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Fecha de publicación: 2020-02-10
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Costa Rica: Gobierno propone vender licorera y banco para reducir déficit

El nuevo plan fue presentado hoy por el ministro de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Otro eje es reforzar el combate a la evasión.

Por estrategiaynegocios.net

La administración de Carlos Alvarado presentó este lunes un proyecto de ley para frenar el crecimiento de la deuda estatal y reducir el déficit, al tiempo que la calificadora de riesgos Moody´s degradaba la calificación de los bonos de Costa Rica.

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El nuevo plan contempla, entre otras acciones, destinar al Ministerio de Hacienda ¢226.145 millones (US$ millones) del superávit de instituciones autónomas, fondos y dependencias.

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La medida está incluida en el proyecto de “Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (Ley Nº9371 del 28 de junio de 2016), para frenar el crecimiento de la deuda estatal”, con el que se pretender reducir el déficit fiscal que cerró 2019 con el 6,96% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en casi tres décadas.

La iniciativa fue presentada en la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien dio más detalles de las medidas extraordinarias para reducir el déficit.

Los ¢226.145 millones representan el 0,62% del PIB y entre las instituciones que deberán aportar superávit disponible están el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Turismo, la Junta de Protección Social, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Puertos del Pacífico, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y la Junta Administrativa del Registro Nacional, de la Imprenta Nacional y del Fondo del Consejo de Salud Ocupacional.

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En tanto, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá trasladar al Ministerio de Hacienda el dinero resultante de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (SORESCO).

En venta

Sin embargo, el plan incluye medidas más drásticas como la concesión o venta de los estatales Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

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Según Hacienda, solo la venta o la concesión de la Fábrica tendría un impacto equivalente al 0,03% del PIB y, además, permitirá fortalecer al Consejo Nacional de Producción (CNP), el cual debe hacer frente a las millonarias obligaciones de la licorera.

De acuerdo con La Nación, dicha empresa estatal cerró 2019 con pérdidas por ¢3.170 millones (US$5,5 millones) en 2017 y ¢3.998 millones (US$6,9 millones) en 2018. Sin embargo, sus resultados financieros podrían ser más graves, pues la fábrica posee deudas que no están registradas en su contabilidad.

Fanal se creó en 1853 bajo el nombre de Fábrica Nacional de Aguardientes. Su actual planta de destilación, ubicada en Grecia, se inauguró en 1981 y en la actualidad su producto estrella es Guaro Cacique, el que se vende desde 1980.

Bicsa, por su parte, es una subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), dueño del 51% de esa entidad. El Banco Nacional (BN) tiene el restante 49%.

El Banco Internacional tiene su sede en Panamá. “Consideramos que esa entidad bancaria, que no funciona en Costa Rica, es valor del Estado y el uso más adecuado es bajar la deuda”, aseguró Chaves a los legisladores.

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El BCR destacó que respalda la propuesta del Gobierno. “El BCR reafirma su anuencia y total disposición a colaborar con las solicitudes, acciones o información que requiera el Gobierno en relación con esta y otras iniciativas puntuales orientadas a mejorar las finanzas públicas”, destacó la entidad según consigna la versión digital del periódico La Nación.

Bicsa nació en Panamá y cumple un papel en el negocio bancario de corresponsales, concentrándose en Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.

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Actualmente, además de una sucursal en Miami, Estados Unidas, cuenta con oficinas de representación en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Freno a una crisis mayor

Chaves expuso ante el Legislativo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas impidió una crisis mayor, pero sostuvo que aún hacen ajustes para estabilizar las finanzas públicas.

“Las crisis fiscales hipotecan el futuro y traen como consecuencia una reducción en gasto social, aumento de la pobreza, más desempleo y venta de activos a precios por debajo del valor de mercado, entre otros efectos directos sobre la población”, explicó.

Chaves considera que si Costa Rica estuviera hoy sin la reforma fiscal aprobada a finales de 2018, el déficit del gobierno central podría haber alcanzado 8,44% del PIB y no 6,96% como sucedió al cierre del 2019.

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“Presentar estas proyecciones y sus consecuencias como la crisis que dichosamente no sucedió, porque actuamos con responsabilidad, nos alerta y nos permite visualizar mejor lo que queremos y lo que no queremos para Costa Rica”, enfatizó Chaves.

De acuerdo con el ministro, sin la Ley 9635, la relación deuda/PIB (lo que debe el país, en relación con la producción nacional) habría sido 58,8% en 2019; 66,4% este año y 106,4% en el 2024; porcentajes insostenibles que llevarían inevitablemente a una crisis fiscal difícil de superar.

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“Las crisis fiscales hipotecan el futuro, traen consigo alza en las tasas de interés, desplazamiento del crédito del sector privado, aumento explosivo del servicio de la deuda, incremento del gasto corriente, caída en la inversión, reducción PIB y baja en la calificación crediticia. Esto se traduce en una reducción en gasto social”, explicó el ministro.

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