Para evitarlo, Rocío Aguilar -quien entró a la llamada de Carlos Alvarado para tomar el Ministerio de Hacienda, en una suerte de Gobierno de Unidad Nacional, estando en posiciones políticas y económicas alejadas a las del oficialista Acción Ciudadana- tejió un hilo de Ariadna con el cual salir del mismo, matar al minotauro (ergo, la crisis fiscal) y que Teseo (Costa Rica, en este caso) pudiera salir indemne del laberinto.
Pero Aguilar dijo basta en la mañana del 23 de octubre. Tras soportar mil tensiones en el poco menos de año y medio que llevaba en el cargo, decidió salir del mismo. Tal vez tras sentirse ninguneada en varias ocasiones (negociaciones sindicales en la Caja Costarricense del Seguro Social; y la última, en días anteriores a su dimisión, con las Universidades públicas, con las que se enfrentó por temas presupuestarios); tal vez por la reprimenda de la Contraloría General de la República, que recomendó la suspensión de
Aguilar de su cargo por 30 días (en un dictamen no vinculante), por haber tomado la decisión de pagar un ‘hueco fiscal’ de 600.000 millones de colones dejado por el anterior gobierno (algo más de US$1.000 millones) al poco de tomar posesión de su cargo, sin la aprobación presupuestaria de la Asamblea Legislativa.
De no haber pagado esa deuda, las complicaciones para el Estado costarricense habrían sido de órdago. Aguilar deja el cargo después de haber luchado (y conseguido) en pro de la tan traída y llevada reforma fiscal, sacando adelante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Su renuncia ha vuelto a poner en el disparadero la situación del país para las calificadoras de riesgo. Así, Gabriel Torres, Vice President Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service y analista soberano de Costa Rica, indica: "La renuncia de la ministra de Hacienda de Costa Rica aumenta el riesgo de retrasar los planes del gobierno para acceder a los mercados de capitales internacionales, una fuente de financiamiento clave para 2019. El cambio de ministro también aumenta las inquietudes crediticias sobre la implementación de la consolidación fiscal en medio de déficits fiscales muy altos".
Porque todos los esfuerzos han ido hacia esa dirección, la consolidación fiscal y la reducción del déficit fiscal, algo para lo que la ministra saliente había puesto las primeras piedras, y que ahora no se sabe qué dirección se tomará.
¿Hablamos de crisis (económica)?
Por el momento, no. Costa Rica vive una desaceleración de su economía, pero este año va a crecer un 2,2 % (cifra que sí se ha visto recortada en las sucesivas revisiones, algo que ha sucedido en casi todo el mundo por el frenazo global)."La economía de Costa Rica no está en crisis, porque una crisis conlleva a dos trimestres consecutivos de un retroceso generalizado del PIB. Lo que sí podemos ver es algunos sectores como construcción, agro y algunos puntos en temas de comercio, donde podemos darnos cuenta de que sí existe un retroceso importante en el índice Mensual de Actividad Económica (IMAE, indicador de corto plazo que ha venido viendo mermas sucesivas -si bien en septiembre creció tras más de un año hacia abajo-), explica el economista Daniel Suchar.
Todo ello se refleja en el ambiente. El índice Empresarial de Confianza de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) muestra que la confianza de los empresarios ha caído a su nivel más bajo desde 2009.
"El comercio tiene un 30 % menos de actividad económica, la construcción entre 10 % y 12%", expresa Gonzalo Delgado, presidente de la UCCAEP. Pero Delgado no lo ve todo oscuro, sino que avizora una luz al final del túnel: "Creemos que la economía va a reactivarse, se liberaron varios proyectos turismo en la zona norte, con inversión de US$400 millones, que tienen su proceso…"
Para ello, considera necesario que el país haga un esfuerzo en infraestructura, "continuar al ritmo que no es el óptimo, pero es buen cambio", además de apostar por las concesiones, el tren urbano, así como una inversión rápida y fuerte en educación, "especialmente la técnica".
Los enfrentamientos también se han cebado con la UCCAEP, pues al día siguiente de la renuncia de la ministra, dos de las grandes cámaras, la de Industria y la de Comercio, escenificaban su salida de la unión de cámaras comandada por Delgado.
Los empresarios han alzado su voz clamando por la venta de algunos activos del Estado, para tratar de paliar la crisis de liquidez del país. "Activos productivos que no son necesarios para Gobierno. Creemos que el Estado debería enfocarse en gestión más que en operaciones", apunta Delgado.
El politólogo Gustavo Araya no cree que esta sea la solución: "Ha habido un empuje muy fuerte tratando de llevar a cabo esto, una especie de arremetida que busca ver cómo privatizar algunas de las actividades del Estado. Me llama especialmente la atención el énfasis en los dos bancos públicos, instituciones fuertes, eficientes, y con tasas de interés bajas".
¿Hablamos de crisis (social)?
