Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han dado 'luz verde' este lunes en Luxemburgo a la creación de un marco jurídico nuevo que permitirá imponer sanciones a personas y entidades en Nicaragua responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, la represión a la población civil y la oposición o cuyas acciones menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en el país, así como a las personas asociadas a estas.
Los Veintiocho han dado así el primer paso para poder imponer sanciones por la crisis política en Nicaragua, igual que hicieron en el caso de Venezuela, que consistirán en la inmovilización de bienes y la prohibición de entrada en la UE. Además, ni las personas ni empresas establecidas en la UE podrán facilitar financiación a las personas y entidades sancionadas.
'Se podrán añadir designaciones específicas en caso de un estancamiento continuado y un ulterior deterioro de los Derechos Humanos y el estado de Derecho, o se podrán revocar en caso de un avance positivo y decisivo', han avisado los Veintiocho en un texto de conclusiones sobre la situación en Nicaragua.
Los Veintiocho dejan claro que habrá 'un enfoque gradual y flexible' para proceder a las designaciones individuales 'según proceda' y que las medidas restrictivas 'son específicas' a personas y entidades. 'Se han concebido para no perjudicar a la población nicaragüense', aseguran en el texto.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho ya condenaron 'firmemente' la represión de las fuerzas de seguridad y grupos armados afines del Gobierno contra la oposición y los manifestantes, así como contra los medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, y amenazaron en enero al Gobierno de Daniel Ortega con explorar sanciones en caso de que la situación en Nicaragua no mejorara para tratar de resolver la crisis en el país, que estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social y que se extendieron rápidamente para pedir la 'democratización' de Nicaragua.
Los Veintiocho justifican aprobar el nuevo instrumento jurídico ahora para poder imponer sanciones a individuos y entidades en Nicaragua porque la situación de los Derechos Humanos y la democracia en el país siguen siendo 'altamente preocupante' y las violaciones denunciadas por los expertos independientes cometidas desde abril de 2018 no han sido objeto de seguimiento, a pesar de que 'la rendición de cuentas es un elemento esencial para la verdad, la justicia y la reconciliación'.
La UE afea además al Gobierno de Ortega que las medidas promovidas para avanzar en la reconciliación, como la Ley de Amnistía adoptada en junio por la Asamblea nicaragüense, 'fueron impuestas sin consultas y no respetan los principios internacionales', su 'negativa' a 'retomar el diálogo con la oposición denota una señal negativa' sobre su 'disposición' a 'trabajar para una salida democrática y pacífica de la crisis'.
Asimismo, ha criticado el hecho de que no se haya producido 'la restitución de los derechos civiles y políticos' de los presos políticos liberados, contemplada en el acuerdo de marzo de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica, tras 'el avance positivo que supuso la puerta en libertad de un gran número de presos políticos'.
Los Veintiocho han exigido este lunes al Gobierno de Ortega la 'plena' aplicación del acuerdo de marzo, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y seguro de los exiliados y la liberación de los presos políticos restantes y que se retiren los cargos en su contra.
También han reclamado el 'fin' al acoso e intimidación de los presos políticos liberados y sus familiares y garantizar su seguridad física, así como que permita el regreso y coopere con los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Igualmente, han pedido al Gobierno que reanude 'urgentemente' el diálogo nacional y que llegue a un acuerdo con la oposición, incluida la Alianza Cívica, sobre reformas electorales e institucionales para 'garantizar elecciones limpias y transparentes', que cumplan con las normas internacionales.
'La UE se muestra dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan', afirman los Veintiocho, que han reiterado el 'compromiso' de la Unión de seguir trabajando para 'una salida pacífica' a la crisis y apoyar al pueblo nicaragüense.
LA CRISIS EN NICARAGUA
El líder 'sandinista', que respondió con una dura represión ante el mayor desafío en sus 15 años de gobierno, ofreció finalmente un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo el diálogo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.La opositora Alianza Cívica --ahora integrada en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)-- había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de 'casa por cárcel', es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 personas han muerto y otras 2.000 han resultado heridas, mientras que 700 más han sido detenidas y enjuiciadas. Además, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua desde entonces, de las que 55.500 han solicitado protección internacional en Costa Rica.
