Claves Del Día
Fecha de publicación: 2019-01-11

Guatemala: Aeronáutica Civil expulsó a oficina fiscal de La Aurora

La DGAC finalizó ayer un convenio de cooperación con el Ministerio Público para alojar una oficina fiscal en la terminal aérea enfocada en el combate del narcotráfico en la terminal aérea, luego de los incidentes del fin de semana en un intento de Migración de expulsar a un investigador de la CICIG.

Por Prensa Libre

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio por terminado un convenio de cooperación con el Ministerio Público (MP), y expulsó del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), a la agencia fiscal que se inauguró junto con la Embajada de EE. UU. para el combate del narcotráfico, principalmente.

La decisión de dar por concluido el convenio se da luego de la diligencia que ordenó la fiscal general para permitir el ingreso de un investigador de la Cicig el domingo pasado. Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, señaló que de ahora en adelante los fiscales del MP tendrán que hacer de forma obligatoria los procesos para ingresar a la terminal aérea.

“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, se justificó Argueta.

Julia Barrera, vocera del MP, indicó que la institución se enteró de la decisión por los medios de comunicación y que por el momento no se tiene información oficial.

“Vamos a realizar un análisis de lo establecido en el convenio el cual establece los términos de finalización”, señaló la portavoz.

El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP firmaron un convenio con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora tuviera un espacio físico en el lugar.

En la ceremonia de inauguración también estuvo presente el agregado de negocios de la Embajada de EE. UU. quien apoyó la iniciativa desde su creación.

La agencia está adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y su función primordial es conocer todos aquellos casos cometidos por organizaciones criminales, narcotráfico, crimen organizado o particulares que atentan contra el patrimonio cultural, medio ambiente y todas aquellas conductas penalmente prohibidas.

El convenio fue signado por la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, y el director de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge.

“La delincuencia organizada transnacional tiene la capacidad de atravesar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas por lo que los países a nivel interno, debemos tomar las medidas para que el manto de la impunidad no prevalezca”, aseveró Aldana.

Mientras que Velásquez Monge destacó que: “las actividades criminales que están envueltas en la aviación pueden incluir desde pilotos, aeronaves y grandes organizaciones criminales”.

La fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, lamentó en un comunicado la decisión “apresurada y unilateral” tomada por Aeronáutica Civil y aseguró que interpondrá acciones legales “con el fin de evitar el menoscabo y obstaculización de la justicia”.

“Dicha decisión supone un retroceso de los esfuerzos interinstitucionales emprendidos para la persecución penal estratégica de delitos relacionados con tráfico de personas, trata de personas, lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, defraudación y contrabando aduanero, entre otros ilícitos propios de la delincuencia organizada y transanacional”, dijo la fiscal.

En la misiva, Porras enfatizó que el objetivo primordial del convenio es desarrollar una línea de actuación interinstitucional conjunta y coordinada contra la delincuencia organizada, por lo que la decisión de Aeronáutica evidencia “un retroceso en los avances logrados en la aplicación efectiva de la ley y la justicia”.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) informó que planteará un recurso de exhibición personal en favor de esa agencia especial del MP en el aeropuerto.

Espcíficamente, la acción legal se planteará en favor de los fiscales Mike Elton Ordóñez Puac, Marco Alexis Flores Solís y Esther Marisol Barrios.

Este recurso se interpondrá por el eventual riesgo que puedan correr los fiscales.

RELACIONADAS