La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), que agrupa a 14 cámaras del sector privado, denunció a E&N que un total de 5.705 manzanas de tierras (alrededor de 4.000 hectáreas), se mantienen ocupadas ilegalmente por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, haciendo uso de la fuerza e intimidación.
En su más reciente informe, que comprende hasta el 31 de julio, Upanic informó que las invasiones de tierras se han registrado en 7 de los 15 departamentos del país, siendo los más afectados los del Pacífico nicaragüense, donde están precisamente las tierras más fértiles y productivas: Chinandega (52%), Managua (24%) y Rivas (9%).
El 52% de las 5.705 manzanas ocupadas ilegalmente son de uso agrícola, entre éstas 1.276 manzanas dedicadas a caña de azúcar, 769 manzanas a maní, 700 manzanas a café, 40 manzanas al cultivo de plátano, 40 manzanas a aguacate y 67 manzanas a sorgo, entre otras.
Mientras, el 36% de las tierras invadidas y ocupadas ilegalmente por pobladores afines al gobierno -conocidos popularmente como "toma tierras"- son de uso pecuario (2.036 manzanas dedicadas a ganadería). El resto están orientadas a uso forestal (303 manzanas) y para proyectos habitacionales (4%), entre otros.
"Una particularidad es que las tierras ocupadas son buenas, altamente productivas, muy bien ubicadas. Estamos tratando de indagar con los afectados el perjuicio en sus propiedades, qué daños visualizan, qué monto determinan. Pero sí hay un daño bastante fuerte porque los productores tenían las bodegas con insumos para todo el ciclo agrícola y todas esas bodegas han sido saqueadas", aseguró a E&N el ingeniero Juan Munguía, director técnico de Upanic.
El dirigente gremial indicó que desde que iniciaron las invasiones ilegales de propiedades, en junio del presente año, a raíz de la crisis política que vive Nicaragua, Upanic ha recibido un total de 37 denuncias de agremiados, por lo que se han visto en la necesidad de conformar un equipo especial que recibe y da seguimiento a las mismas.
"Ha sido un mosaico bien amplio de afectados, hay directivos de Upanic, agremiados, pero también hay pobladores, empresas, pequeños proyectos, ciudadanos norteamericanos, canadienses, mexicanos. Fue como una explosión, afectando a un segmento muy variado de la población de Nicaragua", aseguró Munguía.
Uno de los afectados es Michael Healy, presidente de Upanic y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la interlocutora del gobierno en la mesa del Diálogo Nacional, que se encuentra interrumpido por falta de voluntad de la representación oficial desde el pasado junio. A Healy, un fuerte crítico de Ortega, le han ocupado la finca "La Zopilota", mientras a su mamá, Esperanza Lacayo de Healy, de nacionalidad estadounidense, le han ocupado dos propiedades: "Santa Lucía" y "La Chatilla". Todas dedicadas al cultivo de caña de azúcar y de plátano.
"Son unas 300 manzanas donde hay cultivos de plátano y de caña de azúcar. Toda la producción de plátanos está perdida, fuerte daño en la infraestructura, bodegas, tractores, maquinaria, trapiche, todo ha sido un daño bastante considerable", afirmó Munguía.
E&N trató de comunicarse con Healy para determinar y precisar los daños, sin embargo en Upanic nos indicaron que no está brindando entrevistas por razones de seguridad.
Otros afectados son el Grupo Coen, uno de los grupos más poderosos en Nicaragua ya que se dedican a una diversidad de rubros, desde el sector agropecuario hasta inmobiliario y financiero. A ellos les han ocupado ilegalmente las propiedades "Apatespe", "Divino Niño", "Las Palomas", entre otras.
En un caso que Munguía no quiso identificar, les reportaron una finca de aguacate de 40 manzanas con toda la producción ya lista, calculándose daños por unos US$20.000 solo en la pérdida de la cosecha, ya que además hay daños a la infraestructura, motores de riego, bodegas, maquinaria, tractores, etcétera.
