El Congreso aprobó este 12 de enero de urgencia nacional la Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus covid-19 que faculta al Ejecutivo para emplear Q1 mil 500 millones en la compra de vacunas.
En sesión extraordinaria, el Legislativo dio 142 votos a favor -tres en contra- para convertir la iniciativa 5870 en ley.
La norma faculta al Ministerio de Finanzas para readecuar hasta Q1 mil 500 millones del gasto de 2020 a favor del Ministerio de Salud para la compra de vacuna.
El presidente Alejandro Giammattei agradeció la aprobación de la ley. "Hemos dado un paso fundamental para lograr la compra de las vacunas de forma ágil y a un precio más asequible para Guatemala", tuiteó.
Allan Rodríguez, presidente del Congreso, valoró que la aprobación con el apoyo de las bancadas fue resultado de la voluntad política de ese organismo y de la buena comunicación con el Ejecutivo.
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Previo a la votación, los diputados expresaron en el pleno que darían su apoyo a la ley.
Cristian álvarez, de CREO, dijo que el Congreso no debe oponerse a que el sector privado pueda también suministrar la vacuna.
Walter Felix, de URNG-Maíz, resaltó que la aprobación de urgencia nacional porque se atendió al llamado de no generar deuda por la compra de la vacuna. Asimismo dijo que fiscalizará la aplicación de la vacuna para que sea universal y gratuita.
Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, alertó que el plan de la vacunación tenga una campaña informativa en idiomas maternos para que el mensaje llegue a toda la población y demandó que la vacuna no se convierta en un negocio porque la salud es un derecho constitucional.
Rudy González Cardona, de Viva, comentó que el plan de vacunación es impostergable porque hay más de mil casos diarios y el sistema de salud está desbordado. "Los guatemaltecos ya no están usando la mascarilla en reuniones familiares o lugares públicos", mencionó.
Marleny Matías, de UNE, señaló que el voto compromete a los diputados a fiscalizar el plan. Aprobar la ley, añadió, es un beneficio por el bien común.
Cornelio García García, de Todos, pidió un fondo de revisión ante el planteamiento de que la vacuna podría ocasionar trastornos en el desarrollo de niños o adolescentes.
Osmundo Ponce Serrano, de URNG-Maíz, comentó que la estrategia del Gobierno no ha tenido el suficiente cuidado y deficiente ante el coronavirus. Pero aún así, se sumó al apoyo del Congreso para que la vacuna sea comprada sin préstamo sino readecuaciones del presupuesto vigente, pero demandó transparencia para que no haya dudas ni reclamos en los fondos.
Petrona Mejía, de UNE, dijo que apoyó la ley porque no debería haber deuda en la campaña de vacunación, pero debe beneficiarse tanto el campo como la ciudad y la salud de todos los ciudadanos.
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Edgar Batres Vides, de Winaq, alertó que Guatemala ya adquirió deuda en 2020 para los programas de ayuda, y se refirió a que 725 centros de salud no están en condiciones y se necesitan Q92 millones para reparaciones de infraestructura, según la Secretaría de Planificación (Segeplán).
Flavio Muñoz, del Partido Humanista, planteó que la vacunación no debe ser obligatoria y no debe generarse monopolios.
