En su defensa, el también exguerrillero Edén Pastora, allegado al mandatario, destacó a AFP que 'Daniel Ortega no salió comprometido en los Panamá Papers ni el escándalo de Odebrecht, y ha desarrollado a Nicaragua con crecimiento económico y las mejores carreteras de la región'.

Un caso emblemático de corrupción es del expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aliado de Ortega, quien fue sancionado en diciembre pasado por Estados Unidos que lo incluyó en una lista de la ley Magnitsky, que establece penas por violación de derechos humanos y corrupción.

La disposición estadounidense señala a Rivas de acumular 'una riqueza considerable', incluyendo aviones privados, vehículos de lujo y un yate, además de haber 'perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones'.

Pacto empresarial

Ortega y sus allegados se sostienen gracias a un entendimiento con la clase empresarial del país, según Juan Carlos Hidalgo, analista de América Latina del conservador Cato Institute, de Washington.

'El régimen de Ortega alcanzó un acuerdo con la comunidad empresarial del país, que consiste en que 'ustedes me permiten permanecer indefinidamente en el poder y saquear los fondos públicos, en tanto yo les garantizo a ustedes condiciones macroeconómicas estables'', comentó Hidalgo a AFP.

Una fuente de irregularidades proviene de la cuantiosa ayuda que Venezuela destinó a Nicaragua.

Entre 2008 y 2015 la cooperación venezolana alcanzó más de 4.000 millones de dólares, según el Banco Central, pero comenzó a caer por la crisis política en el país suramericano.

Ortega se ha negado a incorporarla al presupuesto y dejó su administración en manos de la empresa privada Albanisa, de capital nicaragüense-venezolano.

Una investigación de la revista digital Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, reveló que 'no es posible conocer o contabilizar la cantidad de empresas creadas bajo la figura de Albanisa', aunque incluye negocios de energía, acopio y exportación de alimentos, construcción e infraestructura vial.

También hay empresas de exportación de madera, bancos, telecomunicaciones, puertos y una fundación para proyectos de techo solidario y becas de estudio, según Confidencial.

El mandatario ha dicho que la ayuda se ha invertido en programas sociales como calles, casas populares, alimentación, subsidio al transporte, becas de estudio y mejoras al sistema de energía que pusieron fin a los apagones de hasta 12 horas diarias antes de su gobierno.

Según Ortega, la cooperación venezolana ayudó a reducir la pobreza de 29,6% a 24,9% entre 2014 y 2016, según cifras oficiales.

Para Torres, los programas sociales 'no han ayudado a cambiar la vida de los beneficiarios, y esas mismas personas que ya no reciben la vaca, la gallina o la lamina de cinc, ahora están molestas con el gobierno y salen a protestar porque la ayuda se acabó'.

'Podemos afirmar que la nueva oligarquía económica y financiera la encabeza Daniel Ortega y su mujer', la vicepresidenta Rosario Murillo, mano derecha de su gobierno.

Control de medios

Ortega y su familia han concentrado los medios de comunicación, sobre todo de televisión y radio, que solo difunden información sobre el gobierno y proyectan la idea de que no hay problemas, dijo a la AFP la directora de la revista radial Onda Local, Patricia Orozco.

'Esta forma de control de los medios se evidenció en la crisis que vive el país por las protestas, cuando le cortaron la señal a cuatro canales de televisión. Eso se llama violentar la libertad de expresión', comentó.

La primera dama Rosario Murillo fue nombrada Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía y en las elecciones de 2016, Ortega la designó para acompañarlo como su vicepresidenta en su tercer mandato, de 2017 al 2022.

El hijo de la pareja, Laureano Ortega, dirige la Agencia Pro-Nicaragua, gestora de la inversión extranjera y fue el que trajo al país al inversionista chino Wang Jing, dueño de la concesión para construir un canal interoceánico valorado en 50.000 millones de dólares.

El proyecto del canal -cuya financiación aún no se ha concretado- motivó un centenar de protestas de campesinos opuestos a esta obra porque alegan que amenaza sus propiedades.

Rafael, hijo mayor de Murillo de una relación previa, cumple funciones de protocolo y es el administrador de los negocios familiares relacionados con el petróleo y energía, según Torres. Otros vástagos son asesores o dirigen los medios de comunicación bajo el control de la familia.