Encadenados por los tobillos y las muñecas -y sin cordones en sus zapatos- una larga fila de hombres y mujeres espera en la pista mientras agentes los revisan y se aseguran que no tienen nada escondido en sus bocas.
Luego, uno por uno, suben por una escalera a uno de los aviones alquilados parecidos a los de cualquier aerolínea comercial. Se trata de un vuelo para deportados manejado por ICE Air. A sus ocupantes al parecer les retiran las cadenas y les devuelven los cordones al aterrizar en El Salvador.
Una oscura división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera cientos de vuelos anuales que transportan inmigrantes deportados. Estos vuelos son un gran negocio: el gobierno ha gastado aproximadamente US$1.000 millones en ellos en la última década y el gobierno del presidente Donald Trump se propone aumentar un 30% el presupuesto para esos vuelos.
Los aviones llevan inmigrantes detenidos de una ciudad del país a otra y, cuando hay orden de deportación, a su país de origen. Unas 100.000 personas son devueltas a sus países en esos vuelos todos los años.
Si bien los mexicanos generalmente son transportados por aire a ciudades del sur de Estados Unidos y de allí llevados por tierra a la frontera, los centroamericanos son trasladados a sus países en aviones.
Según registros de la actividad aérea, los vuelos con deportados que son enviados a Guatemala y Honduras aumentaron marcadamente este año. Y ICE pidió un aumento del 30% en su presupuesto para estos vuelos comparado con el del año pasado.
El organismo calcula que el año pasado gastó unos US$7.785 por hora en los vuelos.
ICE empezó a alquilar aviones privados hace una década después de usar por mucho tiempo aviones del gobierno. La dependencia dice que el uso de aviones privados le permite ahorrar unos US$25 millones por año y le da mayor flexibilidad. El uso de aviones alquilados, por otro lado, evita que se envíen grandes cantidades de deportados en vuelos comerciales, que requieren la compra de pasajes para los agentes que acompañan a los deportados, o retenerlos en el país por más tiempo que el necesario y ocupando espacio en los centros de detención.
"No quiero prolongar la detención de nadie", dijo Pat Contreras, director de la unidad de transporte de deportados del ICE en Houston. "Si un juez dice que tienes que ser enviado a tu país, debemos apresurarnos a cumplir esa orden para que la persona no pase detenida más tiempo del necesario".
Activistas que defienden los derechos de los migrantes, sin embargo, dicen que los vuelos alquilados son un ejemplo de cómo las políticas duras hacia la inmigración indocumentada -desde la detención hasta el monitoreo de la deportación- enriquecen a compañías privadas.
