Claves Del Día
Fecha de publicación: 2019-09-06

Costa Rica: Gobierno de Alvarado urge más fondos para presupuesto

Tras nueve años de no usarse esta figura. Hacienda pretende que el Congreso apruebe dos créditos por un total de US$850 millones para canjear deuda cara por una con menos intereses.

Por CRHoy

Pasaron 9 años desde que el Gobierno de Costa Rica negoció por última vez un préstamo de apoyo presupuestario para financiar sus gastos operativos ordinarios u otros objetivos de saneo de finanzas públicas, como canjear deuda más cara por una a mayor plazo y que devengue un menor pago de intereses en el presente.

Hasta ahora es que el gobierno del presidente Carlos Alvarado ha vuelto a ver en ese tipo de créditos una alternativa más para concretar el proceso de saneamiento de las deficitarias finanzas estatales.

Al cabo de año y cuatro meses en el poder, Alvarado ya ha negociado un crédito de US$500 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otro por US$350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ambos están aún en proceso de debate en la Asamblea Legislativa, durante el cual han cosechado por igual apoyos y rechazos de parte de los diputados. La última palabra la tendrá el plenario.

El empréstito con CAF se denomina “Préstamo de libre disponibilidad basado en resultados de políticas públicas” y se firmó el 24 de mayo pasado. Su tasa de interés es libor 6 meses más un margen de 1,85% y el Gobierno tendrá 18 años para pagarlo con un periodo de gracia de 3 años.

En tanto que los US$350 millones del BID se nombraron como “Préstamo programático de apoyo de reformas de política”. Su firma ocurrió el 16 de julio de este año, tiene un plazo de 20 años para su cancelación y un periodo de gracia de 5 años. La tasa de empréstito es anual y se estima con base en la tasa libor a tres meses más un margen de fondeo de un 0,14% y un margen de préstamos del BID que es de 0,80%.

La razón por las que el Poder Ejecutivo decidió retomar la ruta de negociar créditos de apoyo presupuestario, según el Ministerio de Hacienda, es ahorrarse una enorme suma de dinero que el país paga por intereses de deuda cara.

Por ejemplo, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que con el crédito con CAF el Gobierno busca cancelar un cúmulo de deudas adquiridas en el mercado local por las cuales paga una tasa de interés de un 8%, mientras que por el crédito no pagaría más de un 4%.

En colones constantes y sonantes, afirmó Aguilar ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ahorro del Estado sería de ¢11.400 millones por año.

El préstamo con el BID tendría el mismo sentido: que el Gobierno tenga que recurrir cada vez menos a endeudarse en el mercado local para financiar sus operaciones ordinarias recurriendo a un instrumento que le provocará ahorros en el pago de intereses.

Esa entidad financiera multilateral comunicó al aprobar el crédito que los recursos también se usarán para financiar la implementación de la reforma fiscal para mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público.

Ambos créditos complementarían no solo la reforma fiscal, con la que el Estado pretende recaudar más de ¢400.000 millones adicionales al año, sino que además reforzarían el plan de Hacienda de utilizar los eurobonos por US$1.500 millones que el Congreso le aprobó este año para canjear deuda que está a punto de vencer o por otra a mayor plazo y que presione menos las finanzas públicas en el corto plazo.

Además, el Gobierno pretende enviar más señales positivas a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo internacional planteando un presupuesto ordinario para el 2020 restringido al máximo en su crecimiento.

De hecho, sin el servicio de la deuda y sin el pago de pensiones, el plan de gastos por ¢10,5 billones es un 4,3% menor al del 2019, siendo el de menor crecimiento en la última década.

El gasto corriente, informó Hacienda, crece apenas un 3,91% y se contiene el crecimiento de plazas para que sea el menor de los últimos 9 años.

Además, Hacienda resaltó que en el 2020 se revierte la relación entre financiamiento con recursos frescos y endeudamiento para financiar el plan de gastos, debido a que se financiará en un 52% con impuestos y en un 48% con deuda.

La última vez que el país recurrió a un organismo financiero internacional para solicitar un crédito de ese tipo fue durante la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

Según la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, en esa ocasión, noviembre del 2009, el Estado solicitó un crédito de $500 millones al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La operación se denominó “préstamo para políticas de desarrollo de las finanzas públicas y competitividad con opción de desembolso diferido” y la aprobó la Asamblea Legislativa el 7 de julio del 2010, al inicio del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014).

En aquel momento, el déficit fiscal (brecha que hay entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central) era el equivalente a 5,01% del producto interno bruto (PIB).

Hoy la situación financiera del Gobierno es más apremiante todavía. A diciembre del año pasado, según Hacienda, el déficit equivalió a un 6% del PIB; durante la presentación del proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2020 la cartera proyectó que el desajuste podría ser de un 8,1% de la producción a diciembre entrante.

Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) Haciendo intentó negociar un crédito de apoyo presupuestario por US$500 millones ante el elevado déficit fiscal.

Sin embargo, la imposibilidad de que el Parlamento avanzara con pasos certeros hacia una reforma fiscal durante el periodo de gobierno anterior y las malas señales que envió el Ejecutivo al disparar el gasto público contuvieron a Hacienda de solicitar auxilio financiero a los entes prestatarios internacionales.

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