"Nosotros estamos optimistas que las propiedades puedan ser recuperadas. Hasta la fecha, hay cuatro propiedades que han sido recuperadas, los propietarios dialogaron, se pusieron de acuerdo con los ocupantes, y las desalojaron. Suman alrededor de 1.700 manzanas", apuntó Munguía.
El fantasma de "La piñata"
Entre febrero y abril de 1990, a raíz de la derrota electoral de Daniel Ortega, candidato por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se produjo la legalización y el traspaso apurado de unas 28.000 propiedades expropiadas y confiscadas a nacionales y extranjeros durante la revolución sandinista en los años 80.
A ese proceso se le bautizó como "La piñata", ya que la mayoría de propiedades urbanas y rurales quedaron en manos de dirigentes de todos los niveles del FSLN.
En el año 2013, durante un almuerzo promovido por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), el Procurador General de la República, Hernán Estrada, un funcionario incondicional de Ortega, aseguró que el estado de Nicaragua a esa fecha había pagado alrededor de US$1.300 millones en concepto de indemnización a los propietarios confiscados.
"Este tema de las ocupaciones de propiedades privadas, que las mantienen ocupadas bajo la fuerza y sin que las autoridades atiendan las acciones de los legítimos propietarios de las mismas, es y será muy complicado para el país. Situación similar en el pasado le costó a Nicaragua miles de millones de dólares, tanto en indemnizaciones a los legítimos propietarios como en el ordenamiento de la propiedad", apuntó Carlos Téllez, Socio Director del bufete García & Bodán.
"Si el Estado y Gobierno de Nicaragua no toma acciones en contra de estas actividades de personas que sin derecho ocupan las propiedades, seguramente tendrá consecuencias que se manifestaran de diferentes, maneras: estancamiento del mercado de bienes raíces, caída de los precios, inseguridad jurídica e inseguridad de las personas que cuidan las propiedades y de los propietarios, y peor aún, un riesgo muy alto del país de la caída de las inversiones en todas sus manifestaciones, pues el derecho humano al respeto de su propiedad privada es elemental, base del desarrollo y de la iniciativa privada", agregó Téllez.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Inversión Extranjera Directa en Nicaragua se vino elevando en la última década, gracias a los atractivos incentivos fiscales, al bajo precio de la mano de obra, a los altos niveles de seguridad pública y el modelo de diálogo y consenso que existía entre gobierno y sector privado. Sin embargo todos esos factores se desquebrajaron a raíz de la crisis política que vive el país desde el pasado 18 de abril.
En el periodo 2005-2009, según cifras oficiales de CEPAL, Nicaragua registró un promedio de US$394 millones anuales, cifra que aumentó en años siguientes, hasta llegar a registrar US$950 millones en 2015.
No obstante, el tema de la inseguridad jurídica y la imparcialidad del poder Judicial nicaragüense, son dos factores negativos en la institucionalidad. Al respecto, el índice de la Libertad Económica 2018, elaborado por la Fundación Heritage, en el que se evaluó a 186 países, coloca a Nicaragua en la posición 100, con un índice del 58,9 puntos, correspondiente a países más o menos libres en términos económicos.
Entre los factores preocupantes en el caso de Nicaragua, se identifican el imperio de la ley, la libertad financiera y la libertad sindical. En el ámbito del Imperio de la Ley (Estado de Derecho), se asignan 29,8 puntos en Derechos de propiedad, 19,0 puntos en Efectividad Judicial y 24,2 puntos en Integridad gubernamental.
Téllez, Socio Director del bufete García & Bodán, valoró que la inseguridad jurídica ha sido un talón de Aquiles para Nicaragua. "Ha sido el mismo, el irrespeto a los derechos de propiedad establecidos en las leyes de la República. Ahora quizás podemos sumar el tema de la invasión de propiedades por civiles armados a la vista de las autoridades, sin que hagan nada o atiendan las gestiones que se hacen para restablecer en su derecho a los legítimos propietarios", apuntó.
Finalmente, confirmó que han tenido clientes de Canadá, Alemania, Guatemala, Panamá, Costa Rica, de Estados Unidos y connacionales, que han sido afectados en sus derechos de propiedad.