A juicio de Araya, todavía no podemos hablar de crisis social. Si bien hay desaceleración, ello no ha implicado un crecimiento significativo de la pobreza, las clases medias o bajas no han caído bajo la línea de pobreza. Los últimos datos oficiales indican que la pobreza se mantiene en el 21 %, y que la pobreza extrema se ha rebajado al 5,8 % (del 6,3 % de la anterior medición).La economía sigue a flote, y "nos ha salvado mucho que los sistemas educativos y de salud siguen funcionando, son eficaces, hay acceso a ellos", incide Araya. Además, Costa Rica ha perdido ímpetu del bono demográfico: "No es que cada vez más jóvenes se adhieren a la masa que no encuentra empleo, sino que paulatinamente aquellos en edad productiva 30-35 años se mantienen muy estables, por lo que aún no hay elementos para crisis social".
Pero el desempleo sí que es una de las variables preocupantes del país. Vuelve a crecer, una vez más, y se ha situado en el 11,9 %. Hay más trabajadores que nunca, 2.183.195, pero también una mayor fuerza de trabajo (2.478.775), pujando por una mayor incorporación al mercado laboral, lo que impulsa ese desempleo (295.580 desocupados).
Y la formación se antoja fundamental a la hora de conseguir un trabajo. El desempleo se radica mucho más en personas que tienen secundaria o menos, el 65% del mismo está ahí. "Y lamentablemente, donde ellos pudieran calzar, con ese perfil, es exactamente en los sectores donde existe una contracción en la economía: construcción, agrícola, pesquero, agropecuario (el primario, en general) esa es la variable más preocupante de la economía de Costa Rica hoy en día", asevera Suchar.
Tal vez todavía más preocupante que el desempleo en sí mismo es la alta situación de informalidad, pues se calcula que el 46,3 % del empleo está en el sector informal. Encontrar la manera de pasar a una parte de ese porcentaje a la formalidad es un reto pendiente del país, ya que mejoraría los ingresos de buena parte de la ciudadanía que no tiene acceso a servicios públicos de calidad, "porque no los paga", explica el politólogo. Y eso ayudaría tanto a las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, como de las finanzas públicas (pago de IVA y renta).
La UCCAEP ha propuesto algunas iniciativas tendentes a ello, promoviendo una amnistía en tres niveles: fiscal, social (cargas sociales, arreglos de pago condonaciones) y ambiental (permisos ambientales que no permiten ser sujetos de crédito a empresas).
"Para el sector productivo la informalidad es una de las prioridades, buscamos reducirla", dice Delgado. Araya cree que es necesario flexibilizar las condiciones, y apuesta por un IVA gradual, así como mejoras en la tramitología: "Están tratando de pasar ahora por asamblea que si hay empresas que no han formalizado trabajadores lo puedan hacer de manera escalonada, pero solo a los que ahora inician, habría que abrirlo" a empresas que iniciaron en el pasado.
La deuda privada es otra de las preocupaciones. Los costarricenses inician cada mes con el 64% de su salario comprometido con las deudas (por encima de lo considerado como aceptable, que va del 35% al 40%): pago de hipoteca, carro, o créditos de consumo (el más caro y el que más ha crecido en la última década), por lo que su liquidez se ve seriamente afectada.
La deuda promedio de los hogares se duplicó desde 2011, pasando de 4,4 millones de colones en 2011, a 8,6 millones en 2018; mientras que el salario apenas se incrementó en un 18 %. Y eso, contando solo las deudas en el sector financiero.
La Administración Alvarado ha presentado un proyecto de ley, iniciativa que ha denominado ‘Crédito de Salvamento’ que permitiría a las personas altamente endeudadas refinanciar sus préstamos y obtener una cuota mensual más baja para mejorar sus condiciones de liquidez, y un plazo de hasta 20 años, para asalariados del sector público y privado (no tendrían acceso los trabajadores independientes) cuyas deudas financieras estén por encima del 40 % de su salario. El Gobierno emitió una directriz, el pasado 15 de octubre, para que se sumen la banca estatal y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.
Negar la conflictividad social existente desde la entrada de Carlos Alvarado al poder, asociada a la reforma fiscal, sería tratar de tapar el sol con un dedo.
Pero si bien ha habido múltiples bloqueos y huelgas en el último año (asociadas a los impuestos y el empleo público, protagonizadas por empleados públicos y estudiantes), la realidad es que ha habido muy escasos brotes de violencia, de muy baja intensidad.
"Creo que la salida de la ministra es desde el punto de vista político, el mayor logro de este movimiento anti fiscalista", apunta Araya, quien no ve en el horizonte cercano un estallido social como en Chile, o Ecuador.
¿Romperán las tensiones económicas y sociales el hilo de Ariadna, o el trabajo realizado hasta el momento por la recién salida ministra de Hacienda habrá sido lo suficientemente fuerte para lograr salir del laberinto? Solo el tiempo nos lo podrá decir. Eso sí, la arena del reloj se está acabando. Confiemos en ello.
