadora de la Corrupción (CICIES) para perseguir a la oposición política y desglosó una serie de maniobras para salvar a actuales funcionarios señalados por casos de corrupción.
En un comunicado oficial, el organismo interamericano denuncia "la recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente". En este sentido, considera que "es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del gobierno" de Bukele.
Entre los movimientos del régimen salvadoreño, el comunicado señala la "amnistía" aprobada por el partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados, el 5 de mayo pasado, al solo llegar a la Asamblea, para "beneficiar a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley".
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En noviembre, el fiscal Raúl Melara, destituido de manera inconstitucional por los diputados oficialistas el 1 de mayo pasado, informó que estaba investigando 12 casos de presunta corrupción por contratos y compras irregulares realizadas por el gobierno Bukele en la emergencia sanitaria.
Pero dicha normativa deja en la impunidad cualquier caso de corrupción que hayan cometido funcionarios en la pandemia y evade los procesos de compras establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap).
"La CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad", enfatiza la Secretaría General. Asimismo, mencionó "la decisión del Gobierno de Bukele de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho Informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar".
El comunicado de la OEA menciona un asfixiamiento de la CICIES por parte de la Fiscalía General, dirigida por el impuesto fiscal, Rodolfo Delgado, que ha "cercenado" completamente las posibilidades de investigación de la Comisión.
Delgado rompió el convenio de cooperación entre la Fiscalía y la OEA para la investigación de la corrupción y esta mañana afirmó que "no hay vuelta atrás", en la decisión. "Al final de cuentas, es una decisión que se ejecutará en próximos 30 días, para el 4 de julio", dijo Delgado. Y agregó: "Estamos dispuestos a mantener esa decisión porque cuestiono la constitucionalidad de algunas funciones dentro del acuerdo suscrito con la FGR y con el protocolo que se derivó de ese acuerdo, que era el acompañamiento del ejercicio penal, lo cual no me parece".
Por su parte, la Secretaría General de la OEA explicó que mantenía diferencias con el gobierno de Bukele que "estaban en conocimiento de Donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión". Por otra parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) propuso el sábado que se hagan públicos los 12 casos de presunta corrupción vinculados a cinco instituciones de Gobierno que reportó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El planteamiento lo hizo Ricardo Castaneda Ancheta, Economista Sénior del ICEFI para El Salvador y Honduras, tras el anuncio del fiscal Delgado de dar por finalizado el convenio que estableció el ministerio público con la CICIES, creada el 6 de septiembre de 2019 bajo un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y la OEA.
Sobre esto, Delgado dijo que no se había pronunciado porque "tengo un deber de reserva sobre las investigaciones". Admitió que conoce de la existencia de dichos expedientes. "Hay ciertos avisos, pero hay otros mecanismos de control que también se están ejecutando", agregó.
Por su parte, Bukele defendió el viernes el rompimiento del convenio, sin más detalles y obviando responder a las preguntas de los periodistas si algo tiene que ver los 12 casos que el fiscal, Raúl Melara, envió a la CICIES para que investigara posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de Salud y de otros ministerios en compras hechas durante la pandemia. "Cometimos el error de confiar en la OEA", dijo.
La respuesta de OEA al Gobierno de El Salvador
OEA respondió: 'rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES. Diferencias éstas que estaban en conocimiento de Donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que hacían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión'.
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OEA dijo que la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19 'beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad'.
OEA subrayó el asfixiamiento que ha realizado la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación. El organismo habló que el Gobierno salvadoreño ha realizado acciones encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración.
Por último, el comunicado de OEA revaló una recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. 'Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno. La Secretaría General de la OEA consideraba, y así lo hizo saber a Gobierno y Donantes, que sin estos elementos "la lucha contra la corrupción" es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso'.
El actual Gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría General de la OEA ha asumido siempre los principios de esenciales del Derecho Interamericano y del Sistema interamericano, aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de que los continuara asumiendo, sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá.
