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Fecha de publicación: 2020-02-09
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El Salvador: Choque de poderes por préstamo para seguridad

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se pronunció mediante su cuenta en Twitter donde hizo un llamado a que "se encuentre pronto la mejor forma de darle continuidad (a los planes de seguridad) respetando el rol de cada órgano de Estado”.

Por estrategiaynegocios.net

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de El Salvador se mantienen en medio de una fuerte tensión política, un pulso que en el que ya destacan llamados a la "insurrección" y donde hay calificativos de "autogolpe" y "rompimiento del orden constitucional".

El sábado, soldados de la Fuerza Armada rodearon la sede de la Asamblea Legislativa, en tanto en las afueras se instalaba de una tarima, escenario para la convocatoria impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha maniobrado jurídicamente para empujar a una sesión extraordinaria de los diputados a quienes exije se aprueben un préstamo de US$109 millones para financiar un programa de seguridad.

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Para aprobarlo, su Consejo de Ministros convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero a las 10:00 de la mañana para conocer como punto único el dictamen sobre el préstamo.

Presidencia echó mano del artículo 167 de la Constitución de la República, inciso séptimo, que le da facultad al Consejo de Ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.

La Asamblea Legislativa recibió esa solicitud la noche del 6 de febrero, mientras estaban en sesión plenaria, en la cual decidieron convocar a una nueva sesión el 7 de febrero, en la cual rechazaron la convocatoria presidencial.

Con 67 votos –de 84– los diputados aprobaron una respuesta de cuatro páginas al Consejo de Ministros en la cual señala que el préstamo es analizado y que no existen las condiciones que justifiquen una convocatoria extraordinaria por no ser una emergencia constitucional.

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En su respuesta, los diputados advirtieron que una aprobación -en los términos que empuja Bukele- podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.

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Llamado a la insurrección

La respuesta del Ejecutivo fue convocar a la población a reunirse el domingo a las 3:00 de la tarde frente Asamblea Legislativa. La convocatoria fue difundida en las cuentas de Twitter de Casa Presidencial, Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de Presidencia de la República.

Bukele hizo una advertencia: si no asisten, rompen el orden constitucional; y si rompen el orden constitucional, el pueblo tiene el derecho a la insurrección.

Diez organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.

Al interior de la Asamblea Legislativa, las diferentes bancadas parlamentarias han sostenido reuniones por separado, según informó a periodistas el presidente del Congreso -Mario Ponce- quien además señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) retiró a los agentes designados para brindar seguridad a cada uno de los diputados.

"Ante esta situación (retiro de agentes) es mi obligación, como presidente de este órgano, proteger a los diputados, especialmente a aquellos que fueron firmantes de los Acuerdos de Paz, como la diputada Nidia Díaz (del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN)", dijo el parlamentario del Partido de Concertación Nacional (PCN, centro derecha).

Oposición denuncia "autogolpe"

Por su parte, líderes de los principales partidos de oposición -la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del izquierdista FMLN- hicieron denuncias a lo que denominaron "acciones dictatoriales” y "autogolpes”.

El diputado de ARENA, Carlos Reyes, leyó un comunicado ante periodistas en el que pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para resolver la tensión política y "active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el incumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para detener de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso".

En tanto, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, demandó a Bukele "frenar sus amenazas, propias de una dictadura" y señaló que "los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él", lo que fue contestado por Bukele.

EE.UU. pide respetar independencia de poderes

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se pronunció mediante su cuenta en Twitter para publicar su llamado a que "se encuentre pronto la mejor forma de darle continuidad (a los planes de seguridad) respetando el rol de cada órgano de Estado”, la posición que fue reiterada por la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) que aseguró que lo realizado por Bukele "tiene un impacto negativo para el ejercicio democrático”.

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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aseguró en un comunicado que el llamado de la Presidencia de la República a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa para obligarla a sesionar “perjudica innecesariamente la armonía social y deteriora el clima de inversiones” requerido para el despegue económico del país.

“La popularidad del Presidente debe ser utilizada para convencer y no para generar crisis civil en la sociedad”, sostiene la ANEP.

Según la gremial, que emitió el comunicado la noche de este viernes, el Ejecutivo “no puede excederse en sus funciones al interpretar la Constitución, colocando al país en una crisis institucional por un choque de poderes” por las diferencias en torno a un préstamo.

Por su parte, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –instancia creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz- José Apolonio Tobar advirtió que "pareciera que se pretende crear condiciones parecidas a las que han ocurrido en Sur América, en donde la conflictividad social ha llegado al exceso de derrumbar parlamentos cuando éstos no han sido anuentes a las iniciativas de ley del Ejecutivo”.

Tobar agregó que "es válido que cualquier funcionario de la República convoque al pueblo salvadoreño a una concentración (…) pero la asistencia de todas las personas debe ser voluntaria e informada; por lo tanto, al existir un llamado a empleados públicos para que se presenten a la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa con la advertencia que se ‘pasará lista' y su asistencia o inasistencia será tomada en cuenta para futuras evaluaciones, constituye una grave violación al derecho humano”.

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Asamblea sin resultados

La Asamblea Legislativa de El Salvador fracasó la noche del sábado en su intento de celebrar una reunión extraordinaria para superar una crisis con el Ejecutivo, que demanda la rápida aprobación de un préstamo para seguridad, que la administración de Nayib Bukele califica de "clave" para proseguir la lucha contra las pandillas.

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"Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado inter-órganos (Ejecutivo-Legislativo) y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido", declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce.

A la sesión de este sábado solo llegaron 28 de los 84 diputados de la Asamblea unicameral y Ponce realizó una nueva convocatoria para el lunes, en medio de la presión del gobierno.

Crédito de la discordia

Bukele busca que el legislativo le apruebe un préstamo de US$109 millones concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fondos que serán usados para equipar a la Policía y el Ejército.

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El detalle de gastos incluye la compra de helicópteros, un buque para búsqueda y rescate, cámaras de videovigilancia, drones, patrullas, uniformes policiales, radios, ambulancias, camiones, lentes de visión nocturna y equipo para el Hospital Militar.

Los diputados tenían listo el dictamen pero le retiraron el apoyo, alegando que temen que US$25,9 millones del préstamo se destinen a la empresa SeguriTech Integral Security, una firma dedicada a la videovigilancia que pagó un viaje del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna.

Luna fue el protagonista de un escándalo desde finales del año pasado tras difundirse fotos de él y una acompañante en un viaje en jet privado. La filtración movilizó a cientos en redes sociales a cuestionar quién había pagado el viaje y se convirtió en una de las grandes crisis de la gestión de Bukele.

El Ejecutivo trató de mantener en reserva la información, confirmó que se trataba de un viaje oficial, pero aseguró que no se había erogado fondos públicos. Una investigación de El Faro confirmó que el viaje fue pagado por Seguritech.

Sin embargo, el pulso entre la Asamblea y el Ejecutivo tiene otras dimensiones como el llamado a interpelación de los titulares de Salud y de la compañía estatal de aguas sobre una crisis en la calidad del servicio en enero, algo que Bukele critica y que señala ocurre en medio de una investigación fiscal contra el expresidente del Congreso, Norman Quijano, de ARENA, -y a otros dipútados y exfuncionarios de gobierno- por negociaciones con las pandillas.

Con información de AFP, DW y El Mundo.

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