Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer que el Gobierno tome unos US$500 millones más del fondo de ahorro para pensiones.
Los fondos se sumarán a los más de US$5.700 millones el Ejecutivo ha tomado prestado del fondo a través de la emisión de los cuestionados Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El mecanismo surgió en 2006, durante la administración del Elías Antonio Saca (que gobernó al país bajo la bandera del partido ARENA) y se sustenta en la creación de un Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP).
La Ley del FOP permite al Estado financiarse -a muy bajo costo- con los ahorros del sistema privado que se instauró en 1998.
Hace 11 años el techo del porcentaje de fondos que se podía retirar con la emisión de los CIP era del 30%.
La reforma avalada por los partidos GANA, FMLN y un voto disidente de ARENA elevó el techo al 50%, desde el 45%.
En los últimos ocho años en lugar de corregirse el mecanismo, el Ejecutivo (controlado por el FMLN) ha maniobrado para seguir financiando los pagos de las pensiones del antiguo sistema.
Solo este año el Gobierno ha hechado mano de unos US$316 millones.
El FOP ha sido considero como un parcha desde su creación y una maniobra para eludir un debate técnico que lleve a una reforma sobre el modelo del sistema previsional.
La carga del sistema previsional ha generado problemas de caja al Ejecutivo al grado de que se han hecho maniobras para redirigir fondos del presupuesto, en especial de incumplir en el plazo de uno de los pagos en este año.
¿Qué pierden los cotizantes?
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) reiteró ayer que "la decisión de incrementar el límite de inversión obligatoria es perjudicial para el ahorro de los afiliados y los efectos de esta decisión se traducirán en pensiones más bajas para los trabajadores".
Asafondos, que representa a las dos administradoras de fondos de pensiones, destaca que desde la creación del FOP se han dejado de percibir más de US$2.000 millones en concepto de rentabilidad.
"Esto ya está teniendo un impacto de pensiones menores a las que se hubieran podido otorgar", puntualizó la entidad.
Asafondos explicó que "el incremento del límite de inversión obligatoria aprobado por la Asamblea Legislativa no habría sido necesario si se hubiera aprobado íntegramente la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones".
En su comunicado oficial Asafondos instó al Gobierno a que esta medida solo sea temporal y que la Asamblea Legislativa retome la propuesta de la ICP que a su juicio, es robusta, está sustentada técnica y actuarialmente y es de beneficio para los trabajadores.
