El último Estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica detalla los factores que respaldan los importantes logros socioeconómicos de las últimas décadas, pero también destaca varios retos pendientes para velar por un crecimiento sostenible e inclusivo.
El estudio prevé un crecimiento de alrededor del 3,7% para el período 2019-20 y se propone una agenda para lograr una mayor transformación y una más amplia convergencia con los países de la OCDE.
El estudio, presentado en San José por el Secretario General de la OCDE, ángel Gurría, y el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, identifica las prioridades políticas de acción futura, lideradas por un llamamiento a asentar las finanzas públicas en una base más sólida.
El documento destaca que es fundamental mejorar el entorno empresarial y adoptar reformas que favorezcan el crecimiento para impulsar la productividad, crear puestos de trabajo, reducir el empleo informal y garantizar que los frutos del crecimiento quedan repartidos por todo el territorio.
'Costa Rica es un ejemplo de éxito en materia de desarrollo. Ha demostrado que los países pueden alcanzar altos niveles de bienestar y un sólido crecimiento que beneficie a los ciudadanos, sin dejar de proteger el medio ambiente. Desde que se inició su proceso de adhesión a la OCDE, en 2015, Costa Rica ha acelerado sus esfuerzos para aplicar las reformas políticas que contribuirán a la convergencia con las prácticas óptimas de la OCDE, y este proceso seguirá activo. Es preciso mantener el dinamismo actual y adoptar actuaciones contundentes para allanar el camino hacia un futuro mejor y más brillante', dijo Gurria.
El estudio afirma que el progreso económico sostenido dependerá de restaurar la sostenibilidad de la financiación pública, que sigue siendo una amenaza importante para la estabilidad económica, el crecimiento y el nivel de vida.
Con el aumento del déficit y la deuda, y la duplicación en los últimos nueve años de la relación entre la deuda pública y el PIB, el estudio recomienda a Costa Rica un amplio paquete de medidas fiscales con vistas a reducir el gasto y aumentar sus ingresos tributarios.
La legislación propuesta para fortalecer las finanzas públicas, recientemente tramitada por la vía rápida por la Asamblea Legislativa, debería aprobarse con rapidez.
Se prevé que la nueva normativa fiscal sea más eficaz en la contención del gasto público, pero, según datos del estudio presentado, es preciso ir más allá en ese control, e incluir una reducción sustancial de las asignaciones obligatorias en el proceso presupuestario.
A mediano plazo, indica la OCDE, deberán preverse actuaciones para enmarcar la relación entre la deuda y el PIB en niveles prudenciales y disponer de un mayor margen fiscal ante posibles imprevistos.
Los indicadores de pobreza, desigualdad de ingresos y diferencias de género en Costa Rica reflejan niveles bajos con respecto a América Latina, pero si se comparan con los niveles de la OCDE, son elevados. Ello se debe al empleo informal (con cifras elevadas y persistentes), a la baja participación en el mercado laboral y a los altos niveles de desempleo, en especial entre mujeres y jóvenes.
Según el estudio presentado, las reformas que reducen el empleo informal, que fomentan la presencia de la mujer en el mercado laboral, que mejoran los resultados educativos, que refuerzan la competencia, que reducen la carga normativa y que apuestan por las infraestructuras son ámbitos prioritarios para estimular la productividad y lograr que el crecimiento sea más inclusivo.
La OCDE, con sede en París, es una organización internacional que promueve políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Proporciona un foro en el que los gobiernos pueden colaborar compartiendo experiencias y buscando soluciones a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza a los que se enfrentan.
Los 35 miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
Tres países -Colombia, Costa Rica y Lituania- han sido formalmente invitados a ser miembros de la Organización y actualmente se hallan en proceso de adhesión.
