Claves Del Día
Fecha de publicación: 2019-03-09

Guatemala: ¿Qué ha cambiado dos años después de la tragedia en el Hogar Seguro, donde murieron 41 niñas?

Ya pasaron 730 días desde el trágico incidente en San José Pinula, donde se ubicaba el hogar Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS). Ocho personas son juzgadas por la muerte de 41 niñas y adolescentes, pero eso no cambia las condiciones en las que el Estado resguarda a los menores.

Por Prensa Libre

El 8 de marzo del 2017, cuando en el mundo se conmemoraba el Día de la Mujer, en Guatemala ocurrió una de las tragedias más devastadoras para este género, 41 niñas y adolescentes murieron quemadas mientras permanecían encerradas en un hogar estatal.

Sistema colapsó

La situación de la niñez se ha deteriorado más desde el 2017 para la fecha, asegura Leonel Dubón, director de la organización El Refugio de la Niñez, quien afirma que las instituciones no están respondiendo de la forma adecuada.

El activista señala que de parte de la SBS sí se han hecho algunos cambios positivos, como ampliarse a nuevas casas, pero las limitaciones para atender de forma efectiva a los niños y adolescentes vulnerables continúan y son responsabilidad de varias instituciones.

“Ya no hay capacidad de respuesta, se necesita una nueva institucionalidad debido a que los problemas de la niñez han evolucionado y la SBS se queda corta”, afirma Dubón.

Uno de los problemas, señala es que el sistema de protección de la niñez institucionaliza a quienes no debe y reintegra a sus familias a quienes están en riesgo.

Para Óscar Rodríguez, defensor de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), existe una crisis desde hace más de dos años y después de la tragedia las condiciones persisten y son un detonante para que ocurra algo similar.

Según Rodríguez, De 600 niños que se encontraban en hogares de la SBS en febrero del 3019, solo 311 han sido reintegrados a sus familias, 11 han fallecido después de ser reintegrados, 47 tienen activa una alerta Alba-Keneth y 10 están en conflicto con la Ley Penal.

El problema de la institucionalización va más allá, debido a que por cada cuatro meses de institucionalización, el niño pierde un mes de desarrollo, por lo que el Estado debe implementar una política de protección integral para los niños y adolescentes y evitar que un gran número estén en casas de abrigo temporal.


El defensor de la niñez agrega que según cifras de la Corte Suprema de Justicia, en el 2018 se comenzaron 21 mil 633 procesos de protección especial, “un indicador alarmante en cuanto a la normalización del maltrato contra la niñez y la adolescencia”.

“La situación de la niñez empeora cada vez más y necesario tomar acciones a nivel de Estado. No existe un sistema real de protección a la niñez y adolescencia”, reflexiona Rodríguez.

Prensa Libre consultó vía mensaje de texto al subsecretario de Protección y Abrigo de la SBS, Marwin Bautista, sobre los cambios que se han hecho para evitar una tragedia similar a la ocurrida el 8 de marzo del 2017. El funcionario dijo que se encontraba en una reunión y al cierre de la nota no había ofrecido una respuesta.

Frenar la institucionalización

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado en donde pide a las actuales autoridades, así como a los candidatos presidenciales, al Congreso y alcaldías a implementar “medidas concretas para que la tragedia del Hogar Seguro no vuelva a ocurrir nunca más”.

En la declaración, Carlos Carrera, representante de Unicef en Guatemala afirmó que “los candidatos a la Presidencia, el Congreso y las Alcaldías tienen el deber y la gran oportunidad de presentarle al país soluciones concretas para desarrollar un sistema eficaz de protección de la infancia”.

Una de esas soluciones, estima Unicef, es terminar con la práctica de institucionalización de los niños y adolescentes, el camino que se toma de forma regular para quienes son víctimas de violencia y abusos.

La propuesta es que el Estado presente servicios y programas que fortalezcan a la familia para que no se requiera separar al niño de su familia y comunidad.

Unicef recuerda que el Comité de los Derechos del Niño recomendó recientemente a Guatemala “que acelere la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –que está en el Congreso bajo la iniciativa de Ley 5285- y que fortalezca el sistema de protección de la infancia, incluso mediante la introducción de medidas especiales de protección infantil y sistemas de protección social para hacer efectivos los derechos del niño”.

