Por estrategiaynegocios.net
A un año de haber aprobado una orden ejecutiva que declara que las actuaciones de la dictadura de Nicaragua son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ratificó dicha ley este lunes y la mantiene activa después del 27 de noviembre de 2019.
El 27 de noviembre de 2018, mediante la Orden Ejecutiva 13851, Trump declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701-1706) para hacer frente "a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituido por la situación en Nicaragua".
"Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar vigente después del 27 de noviembre de 2019. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1622 (d)), estoy continuando durante un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua", dice el documento desde Washington.
El mandatario estadounidense ha denunciado no solo 'la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
También advierte 'del desmantelamiento y debilitamiento sistemático del régimen de Ortega de las instituciones democráticas y el estado de derecho, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua.
En este tiempo, Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del Gobierno nicaragüense, incluidos Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y su hijo, por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción, este último es un renglón donde advierte que 'ha llevado a la desestabilización de la economía de Nicaragua'
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa y Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron que la medida es un aviso de que EE. UU. seguirá aplicando sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El excanciller Aguirre Sacasa criticó que el régimen orteguista "no está actuando de forma prudente con ningún miembro de la comunidad internacional", lo que quedó demostrado cuando se negó a recibir "al grupo de los cinco" embajadores de países miembros de la OEA que integraron la comisión de alto nivel diplomático que realizó un informe donde denunciaron el rompimiento del orden constitucional y democrático en Nicaragua.
Asimismo, Ortega mantiene confrontación con la Unión Europea (UE) y de forma bilateral con el Gobierno de España, ya que se le prohibió el ingreso al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de Laiglesia. La UE también estaría lista para sancionar de forma individual a miembros de la dictadura.
Para Aguirre, el discurso hostil de Ortega hacia España y la Unión Europea es una demostración que el régimen "está empecinado en autoaislarse de la comunidad internacional" y enfrentarse con países que son socios comerciales o importantes donantes para el país en momentos de una profunda crisis económica.
"Creo que esa política es injustificable, parece que el comandante Ortega quiere mantener la tensión en el país. Esto sería en reacción a lo que llamo el mal de Evo, porque parece que los dictadores que se sorprendieron con lo que le pasó a Evo Morales (quien fue forzado a renunciar como presidente de Bolivia por el fraude electoral) quieren marcar su posición diciendo que no le pasará lo mismo, porque están listos a responder por la fuerza", dijo Aguirre Sacasa en delcaraciones al portal lprensa.com.ni.
Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la 'democratización' de la nación centroamericana, en el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar al líder sandinista por crímenes de lesa humanidad.
Con información de Europa Press y La Prensa de (Nicaragua).
A un año de haber aprobado una orden ejecutiva que declara que las actuaciones de la dictadura de Nicaragua son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ratificó dicha ley este lunes y la mantiene activa después del 27 de noviembre de 2019.
El 27 de noviembre de 2018, mediante la Orden Ejecutiva 13851, Trump declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701-1706) para hacer frente "a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituido por la situación en Nicaragua".
"Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar vigente después del 27 de noviembre de 2019. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de Emergencias (50 USC 1622 (d)), estoy continuando durante un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua", dice el documento desde Washington.
El mandatario estadounidense ha denunciado no solo 'la violenta respuesta que el Gobierno dio a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
También advierte 'del desmantelamiento y debilitamiento sistemático del régimen de Ortega de las instituciones democráticas y el estado de derecho, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua.
En este tiempo, Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra altos cargos del Gobierno nicaragüense, incluidos Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, y su hijo, por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción, este último es un renglón donde advierte que 'ha llevado a la desestabilización de la economía de Nicaragua'
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa y Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron que la medida es un aviso de que EE. UU. seguirá aplicando sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El excanciller Aguirre Sacasa criticó que el régimen orteguista "no está actuando de forma prudente con ningún miembro de la comunidad internacional", lo que quedó demostrado cuando se negó a recibir "al grupo de los cinco" embajadores de países miembros de la OEA que integraron la comisión de alto nivel diplomático que realizó un informe donde denunciaron el rompimiento del orden constitucional y democrático en Nicaragua.
Asimismo, Ortega mantiene confrontación con la Unión Europea (UE) y de forma bilateral con el Gobierno de España, ya que se le prohibió el ingreso al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de Laiglesia. La UE también estaría lista para sancionar de forma individual a miembros de la dictadura.
Para Aguirre, el discurso hostil de Ortega hacia España y la Unión Europea es una demostración que el régimen "está empecinado en autoaislarse de la comunidad internacional" y enfrentarse con países que son socios comerciales o importantes donantes para el país en momentos de una profunda crisis económica.
"Creo que esa política es injustificable, parece que el comandante Ortega quiere mantener la tensión en el país. Esto sería en reacción a lo que llamo el mal de Evo, porque parece que los dictadores que se sorprendieron con lo que le pasó a Evo Morales (quien fue forzado a renunciar como presidente de Bolivia por el fraude electoral) quieren marcar su posición diciendo que no le pasará lo mismo, porque están listos a responder por la fuerza", dijo Aguirre Sacasa en delcaraciones al portal lprensa.com.ni.
Nicaragua sufre una crisis política desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta demandar la 'democratización' de la nación centroamericana, en el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas y cientos fueron detenidos, a lo que hay que sumar algunas desapariciones. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendaron juzgar al líder sandinista por crímenes de lesa humanidad.
Con información de Europa Press y La Prensa de (Nicaragua).