Días clave le esperan a Guatemala, luego de la convocatoria a un Paro Nacional, este miércoles 20 de septiembre, por parte de organizaciones sociales, estudiantiles y de la sociedad civil, además de empresarios independientes, la mayoría pequeños y medianos, que se suman a la voz de una ciudadanía que demanda la depuración del Estado y cambios que le permitan al país salir de una crisis política y económica marcada por la polarización.
Las demandas de las organizaciones que participarán este día en el paro y en las marchas, incluyen la renuncia de 107 diputados que aprobaron cuestionadas reformas que limitaban el castigo al financiamiento electoral ilícito, así como el retiro de la inmunidad al presidente Morales y su renuncia, y reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En la víspera de las manifestaciones pacíficas, tres ministros de Estado, Francisco Rivas, de Gobernación, Julio Héctor Estrada, de Finanzas, y Leticia Teleguario, de Trabajo, renunciaron al cargo por considerar que los espacios para desarrollar sus programas de trabajo se cierran rápidamente debido a la situación del país.
La renuncia de los ministros deja acéfalas tres carteras estratégicas. El ministro Rivas es un actor clave en la lucha contra la corrupción, considerado un cuadro cercano a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fue subsecretario general del Ministerio Público. Los segundos, eran funcionarios afines a la cúpula empresarial de Guatemala. Estrada, empresario, fue coordinador técnico de la iniciativa Mejoremos Guate con Fundesa, y fue director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).
Jimmy: Insiste contra la CICIG
Las renuncias se dieron el mismo día en que el Presidente de la República, Jimmy Morales hablara en Washington ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y se pronunciara en su discurso por revisar el mandato de la CICIG, cuyas investigaciones en conjunto con el Ministerio Público hoy tienen bajo proceso a su hijo y a su hermano.Fue el hecho de que Morales declarara non grato al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, el 27 de agosto anterior a las 6 de la mañana, lo que provocó el resurgimiento de las protestas masivas, pues tanto el MP como la CICIG habían pedido que se retirara al mandatario el derecho de antejuicio, para que aclarara por qué el partido que lo llevó al poder había recibido financiamiento electoral ilícito.
Pese a que la Corte de Constitucionalidad, declaró sin lugar la actuación del presidente y recomendó apegarse al Artículo 12 del acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, ayer, el mandatorio insistió en el tema ante la comunidad internacional. Establece dicho acuerdo que toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación de éste se resolverá "por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido". Morales tampoco respondió a la invitación de la Fiscal Thelma Aldana a tratar las diferencias, frente a frente.
El presidente guatemalteco sostuvo ante la Asamblea este martes que su gobierno propone perfeccionar el cometido de Cicig garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia, frenando la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política.
Hartos de la corrupción
Este 20S se prevé una jornada de protesta masiva, en las que una parte de la población indignada, harta de la corrupción, la impunidad, la mediocridad y la clase política saldrá a las calles a manifestar su descontento y a exigir la renuncia de diputados y del mismo presidente Morales. Es un movimiento que recuerda las masivas protestas del 2015, que desembocaron en la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, hoy preso.Al paro nacional y las protestas convocadas por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y organizaciones como Justicia Ya, se sumaron otras organizaciones campesinas, sociales y académicas.
Las universidades Mariano Gálvez y Rafael Landívar, se sumaron al paro "ante la aprobación de leyes contrarias al bienestar de la población y al Estado de Derecho", advirtió la Gálvez. Como "muestra de la urgente necesidad de mantener los avances en la lucha contra la corrupción, y con ello defender la dignidad de nuestro país", se pronunció la Landívar. Se han sumado también numerosos colegios privados.
Mañana (jueves) podría conocerse nuevamente en el Congreso la solicitud del Ministerio Público y la Cicig de retirarle el derecho de antejuicio al presidente Morales solicitada por el Ministerio Público y rechazada por 104 de los 158 diputados el pasado 11 de enero, un hecho que comenzó a incubar la indignación ciudadana.
Manfredo Marroquín, representante de Acción Ciudadana, estima que los diputados votarán a favor de tal medida, en un intento por quitarse de encima la presión social que pesa sobre el Organismo Legislativo. Mientras, la población se debate entre la protesta y el diálogo, esa presión caería nuevamente sobre Jimmy Morales.
Por una nueva agenda
Líderes y grupos sociales coinciden en que se debe luchar contra la corrupción, promover reformas y generar cambios, pero aun no se ponen de acuerdo en la forma de lograrlos. Las redes sociales están cundidas de críticas e insultos para unos y otros.Este 20 de septiembre, puede ser el día que represente la unión de muchos sectores, dice en entrevista el representante de Transparencia Internacional y Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín. "La gente tiene claro que no basta con que se vaya una camarilla de políticos corruptos, sino que haya reformas en la ley electoral para iniciar un juego distinto, en donde no sea el dinero el que defina quién entra al ruedo de la política y quién no tiene acceso".
Sectores diversos coinciden en la necesidad de que haya diálogo y alcanzar una agenda mínima de acuerdos para reformar el país. El problema, según Manfredo Marroquín es que "no hay interlocutores políticos válidos. Todos están cuestionados y todos carecen de legitimidad y poder de convocatoria".
En cambio, cree que es relevante la posición de personalidades que puedan servir de catalizadores, para influir en algún espacio en donde se logren acuerdos. Si bien no menciona nombre, piensa en la necesidad de identificar a más de una decena de personas representativas de todos los sectores, que tengan solvencia moral y ética para convocar a un diálogo.
Hasta que no haya reformas para que un nuevo liderazgo asuma la responsabilidad de dirigir el Estado con capacidad, la crisis no se detendrá, concluyó Manfredo. Mientras no haya diálogo continuarán las protestas.
