Por estrategiaynegocios.net
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) condenó los actos vandálicos que se acrecentaron durante el segundo día de huelga que impulsan los sindicatos del país en contra del plan de reforma fiscal que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado.
De acuerdo con la UCCAEP dichas acciones deben acarrear severas sanciones contra los responsables, así como una responsabilidad compartida con los líderes sindicales quienes encabezan el movimiento.
Durante la tarde y noche del martes, sindicalistas asediaron la entrada al muelle de Puerto Moín, Limón, un punto calificado como neurálgico para la actividad productiva del país.
Un grupo trató de tomar por la fuerzas las instalaciones de Recope. En un comunicado, la UCCAEP tildó de inescrupulosos a los sindicalistas a quienes acusa de atentar contra la integridad física de las autoridades de socorro, trabajadores y transportistas de carga.
"No podemos permitir que este tipo de hechos delictivos continúen, pues se está atentando contra la propiedad estatal y la privada, como ocurrió con el acto de vandalismo denunciado por Recope en el plantel de Moín, y también con la quema de un cabezal. Los responsables deben ser despedidos sin responsabilidad patronal, con o sin declaratoria de huelga ilegal, según el artículo 369 del Código de Trabajo", afirmó el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado.
El sector empresarial apoya las acciones que realizan desde el Poder Ejecutivo y los insta a seguir actuando con rápidez, firmeza y mucha determinación frente a hechos como: la quema de camiones, el lanzamiento de piedras, agresiones verbales y hasta física contra los costarricenses.
Desde este lunes, 27 instituciones solicitaron en un juzgado de trabajo la declaratoria de ilegalidad de la huelga, distribuidas en 19 instituciones descentralizadas, siete ministerios y la Asamblea Legislativa.
De ese total, los jueces ya notificaron a los sindicatos de 12 instituciones que la declaratoria de huelga está en estudio, dijo Steven Nuñez, ministro de Trabajo.
Se trata, entre otros, de los gremios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Correos de Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Radiografica Costarricense (Racsa), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto de Desarrollo Agrario (Inder), Junta de Protección Social (JPS) y el Banco Central.
"La seguridad de los costarricenses está en riesgo y no podemos permitirlo, muchas personas que también están atrapadas por esas barricadas, arriesgan lo que con mucho esfuerzo se han ganado, como por ejemplo, camiones que hoy están dañados producto de actos vandálicos", recalcó Delgado.
Tras los hechos vandálicos ocurridos en Limón la Fuerza Pública aumentó el número de personal en esa zona.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) condenó los actos vandálicos que se acrecentaron durante el segundo día de huelga que impulsan los sindicatos del país en contra del plan de reforma fiscal que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado.
De acuerdo con la UCCAEP dichas acciones deben acarrear severas sanciones contra los responsables, así como una responsabilidad compartida con los líderes sindicales quienes encabezan el movimiento.
Durante la tarde y noche del martes, sindicalistas asediaron la entrada al muelle de Puerto Moín, Limón, un punto calificado como neurálgico para la actividad productiva del país.
Un grupo trató de tomar por la fuerzas las instalaciones de Recope. En un comunicado, la UCCAEP tildó de inescrupulosos a los sindicalistas a quienes acusa de atentar contra la integridad física de las autoridades de socorro, trabajadores y transportistas de carga.
"No podemos permitir que este tipo de hechos delictivos continúen, pues se está atentando contra la propiedad estatal y la privada, como ocurrió con el acto de vandalismo denunciado por Recope en el plantel de Moín, y también con la quema de un cabezal. Los responsables deben ser despedidos sin responsabilidad patronal, con o sin declaratoria de huelga ilegal, según el artículo 369 del Código de Trabajo", afirmó el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado.
El sector empresarial apoya las acciones que realizan desde el Poder Ejecutivo y los insta a seguir actuando con rápidez, firmeza y mucha determinación frente a hechos como: la quema de camiones, el lanzamiento de piedras, agresiones verbales y hasta física contra los costarricenses.
Desde este lunes, 27 instituciones solicitaron en un juzgado de trabajo la declaratoria de ilegalidad de la huelga, distribuidas en 19 instituciones descentralizadas, siete ministerios y la Asamblea Legislativa.
De ese total, los jueces ya notificaron a los sindicatos de 12 instituciones que la declaratoria de huelga está en estudio, dijo Steven Nuñez, ministro de Trabajo.
Se trata, entre otros, de los gremios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Correos de Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Radiografica Costarricense (Racsa), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto de Desarrollo Agrario (Inder), Junta de Protección Social (JPS) y el Banco Central.
"La seguridad de los costarricenses está en riesgo y no podemos permitirlo, muchas personas que también están atrapadas por esas barricadas, arriesgan lo que con mucho esfuerzo se han ganado, como por ejemplo, camiones que hoy están dañados producto de actos vandálicos", recalcó Delgado.
Tras los hechos vandálicos ocurridos en Limón la Fuerza Pública aumentó el número de personal en esa zona.
"Hay individuos que se están aprovechando de la huelga para cometer delitos y una prueba de esto es que de los 16 detenidos, siete tienen antecedentes judiciales por tenencia de droga o expediente criminal, aseguró Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública.
En total, se reportaron 100 reportes de bloqueos y cierres en toda la provincia de Limón.
