Claves Del Día
Fecha de publicación: 2019-04-18

El escándalo Odebrecht sigue sacudiendo a Latinoamérica

Tras cinco años de su destape la operación Lava Jato sigue derribando a políticos de todo el continente. Perú ha sido testigo en los últimos tiempos de las derivaciones más ruidosas del caso Odebrecht donde uno de los señalados, el expresidente Alan García se suicidó antes de que los fiscales lo detuvieran.

Por AFP

Tras cinco años desde que la Operación Lava Jato detonó un esquema de corrupción en Brasil, las esquirlas siguen esparciendo el escándalo en América Latina, donde no solo ha destronado a altas figuras de la política y los negocios, sino que se ha cobrado al menos una muerte, mientras otras siguen bajo investigación.

La región hizo propio el caso desde que la constructora Odebrecht, protagonista de la megacausa brasileña, admitió en 2016 haber pagado sobornos por U$788 millonesen una decena de países latinoamericanos y dos africanos.

Hasta entonces, el gigante de Brasil operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y estadios y hasta como fabricante de submarinos. Pero fue la exportación de su modelo de corrupción lo que popularizó su nombre.

El reparto, que dejó la mayor suma en el país de origen y tuvo como principales destinos Venezuela, República Dominicana y Panamá, ha tenido repercusiones desiguales en las distintas naciones implicadas.

Páginas oscuras

En Perú, la constructora declaró un pago de US$29 millones. Fue allí que el caso derribó en 2018 por primera vez a un mandatario, cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia cercado por la oposición.

Este miércoles, el expresdidente, que cumple detención preliminar, fue hospitalizado de emergencia en una clínica local a raíz de una crisis hipertensiva.

Perú acababa de convertirse el mismo día en escenario de la primera muerte aparentemente relacionada en forma directa con el caso. El expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011) se quitó la vida de un disparo antes de ser detenido en el marco de una investigación por supuestas coimas en la construcción del metro de Lima.
El país ha sido testigo en los últimos tiempos de las derivaciones más ruidosas del caso Odebrecht, con la detención en octubre de la líder de la oposición, Keiko Fujimori. A eso se suma la investigación por parte de la Justicia de los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Pero el caso de la constructora brasileña también ha sumado páginas oscuras por otros lares. En Colombia, que recibió US$11 millones en sobornos según Odebrecht, y US$32,5 millones de acuerdo con la fiscalía local, el escándalo tomó un giro dramático.

En noviembre, Jorge Pizano, testigo clave y auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con una firma local para construir una autopista millonaria, murió por ingerir cianuro. Tres días más tarde, su hijo también falleció envenenado por beber la misma botella. Ambas muertes rodeadas de controversias están bajo investigación.

Otro testigo clave, el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán, se suicidó en diciembre con cianuro.

Frente al impedimento del cuestionado fiscal general, algunos de los expedientes del caso Odebrecht han sido asumidos por un investigador especial.

Ecuador es otro de los países en los que el caso ha escalado a altos niveles de jerarquía. El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a mediados de diciembre de 2017 a seis años de prisión por cobrar US$13,5 millones en sobornos de Odebrecht, que habría pagado un total de US$40 millones.

Según la oficina del fiscal, 22 personas están detenidas y 24 casos han sido abiertos. Tomislav Topic, un empresario, se comprometió en febrero a entregar al estado US$13,5 millones pagados por el grupo, de los cuales desconocía su origen ilícito.

En los países de la región, las ramificaciones de Odebrecht siguen impulsando procesos judiciales a políticos encumbrados y hombres de negocios.

Según la justicia brasileña, la causa madre, el Lava Jato, sumaba hasta marzo US$1.196 órdenes de detención, 548 pedidos de cooperación internacional, y un total de 242 condenas contra 155 personas.

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