La tragedia

Lo que ocurrió ese 8 de marzo, según la investigación del Ministerio Público (MP), es que las niñas fueron “castigadas” por intentar escapar una noche antes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, señalado por las propias internas de ser un lugar en donde se permitían vejámenes en contra de las jovencitas.

Las internas, llevadas a ese hogar debido a que necesitaban protección y abrigo, fueron encerradas en una habitación de 7 x 6.8 metros, es decir con capacidad para 11 personas, pero eran 54.

Relatos de algunas sobrevivientes señalan que una de ellas, en su desesperación por salir de ese lugar, prendió fuego a uno de los colchones que se les habían asignado para dormir. Las llamas se expandieron rápidamente y las autoridades del lugar, según las investigaciones, no actuaron de forma rápida para rescatar a las víctimas.

El MP señala que la angustia duró 25 minutos y que durante nueve de ellos la temperatura fue superior a los 300 grados centígrados y el oxígeno necesario para respirar era menor al 21 por ciento.

El día del suceso, 19 niñas y adolescentes fallecieron, después otras 22 murieron debido a la gravedad de sus quemaduras.

Este jueves, el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera se refirieron de forma breve a la tragedia. “Quiero aprovechar este momento para honrar la memoria de las niñas y menores de edad fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción hace un año”, dijo Morales, pese a que el incendio ocurrió hace dos años. “Por nuestra parte hemos apoyado en el proceso de dignificación y reparación afectadas en ea lamentable tragedia y solo sí marcó la vida de nuestro país”, continuó.

Por su parte, Cabrera señaló que el Ejecutivo “hemos hecho toda una cantidad de acciones para proteger estos jóvenes que están en estos albergues y se ha hecho una serie de actividades no solo desde el punto de vista de infraestructura sino que también desde el punto de vista conductual”.

Cabrera aseguró que se trata de “jóvenes que están con estos problemas, que ustedes saben lo difícil que ha sido, porque ellos ya son jóvenes que pertenecen a muchas maras y que es difícil reencontrarlos con la realidad de una sociedad que está sufriendo tanto por este problema”, pese a que en la SBS se da resguardo a víctimas de violencia.

¿El Estado les falló?

A dos años de la tragedia, ocho personas enfrentan juicio penal, aunque son juzgados en dos fases. Se trata de autoridades de la SBS, de la Policía Nacional Civil (PNC), representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la PDH.

La tragedia motivó a la SBS a incrementar la cantidad de casas hogares de resguardo de tres a 21, debido a que la población que deben atender subió en 130 por ciento durante el último año – de 130 jóvenes y adolescentes a 715-.

El grupo atendido por la entidad estatal incluye a menores que han sido abandonados o que han sufrido violencia sexual, maltrato o violencia en sus hogares, pero también a quienes consumen algún tipo de droga y han sido enviados a las casas hogares por orden de un juez.

Pese a que se ampliaron los hogares, las condiciones en las que viven y en ocasiones la búsqueda de privilegios, ha causado que en algunos de estos hogares se registren incidentes violentos.

Uno de ellos fue el ocurrido en una casa de abrigo ubicada en la zona 3 capitalina, donde los internos provocaron un incendio. La situación recordó lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción, aunque en esta ocasión no hubo muertos ni heridos.

Son juzgados

En uno de los juicios, el MP sindica a Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia; Anahí Keller Zavala, exsubsecretaria de Protección y Abrigo y a Santos Torres Ramírez, exdirector del hogar Virgen de la Asunción.

En el otro debate se señala a Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC; Luis Armando Pérez Borja -subcomisario- y quien era jefe de Operaciones de la comisaría 13; Brenda Jullisa Chaman Pacay, supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez de la PGN y Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de Niñez de la PDH.

La jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, espera ser imputada por el MP debido a que no efectuó una exhibición personal a favor de las niñas.

Las pesquisas del MP señalan que las autoridades de la SBS se retiraron del lugar de la tragedia sin que la situación de las niñas hubiese sido resuelta y dejaron a los agentes de la PNC a cargo, pese a que su labor no era el cuidado de las niñas.

Marroquín Carrillo es sindicada de tener bajo su resguardo la llave para abrir el candado bajo el que estaban encerradas las niñas, pero que se negó a abrir el aula pese al incendio.

RELACIONADAS