Costa Rica buscará a partir del lunes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita afrontar un abultado déficit fiscal, en medio de incertidumbre sobre los planes del gobierno para alcanzar un entendimiento tras el rechazo ciudadano a alzas de impuestos.
La búsqueda de este acuerdo plantea un difícil equilibrio para el gobierno, que intentará hacer un ajuste fiscal de alrededor de 3% del PIB, pero deberá presentar propuestas que sean aceptables para un congreso renuente a adoptar nuevos tributos, y sin provocar movilizaciones callejeras como ocurrió el año pasado.
El primer intento del Ejecutivo para lograr un pacto con el FMI fue en septiembre y octubre pasados, pero fracasó en medio de críticas de especialistas y legisladores que consideraron que privilegiaba nuevos impuestos a cortes en el gasto público.
El planteo desató una ola de protestas, con bloqueos de carreteras en todo el país, que obligó al gobierno de Carlos Alvarado a retirar la iniciativa.
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Luego, en un diálogo con todos los sectores del país, incluyendo sindicatos y empresarios, celebrado entre octubre y noviembre pasados, las partes acordaron buscar un ajuste de 2,5% del PIB mediante reducción del gasto público, eliminación de exoneraciones tributarias y nuevos ingresos.
En ese contexto, 'el gobierno se planteó un acuerdo con el FMI porque quiere asegurarse un apoyo al financiamiento que necesita los próximos años', explicó a la AFP el economista Fernando Rodríguez, un exviceministro de Hacienda y profesor de la Universidad Nacional.
'Tener un acuerdo con el Fondo es un sello de calidad del manejo de la situación macroeconómica, particularmente en lo fiscal', comentó Rodríguez. Con estas credenciales podrá buscar financiamiento en otras fuentes.
-El desafío del déficit-
Costa Rica registró un déficit fiscal de 6% del PIB en 2019, uno de los más altos de Latinoamérica, y el Banco Central proyecta que subirá a 9,2% del PIB en 2020 por efecto de la pandemia, que provocó un aumento de gastos, redujo los ingresos a las arcas públicas y generó una contracción de la economía estimada en 4,6% con 20% de desempleo.
Hasta el momento, el gobierno costarricense ha dado señales sobre el acuerdo que buscará con el FMI, que algunos legisladores han considerado confusas.
El pasado martes, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y la recién nombrada ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, se reunieron con jefes de las bancadas parlamentarias, a quienes plantearon detalles de la negociación con el FMI.
Tras el encuentro algunos legisladores señalaron que la propuesta gubernamental incluía un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 13% a 14%, así como un gravamen a las transacciones financieras.
Pero un día después, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, desmintió esa versión. 'IVA al 14% e impuesto a transacciones financieras no son opciones viables' y no formarán parte de la propuesta del gobierno, aseguró.
Según el jerarca, el eje central del plan oficial es la reducción del gasto público de 16,45% del PIB en 2020 a 13% en 2025.
-Sin apoyo legislativo-
Un análisis de la consultora de riesgo Eurasia Group apuntó que para lograr un recorte del déficit fiscal de 3 puntos porcentuales, el gobierno deberá buscar un aumento de ingresos mediante impuestos, lo que plantea un desafío político para obtener aprobación legislativa.
El exviceministro Rodríguez comentó que Costa Rica tiene la dificultad de que casi cualquier iniciativa que plantee el gobierno requiere el apoyo del Congreso, y la actual administración tiene solo nueve diputados de los 57 de la Asamblea Legislativa (Parlamento), lo que complica el respaldo a sus propuestas.
'Hay que esperar a tener un plan más elaborado para determinar si permite ganar credibilidad, y ver cómo lo va a recibir el Fondo', agregó Rodríguez.
